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En un escenario de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores, los sindicatos UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT. A pesar de la conciliación obligatoria a nivel provincial, las organizaciones docentes priorizan la defensa de la educación pública, los salarios dignos y el financiamiento para las escuelas técnicas.

La jornada del jueves 10 de abril se perfila como un hito de alto voltaje político y social, con el paro nacional encabezado por la CGT y acompañado por múltiples gremios del arco educativo. En San Juan, UDAP, UDA y AMET —las tres principales entidades representativas del sector docente— anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. La decisión se produce en el marco de un creciente malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento salarial, la precarización laboral y el vaciamiento presupuestario de la educación técnica.

La protesta se gestó en simultáneo con las disputas derivadas de la conciliación obligatoria vigente en la provincia, dictada por la Subsecretaría de Trabajo local desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de dos escenarios jurídicamente diferenciados: una conciliación de alcance provincial frente a una huelga de escala nacional. La estrategia gremial se ampara en la legalidad de la convocatoria general dispuesta por la CGT, lo que permitiría a los sindicatos adherirse sin incurrir en sanciones formales. La lectura que subyace es política: el conflicto supera los márgenes del ámbito local para situarse en un plano más amplio de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El trasfondo: salarios de indigencia y financiamiento en crisis

El núcleo del reclamo docente gira en torno a una agenda urgente y profundamente estructural: salarios que rozan la línea de la indigencia, jubilaciones empobrecidas, incumplimiento de paritarias y recortes en el envío de fondos para las escuelas técnicas. Desde la AMET, reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (N.º 26.058), que exige un financiamiento específico para estas instituciones. Su incumplimiento no solo compromete el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, sino que también debilita el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Por su parte, UDA alertó sobre la existencia de un piso salarial docente que, con cifras cercanas a los $500.000, se ubica peligrosamente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el gremio, resaltaron que la situación de los trabajadores de la educación y de los jubilados refleja un deterioro constante, que se agrava con la desactualización de las paritarias y la política de despidos en el sector público.

Desde UDAP, su secretaria general, Patricia Quiroga, enfatizó que la adhesión al paro está enmarcada dentro de la ley, en tanto se trata de una convocatoria nacional. En declaraciones a medios locales, remarcó que la medida responde a un cuadro de profunda injusticia social, donde los trabajadores son los principales perjudicados por un modelo económico excluyente.

Un paro que interpela a la sociedad

La dimensión del paro del 10 de abril trasciende lo meramente gremial. Se trata de una interpelación directa a la sociedad sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde la educación, lejos de ser una prioridad, aparece relegada a un rol marginal. La protesta convoca no sólo a los docentes, sino también a las familias, los estudiantes y la ciudadanía en general, quienes deberán preguntarse si el rumbo actual garantiza derechos o los desmantela.

Cabe recordar que, si bien la mayoría del personal docente sanjuanino se plegará a la huelga, algunos educadores podrían optar por dictar clases, lo que generará una situación dispar y confusa en las aulas. En ese contexto, muchas familias se ven obligadas a consultar con las instituciones educativas para confirmar si habrá actividad escolar el jueves.

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Trabajadores del Correo Argentino en estado de alerta por salarios insuficientes


La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECOYT) se declaró en estado de alerta en el Correo Argentino debido a la crítica situación salarial que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de la empresa. El gremio rechazó el incremento salarial del 2,7% impuesto unilateralmente por la empresa y confirmó la continuidad del plan de lucha en el sector.

La FOECOYT expresó su profunda preocupación por el nivel remunerativo actual de los empleados de la actividad, que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Esta realidad es considerada «inaceptable bajo todo punto de vista» por el sindicato. A pesar de esta situación, el Correo sigue funcionando gracias al esfuerzo y compromiso diario de sus trabajadores, incluso con dotaciones reducidas y proyectando un superávit desde mayo de 2024.

El gremio que conduce Alberto Cejas destacó la necesidad de unidad en la acción de los trabajadores del Correo ante la intransigencia de las autoridades de la empresa de brindar una mejora en los salarios. La FOECOYT llevó adelante un paro de 24 horas en el Correo Argentino que afectó la atención al público en todo el país y se plegó a la huelga convocado por la CGT en contra de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

El sindicato denunció que el año 2024 cerró con un 80% de devaluación del poder adquisitivo de los salarios respecto a la inflación. Esta situación generó una gran preocupación entre los trabajadores, que ven cómo su capacidad de compra se redujo drásticamente. El gremio adelantó que el estado de alerta se mantendrá hasta el miércoles 23 de abril, cuando el Congreso Nacional de la Organización se reunirá para evaluar la situación y adoptar medidas tendientes a lograr la mejora salarial.

La continuidad del plan de lucha en el sector dependerá de la respuesta de las autoridades de la empresa y del gobierno a sus reclamos. La FOECOYT busca una solución inmediata a la crítica situación salarial de los trabajadores del Correo Argentino y está dispuesta a tomar medidas más drásticas si no se logran acuerdos satisfactorios.

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Cavalieri alerta sobre la Inflación: Los precios están dolarizados y los salarios en pesos

El líder de Comercio, Armando Cavalieri, encendió las alarmas sobre la situación económica actual, destacando la preocupante tendencia de remarcaciones diarias en los precios de los productos de consumo masivo. Según el sindicalista, los delegados de la federación en los supermercados informan de aumentos constantes, lo que refleja una realidad económica cada vez más difícil para los consumidores.

En una entrevista con Clarín, Cavalieri expresó su profunda preocupación por la situación económica actual, enfatizando que los precios están dolarizados mientras que los salarios permanecen en pesos. Esta disparidad, según el líder sindical, genera una brecha insostenible que afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Cavalieri también criticó duramente el intervencionismo del Gobierno en las negociaciones paritarias, argumentando que esta intromisión limita la capacidad de negociación de los trabajadores y fija salarios que no reflejan la realidad económica.

Cavalieri destacó la necesidad de un diálogo constructivo entre el Gobierno y la CGT para abordar los desafíos económicos actuales. Sin embargo, lamentó la falta de voluntad del Gobierno nacional para entablar una conversación significativa con los sindicatos. En respuesta a esta situación, el líder de Comercio anunció planes para solicitar una reunión con el Presidente para discutir la crisis económica y las políticas laborales. Si esta solicitud no es atendida, la CGT podría organizar una movilización a Plaza de Mayo para demostrar su compromiso con la búsqueda de soluciones.

La situación económica descripta por Cavalieri refleja una realidad preocupante para la mayoría de los argentinos. La inflación y las remarcaciones diarias de precios están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores y generando incertidumbre sobre el futuro económico del país. La crítica de Armando Cavalieri al intervencionismo gubernamental en las negociaciones paritarias resalta la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas laborales actuales.

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Judiciales nacionales exigen aumento salarial para recuperar poder adquisitivo

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una nueva solicitud de aumento salarial ante la Corte Suprema, argumentando que la inflación del 3,7% en marzo agravó la situación de los trabajadores judiciales.

El sindicato exige un incremento del 10% para febrero, de los cuales el 2,4% corresponde a la inflación de dicho mes y el restante 7,6% sería para comenzar a recuperar lo perdido. Para marzo, el sindicato pidió un aumento del 5%, donde el 3,7% se ajusta a la inflación mensual y el 1,3% restante sería para recuperar poder adquisitivo.

El líder de la UEJN, Julio Piumato, destacó que la pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei alcanza el 34,24%, lo que refleja una realidad cada vez más difícil para los trabajadores del sector. El gremio enfatizó que «el momento de recuperar lo perdido es ahora» y que no pueden seguir perdiendo frente al aumento del costo de vida.

La solicitud de incremento salarial presentada por la UEJN refleja la creciente preocupación por la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales debido a la inflación. La pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei es significativa y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas actuales para proteger el salario de los trabajadores.

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