Un fallo desplaza a las fuerzas de Bullrich del operativo en la marcha de jubilados

El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.