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Los gremios universitarios adhieren a la huelga convocada por la CGT. Exigen el fin del desfinanciamiento, rechazan el derrumbe salarial y proponen una nueva ley de financiamiento para las universidades. El conflicto académico se instala como emblema de resistencia social.

La comunidad universitaria se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al modelo de recorte fiscal y desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. Los seis sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmaron su participación al plan de lucha de 36 horas convocado por la CGT para los días 9 y 10 de abril.

Esta decisión no surge de forma aislada. Es parte de una estrategia de resistencia articulada que busca frenar lo que consideran un “desmantelamiento deliberado del sistema universitario”. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, lo expresó con claridad:

“Nuestra idea es darle continuidad al plan de lucha, consolidando un marco de unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa de movilización será la presentación de un proyecto alternativo de ley de financiamiento universitario, luego del veto presidencial al texto anterior. La iniciativa buscará asegurar partidas presupuestarias adecuadas, establecer criterios de actualización automática y blindar la autonomía universitaria frente al avance de políticas de mercado.

En paralelo, distintas voces —incluyendo rectores, gremios y centros de estudiantes— barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular, herramienta que colocaría a la sociedad en el centro del debate sobre el destino de la educación superior pública.

Los datos aportados por los gremios son contundentes. Según Jorge Anró, secretario general de FATUN:

“Desde diciembre de 2023 a hoy sufrimos una caída aproximada del 70 por ciento en el poder adquisitivo. Solo en los primeros dos meses de gestión hubo una pérdida del 45%”.

Los trabajadores no docentes, al igual que docentes e investigadores, enfrentan una pérdida de ingresos que no encuentra parangón en los últimos 40 años. A esto se suma la parálisis de programas científicos, el deterioro edilicio y la suspensión de becas, lo que deja al sistema universitario al borde del colapso funcional.

La universidad pública, tradicionalmente reconocida como emblema de inclusión y producción científica, ha sido blanco de múltiples ataques discursivos por parte del gobierno nacional. Bajo el argumento de la “eficiencia fiscal”, se han congelado partidas, omitido actualizaciones presupuestarias y reducido transferencias clave, lo que para muchos representa una estrategia deliberada de vaciamiento.

La decisión de los gremios universitarios de adherir al paro general es mucho más que una medida sindical: es un posicionamiento político y cultural ante un proyecto que busca reconfigurar el rol del Estado en la vida pública. Las universidades, como espacios de democratización del conocimiento y pensamiento crítico, se defienden hoy ante un intento de transformación estructural que las amenaza.

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La UOM San Juan: La lucha por un salario justo continúa

Durante el Congreso Nacional de Delegados en Mar del Plata, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica reclamaron una actualización salarial pendiente, al tiempo que advirtieron sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo justo. Martín Solazzo, secretario general de la seccional San Juan, detalló los principales ejes del encuentro y la difícil coyuntura del sector.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Martín Solazzo, secretario general de la UOM San Juan, brindó precisiones sobre lo debatido en el Congreso Nacional de Delegados llevado a cabo en Mar del Plata, donde participaron representantes de distintas seccionales del país. Uno de los puntos centrales fue la falta de cumplimiento de la cláusula de revisión salarial correspondiente al último acuerdo paritario, que comprendía el período de noviembre a marzo.

Solazzo explicó que el compromiso firmado establecía una revisión a fines de marzo para evaluar si los incrementos pactados acompañaban la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Eso no ocurrió”, remarcó. Por esta razón, desde la conducción nacional del gremio se planteó la necesidad urgente de aplicar un 5% adicional a la base de cálculo de marzo, como condición para iniciar negociaciones de cara al período abril 2025 – marzo 2026.

El Ministerio de Trabajo y la postura empresarial

Si bien el planteo sindical fue recibido sin resistencia por parte del sector empresarial, el aval definitivo depende de la respuesta de la Secretaría de Trabajo, que se comprometió a evaluar el pedido. La confirmación del índice de inflación de marzo —esperada para los últimos días del congreso— fue clave para respaldar el reclamo de recomposición.

El 29 de abril se celebrará una nueva audiencia entre la UOM y las cámaras empresariales, donde se espera que se formalice el reconocimiento de ese 5% extra. “Ese es el piso mínimo con el que estamos dispuestos a empezar la discusión futura”, advirtió Solazzo, asegurando que el reclamo no es ni desmedido ni fuera de contexto.

Plan de lucha en preparación

Durante el congreso, también se aprobó un plan de acción progresivo ante una posible falta de acuerdo. Según detalló el dirigente sanjuanino, se contempla el inicio de medidas de fuerza escalonadas: paros de 24, 48 y hasta 72 horas, en caso de que las negociaciones no prosperen.

En paralelo, ya comenzaron las asambleas informativas en fábricas y talleres para preparar a los trabajadores y mantenerlos al tanto del avance de las gestiones. “Estamos pidiendo algo completamente razonable. Solo exigimos que se cumpla lo que ya estaba pactado”, insistió.

El impacto de las importaciones y la pérdida de empleo

Más allá del conflicto salarial, Solazzo advirtió sobre un escenario aún más preocupante: la apertura irrestricta de importaciones, que está golpeando de lleno a la industria nacional. “Nos afecta profundamente, especialmente a un sector tan productivo como el nuestro. Ya se han perdido miles de puestos de trabajo, y muchos más están en peligro”, señaló.

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Crisis salarial en las universidades: La CONADU Histórica lanza un paro nacional de 48 Horas

En un contexto de profunda crisis salarial y desfinanciamiento de la educación superior, la CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario de 48 horas para el 23 de abril. La medida de fuerza busca visibilizar la grave situación de los docentes universitarios y exigir respuestas concretas del Gobierno nacional.

La crisis salarial en las universidades nacionales argentinas ha alcanzado un punto crítico. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la inflación acumulada asciende a un 197%, mientras que los salarios docentes apenas fueron actualizados en un 68% a 86%, dependiendo del cargo. Esta disparidad ha generado un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de los docentes y no docentes universitarios, afectando directamente sus condiciones de vida.

La paritaria salarial universitaria permanece cerrada y sin avances concretos, lo que ha llevado a la CONADU Histórica a tomar medidas de fuerza. «Con sueldos por debajo de la línea de pobreza, se hace insostenible la continuidad de las funciones esenciales en nuestras universidades», señalaron desde el sindicato.

El desfinanciamiento de la educación superior no es un hecho aislado. Desde la CONADU Histórica también advierten sobre las consecuencias del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos implican reformas laborales y jubilatorias regresivas, además de una profundización del ajuste sobre el Estado.

El paro convocado por la CONADU Histórica promete tener fuerte repercusión en las casas de estudio de todo el país, con clases suspendidas, actos públicos y actividades de visibilización en defensa de la universidad pública. La medida de fuerza busca generar un amplio respaldo de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

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La CGT convocó a una jornada de protesta y unidad por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una masiva movilización para el próximo 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La marcha, que partirá desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo, busca expresar el descontento de los trabajadores frente a la política económica del gobierno de Javier Milei y exigir soluciones urgentes para la clase trabajadora.

La CGT ha sido clara en su postura: la situación económica del país es insostenible y requiere medidas inmediatas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La marcha del 30 de abril es un llamado a la unidad de los trabajadores y un recordatorio al gobierno de que no pueden ignorar las demandas de aquellos que han sido golpeados por la inflación y la devaluación del peso.

La movilización también coincide con las negociaciones de paritarias, donde los gremios han señalado que las ofertas salariales no logran seguir el ritmo del índice inflacionario. Los sindicalistas expresaron su frustración ante la falta de comunicación del gobierno y la ausencia de soluciones concretas para abordar la crisis económica.

La presencia de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, en la reunión con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo, agrega un componente político importante a la jornada de protesta. La CGT busca fortalecer su posición negociadora y demostrar que cuenta con el apoyo de sectores políticos clave.

La marcha del 30 de abril será un termómetro importante para medir el grado de apoyo popular a las demandas de la CGT y la capacidad de movilización de la central obrera. La expectativa es alta, y la sociedad argentina estará atenta a las conclusiones de esta jornada de protesta y a las respuestas del gobierno a las demandas de los trabajadores.

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