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En un escenario de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores, los sindicatos UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT. A pesar de la conciliación obligatoria a nivel provincial, las organizaciones docentes priorizan la defensa de la educación pública, los salarios dignos y el financiamiento para las escuelas técnicas.

La jornada del jueves 10 de abril se perfila como un hito de alto voltaje político y social, con el paro nacional encabezado por la CGT y acompañado por múltiples gremios del arco educativo. En San Juan, UDAP, UDA y AMET —las tres principales entidades representativas del sector docente— anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. La decisión se produce en el marco de un creciente malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento salarial, la precarización laboral y el vaciamiento presupuestario de la educación técnica.

La protesta se gestó en simultáneo con las disputas derivadas de la conciliación obligatoria vigente en la provincia, dictada por la Subsecretaría de Trabajo local desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de dos escenarios jurídicamente diferenciados: una conciliación de alcance provincial frente a una huelga de escala nacional. La estrategia gremial se ampara en la legalidad de la convocatoria general dispuesta por la CGT, lo que permitiría a los sindicatos adherirse sin incurrir en sanciones formales. La lectura que subyace es política: el conflicto supera los márgenes del ámbito local para situarse en un plano más amplio de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El trasfondo: salarios de indigencia y financiamiento en crisis

El núcleo del reclamo docente gira en torno a una agenda urgente y profundamente estructural: salarios que rozan la línea de la indigencia, jubilaciones empobrecidas, incumplimiento de paritarias y recortes en el envío de fondos para las escuelas técnicas. Desde la AMET, reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (N.º 26.058), que exige un financiamiento específico para estas instituciones. Su incumplimiento no solo compromete el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, sino que también debilita el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Por su parte, UDA alertó sobre la existencia de un piso salarial docente que, con cifras cercanas a los $500.000, se ubica peligrosamente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el gremio, resaltaron que la situación de los trabajadores de la educación y de los jubilados refleja un deterioro constante, que se agrava con la desactualización de las paritarias y la política de despidos en el sector público.

Desde UDAP, su secretaria general, Patricia Quiroga, enfatizó que la adhesión al paro está enmarcada dentro de la ley, en tanto se trata de una convocatoria nacional. En declaraciones a medios locales, remarcó que la medida responde a un cuadro de profunda injusticia social, donde los trabajadores son los principales perjudicados por un modelo económico excluyente.

Un paro que interpela a la sociedad

La dimensión del paro del 10 de abril trasciende lo meramente gremial. Se trata de una interpelación directa a la sociedad sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde la educación, lejos de ser una prioridad, aparece relegada a un rol marginal. La protesta convoca no sólo a los docentes, sino también a las familias, los estudiantes y la ciudadanía en general, quienes deberán preguntarse si el rumbo actual garantiza derechos o los desmantela.

Cabe recordar que, si bien la mayoría del personal docente sanjuanino se plegará a la huelga, algunos educadores podrían optar por dictar clases, lo que generará una situación dispar y confusa en las aulas. En ese contexto, muchas familias se ven obligadas a consultar con las instituciones educativas para confirmar si habrá actividad escolar el jueves.

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La UOM San Juan: La lucha por un salario justo continúa

Durante el Congreso Nacional de Delegados en Mar del Plata, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica reclamaron una actualización salarial pendiente, al tiempo que advirtieron sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo justo. Martín Solazzo, secretario general de la seccional San Juan, detalló los principales ejes del encuentro y la difícil coyuntura del sector.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Martín Solazzo, secretario general de la UOM San Juan, brindó precisiones sobre lo debatido en el Congreso Nacional de Delegados llevado a cabo en Mar del Plata, donde participaron representantes de distintas seccionales del país. Uno de los puntos centrales fue la falta de cumplimiento de la cláusula de revisión salarial correspondiente al último acuerdo paritario, que comprendía el período de noviembre a marzo.

Solazzo explicó que el compromiso firmado establecía una revisión a fines de marzo para evaluar si los incrementos pactados acompañaban la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Eso no ocurrió”, remarcó. Por esta razón, desde la conducción nacional del gremio se planteó la necesidad urgente de aplicar un 5% adicional a la base de cálculo de marzo, como condición para iniciar negociaciones de cara al período abril 2025 – marzo 2026.

El Ministerio de Trabajo y la postura empresarial

Si bien el planteo sindical fue recibido sin resistencia por parte del sector empresarial, el aval definitivo depende de la respuesta de la Secretaría de Trabajo, que se comprometió a evaluar el pedido. La confirmación del índice de inflación de marzo —esperada para los últimos días del congreso— fue clave para respaldar el reclamo de recomposición.

El 29 de abril se celebrará una nueva audiencia entre la UOM y las cámaras empresariales, donde se espera que se formalice el reconocimiento de ese 5% extra. “Ese es el piso mínimo con el que estamos dispuestos a empezar la discusión futura”, advirtió Solazzo, asegurando que el reclamo no es ni desmedido ni fuera de contexto.

Plan de lucha en preparación

Durante el congreso, también se aprobó un plan de acción progresivo ante una posible falta de acuerdo. Según detalló el dirigente sanjuanino, se contempla el inicio de medidas de fuerza escalonadas: paros de 24, 48 y hasta 72 horas, en caso de que las negociaciones no prosperen.

En paralelo, ya comenzaron las asambleas informativas en fábricas y talleres para preparar a los trabajadores y mantenerlos al tanto del avance de las gestiones. “Estamos pidiendo algo completamente razonable. Solo exigimos que se cumpla lo que ya estaba pactado”, insistió.

El impacto de las importaciones y la pérdida de empleo

Más allá del conflicto salarial, Solazzo advirtió sobre un escenario aún más preocupante: la apertura irrestricta de importaciones, que está golpeando de lleno a la industria nacional. “Nos afecta profundamente, especialmente a un sector tan productivo como el nuestro. Ya se han perdido miles de puestos de trabajo, y muchos más están en peligro”, señaló.

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Crisis salarial en las universidades: La CONADU Histórica lanza un paro nacional de 48 Horas

En un contexto de profunda crisis salarial y desfinanciamiento de la educación superior, la CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario de 48 horas para el 23 de abril. La medida de fuerza busca visibilizar la grave situación de los docentes universitarios y exigir respuestas concretas del Gobierno nacional.

La crisis salarial en las universidades nacionales argentinas ha alcanzado un punto crítico. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la inflación acumulada asciende a un 197%, mientras que los salarios docentes apenas fueron actualizados en un 68% a 86%, dependiendo del cargo. Esta disparidad ha generado un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de los docentes y no docentes universitarios, afectando directamente sus condiciones de vida.

La paritaria salarial universitaria permanece cerrada y sin avances concretos, lo que ha llevado a la CONADU Histórica a tomar medidas de fuerza. «Con sueldos por debajo de la línea de pobreza, se hace insostenible la continuidad de las funciones esenciales en nuestras universidades», señalaron desde el sindicato.

El desfinanciamiento de la educación superior no es un hecho aislado. Desde la CONADU Histórica también advierten sobre las consecuencias del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos implican reformas laborales y jubilatorias regresivas, además de una profundización del ajuste sobre el Estado.

El paro convocado por la CONADU Histórica promete tener fuerte repercusión en las casas de estudio de todo el país, con clases suspendidas, actos públicos y actividades de visibilización en defensa de la universidad pública. La medida de fuerza busca generar un amplio respaldo de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

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La CGT convocó a una jornada de protesta y unidad por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una masiva movilización para el próximo 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La marcha, que partirá desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo, busca expresar el descontento de los trabajadores frente a la política económica del gobierno de Javier Milei y exigir soluciones urgentes para la clase trabajadora.

La CGT ha sido clara en su postura: la situación económica del país es insostenible y requiere medidas inmediatas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La marcha del 30 de abril es un llamado a la unidad de los trabajadores y un recordatorio al gobierno de que no pueden ignorar las demandas de aquellos que han sido golpeados por la inflación y la devaluación del peso.

La movilización también coincide con las negociaciones de paritarias, donde los gremios han señalado que las ofertas salariales no logran seguir el ritmo del índice inflacionario. Los sindicalistas expresaron su frustración ante la falta de comunicación del gobierno y la ausencia de soluciones concretas para abordar la crisis económica.

La presencia de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, en la reunión con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo, agrega un componente político importante a la jornada de protesta. La CGT busca fortalecer su posición negociadora y demostrar que cuenta con el apoyo de sectores políticos clave.

La marcha del 30 de abril será un termómetro importante para medir el grado de apoyo popular a las demandas de la CGT y la capacidad de movilización de la central obrera. La expectativa es alta, y la sociedad argentina estará atenta a las conclusiones de esta jornada de protesta y a las respuestas del gobierno a las demandas de los trabajadores.

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