El INDEC modificará la fórmula para calcular la inflación conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El nuevo índice reconfigura el peso de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, mientras otorga mayor relevancia a servicios digitales y transporte. ¿Qué se gana y qué se pierde en esta redefinición de la realidad económica argentina?

La decisión de reformular la métrica con la que se mide la inflación en Argentina no es menor: implica, ni más ni menos, que redefinir el modo en que el Estado y la sociedad comprenden el impacto del alza de precios en el bolsillo cotidiano. Con una economía azotada por desequilibrios estructurales y una ciudadanía sensibilizada por la erosión constante de su poder adquisitivo, la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene listo un nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) merece ser leída con atención crítica y sin ingenuidad.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rediseño fue concluido en marzo de este año y se encuentra a la espera de avales institucionales para su implementación. La modificación tiene el sello del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha participado activamente en la revisión técnica junto al INDEC. El cambio estructural se apoya en un aggiornamiento de la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC, sustituyendo la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 por la versión 2017/2018.

Esta actualización, en teoría, persigue mayor representatividad. Se incorporan consumos contemporáneos —servicios digitales, conectividad, transporte urbano con SUBE— y se reordenan los ponderadores conforme a los patrones de gasto actuales. No obstante, el rediseño esconde un desplazamiento silencioso pero significativo: los rubros tradicionalmente sensibles, como alimentos, medicamentos e indumentaria, reducen su participación en la fórmula. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta ahora representaban más de un cuarto del índice, bajarán al 22,7%. Salud, por su parte, caerá a 6,4%, e indumentaria perderá peso acorde a su menor presencia en el consumo promedio de los hogares.

A contramano, servicios públicos y privados incrementan notablemente su ponderación. La vivienda y sus costos asociados trepan al 14,5%, y el transporte al 14,3%, mientras que el rubro comunicaciones —emblema de la vida digitalizada— duplica su influencia, pasando de 2,83% a 5,2%. Esta reconfiguración, si bien responde a una lógica técnica vinculada a los cambios en los hábitos de consumo, no es políticamente neutra.

El punto neurálgico reside en que un cambio metodológico de esta envergadura puede modificar el rostro estadístico de la inflación, disimulando parcialmente los aumentos en productos de primera necesidad. Así, en contextos de alta inflación concentrada en alimentos y remedios, el nuevo IPC podría resultar menos reflejo del sufrimiento popular y más herramienta para negociar con mayor margen con los acreedores externos y los organismos multilaterales.

Vale recordar que la fórmula Laspeyres —que se mantendrá— mide la evolución de precios sobre una canasta fija, sin tener en cuenta sustituciones que realizan los consumidores cuando los precios se disparan. Este sesgo estructural se verá ahora complementado por un reajuste en los pesos relativos de cada categoría, lo que en la práctica puede suavizar o amplificar determinados efectos según la coyuntura.

La reformulación del IPC no es una simple actualización técnica sino una operación con implicancias políticas, sociales y simbólicas de gran alcance. Si bien es saludable que el índice se adecue a las nuevas formas de consumo, no puede ignorarse que el recorte del peso de alimentos y salud podría relativizar el drama cotidiano de millones. La estadística, lejos de ser neutral, construye realidades y legitima decisiones. En una Argentina donde la credibilidad institucional es endeble y la desigualdad se profundiza, modificar los instrumentos de medición no debería ser una estrategia para maquillar la crisis, sino una oportunidad para reflejarla con más fidelidad. Porque lo que no se mide con justicia, no se puede corregir con equidad.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) solicitó la reapertura de las negociaciones colectivas en el ámbito estatal debido a la devaluación de la moneda y el aumento del costo de vida. El gremio había aceptado recientemente un incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo, pero ahora reclama una revisión urgente.

El gremio liderado por Andrés Rodríguez, pidió la reapertura de las paritarias en la Administración Pública luego de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Aunque el gremio había aceptado un incremento salarial del 1,3% para marzo, abril y mayo, junto con un bono remunerativo extraordinario de $45.000, ahora considera que este acuerdo es insuficiente debido al fuerte incremento del costo de vida y la devaluación de la moneda nacional.

El sindicato argumenta que es indispensable y urgente revisar y actualizar los salarios acordados para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Esta solicitud se produce en un contexto de creciente presión sobre los ingresos de los empleados públicos, que ven cómo su capacidad de compra se ve afectada por la inflación y las medidas económicas gubernamentales.

Durante el Congreso Nacional de Delegados en Mar del Plata, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica reclamaron una actualización salarial pendiente, al tiempo que advirtieron sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo justo. Martín Solazzo, secretario general de la seccional San Juan, detalló los principales ejes del encuentro y la difícil coyuntura del sector.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Martín Solazzo, secretario general de la UOM San Juan, brindó precisiones sobre lo debatido en el Congreso Nacional de Delegados llevado a cabo en Mar del Plata, donde participaron representantes de distintas seccionales del país. Uno de los puntos centrales fue la falta de cumplimiento de la cláusula de revisión salarial correspondiente al último acuerdo paritario, que comprendía el período de noviembre a marzo.

Solazzo explicó que el compromiso firmado establecía una revisión a fines de marzo para evaluar si los incrementos pactados acompañaban la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Eso no ocurrió”, remarcó. Por esta razón, desde la conducción nacional del gremio se planteó la necesidad urgente de aplicar un 5% adicional a la base de cálculo de marzo, como condición para iniciar negociaciones de cara al período abril 2025 – marzo 2026.

El Ministerio de Trabajo y la postura empresarial

Si bien el planteo sindical fue recibido sin resistencia por parte del sector empresarial, el aval definitivo depende de la respuesta de la Secretaría de Trabajo, que se comprometió a evaluar el pedido. La confirmación del índice de inflación de marzo —esperada para los últimos días del congreso— fue clave para respaldar el reclamo de recomposición.

El 29 de abril se celebrará una nueva audiencia entre la UOM y las cámaras empresariales, donde se espera que se formalice el reconocimiento de ese 5% extra. “Ese es el piso mínimo con el que estamos dispuestos a empezar la discusión futura”, advirtió Solazzo, asegurando que el reclamo no es ni desmedido ni fuera de contexto.

Plan de lucha en preparación

Durante el congreso, también se aprobó un plan de acción progresivo ante una posible falta de acuerdo. Según detalló el dirigente sanjuanino, se contempla el inicio de medidas de fuerza escalonadas: paros de 24, 48 y hasta 72 horas, en caso de que las negociaciones no prosperen.

En paralelo, ya comenzaron las asambleas informativas en fábricas y talleres para preparar a los trabajadores y mantenerlos al tanto del avance de las gestiones. “Estamos pidiendo algo completamente razonable. Solo exigimos que se cumpla lo que ya estaba pactado”, insistió.

El impacto de las importaciones y la pérdida de empleo

Más allá del conflicto salarial, Solazzo advirtió sobre un escenario aún más preocupante: la apertura irrestricta de importaciones, que está golpeando de lleno a la industria nacional. “Nos afecta profundamente, especialmente a un sector tan productivo como el nuestro. Ya se han perdido miles de puestos de trabajo, y muchos más están en peligro”, señaló.