Boleto escolar gratuito en San Juan: Derecho garantizado o medida electoralista?

El reciente anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre la implementación del boleto escolar gratuito ha generado un abanico de reacciones entre la comunidad educativa y la ciudadanía en general. La medida, que busca aliviar el gasto de transporte de estudiantes y docentes, responde a una promesa de campaña, pero su instrumentación y sustentabilidad financiera plantean interrogantes que aún no han sido despejados.

Durante su discurso de Apertura de Sesiones en la Cámara de Diputados, Orrego oficializó la iniciativa que permitirá que tanto alumnos como docentes accedan al transporte sin costo. En la misma línea, la ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó que la medida entrará en vigencia a partir del 14 de abril y precisó que se aplicará tanto a instituciones públicas como privadas.

La propuesta se sustenta en la idea de garantizar el derecho a la educación sin que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para la asistencia a clases. En este sentido, representa un avance en términos de equidad, permitiendo que sectores vulnerables no vean afectado su acceso a la escolarización por motivos económicos.

Para hacer efectivo el beneficio, se estableció que los estudiantes y docentes deberán contar con una credencial que los habilite a viajar sin abonar pasaje. Sin embargo, la medida no excluye a quienes no dispongan de esta identificación, ya que en el caso de niños de nivel inicial y primario bastará con que lleven su característico guardapolvo para acceder al servicio gratuito.

Más allá de los principios loables que la sustentan, la implementación efectiva del boleto gratuito despierta ciertos interrogantes. Uno de los puntos clave radica en la logística de distribución de las credenciales y en la fiscalización del uso adecuado del beneficio. Asimismo, el impacto financiero en las arcas provinciales no ha sido suficientemente detallado, lo que abre el debate sobre la viabilidad a largo plazo de la medida.

Si bien el anuncio del boleto gratuito ha sido recibido con entusiasmo por amplios sectores, no han faltado voces críticas que interpretan la decisión como una jugada política. La vinculación con una promesa de campaña sugiere que su implementación podría responder más a un compromiso electoral que a una estrategia integral de movilidad estudiantil.

Es válido preguntarse si esta política de transporte será acompañada de otras medidas complementarias que refuercen la calidad educativa y mejoren la infraestructura escolar. Sin un abordaje más amplio que contemple el fortalecimiento del sistema educativo en su totalidad, el boleto gratuito podría quedar como una medida aislada con un impacto limitado en la realidad estructural de la educación.

La gratuidad del boleto escolar representa, sin duda, un alivio para muchas familias y un avance en términos de inclusión educativa. No obstante, la falta de claridad en su implementación y financiamiento genera incertidumbre sobre su efectividad y sostenibilidad. En este contexto, será fundamental que el gobierno provincial brinde mayores precisiones y garantice que la medida no se convierta en una herramienta de marketing político, sino en una verdadera política de Estado que favorezca el acceso a la educación de manera equitativa y duradera.