Los gremios universitarios se suman al paro general contra el ajuste del gobierno

Los gremios universitarios adhieren a la huelga convocada por la CGT. Exigen el fin del desfinanciamiento, rechazan el derrumbe salarial y proponen una nueva ley de financiamiento para las universidades. El conflicto académico se instala como emblema de resistencia social.

La comunidad universitaria se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al modelo de recorte fiscal y desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. Los seis sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmaron su participación al plan de lucha de 36 horas convocado por la CGT para los días 9 y 10 de abril.

Esta decisión no surge de forma aislada. Es parte de una estrategia de resistencia articulada que busca frenar lo que consideran un “desmantelamiento deliberado del sistema universitario”. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, lo expresó con claridad:

“Nuestra idea es darle continuidad al plan de lucha, consolidando un marco de unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa de movilización será la presentación de un proyecto alternativo de ley de financiamiento universitario, luego del veto presidencial al texto anterior. La iniciativa buscará asegurar partidas presupuestarias adecuadas, establecer criterios de actualización automática y blindar la autonomía universitaria frente al avance de políticas de mercado.

En paralelo, distintas voces —incluyendo rectores, gremios y centros de estudiantes— barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular, herramienta que colocaría a la sociedad en el centro del debate sobre el destino de la educación superior pública.

Los datos aportados por los gremios son contundentes. Según Jorge Anró, secretario general de FATUN:

“Desde diciembre de 2023 a hoy sufrimos una caída aproximada del 70 por ciento en el poder adquisitivo. Solo en los primeros dos meses de gestión hubo una pérdida del 45%”.

Los trabajadores no docentes, al igual que docentes e investigadores, enfrentan una pérdida de ingresos que no encuentra parangón en los últimos 40 años. A esto se suma la parálisis de programas científicos, el deterioro edilicio y la suspensión de becas, lo que deja al sistema universitario al borde del colapso funcional.

La universidad pública, tradicionalmente reconocida como emblema de inclusión y producción científica, ha sido blanco de múltiples ataques discursivos por parte del gobierno nacional. Bajo el argumento de la “eficiencia fiscal”, se han congelado partidas, omitido actualizaciones presupuestarias y reducido transferencias clave, lo que para muchos representa una estrategia deliberada de vaciamiento.

La decisión de los gremios universitarios de adherir al paro general es mucho más que una medida sindical: es un posicionamiento político y cultural ante un proyecto que busca reconfigurar el rol del Estado en la vida pública. Las universidades, como espacios de democratización del conocimiento y pensamiento crítico, se defienden hoy ante un intento de transformación estructural que las amenaza.