Luego de la finalización de la conciliación obligatoria, el Gobierno sanjuanino retoma el diálogo con los gremios docentes en un contexto económico volátil, atravesado por la presión inflacionaria y las señales de recorte provenientes de Nación. La negociación, lejos de una resolución inmediata, se adentra en un terreno de tensiones latentes.

La cita de este martes en el Centro Cívico entre los sindicatos docentes (UDA, UDAP y AMET) y los representantes del Ejecutivo provincial no será una más. A partir de las 16:30, las partes volverán a ocupar los asientos de una mesa paritaria que carga con el peso de una reciente historia conflictiva, una conciliación obligatoria fatigosa y la sombra persistente de una economía nacional imprevisible.

La postura del gobierno de San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y articulada en voz del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, apunta a resolver un nuevo acuerdo salarial que contemple un período de al menos dos meses. El objetivo no es menor: evitar el desgaste de reuniones paritarias mensuales que, en el marco de una inflación errática, tienden a deteriorar no sólo los ingresos docentes, sino también el vínculo entre el Estado empleador y sus trabajadores.

Sin embargo, cualquier intento de previsibilidad choca de frente con el devenir de las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei. La reciente decisión de liberar la cotización del dólar, sumada a la persistente suba de precios —con una inflación del 3,7% en marzo— proyecta una devaluación inminente que impactaría de lleno en el costo de vida. En este contexto, las negociaciones provinciales se ven condicionadas por una realidad nacional que actúa como telón de fondo —y muchas veces como obstáculo directo— de cualquier entendimiento sectorial.

La tensión no es solo financiera. Desde hace meses, el discurso oficial hace hincapié en la caída de la recaudación impositiva como argumento limitante al momento de formular propuestas salariales. Esta narrativa, que busca justificar la moderación del gasto público, no siempre es bien recibida por los gremios, que interpretan el mensaje como un anticipo de ofertas a la baja o sujetas a criterios fiscales antes que a la realidad social del trabajador docente.

En paralelo, la situación gremial no está exenta de desgaste. La necesidad de recomposición salarial frente al deterioro progresivo del poder adquisitivo convive con una creciente desconfianza sobre las promesas de recuperación económica. Las dirigencias sindicales, conscientes del humor de las bases, deben equilibrar la exigencia por mejoras con la responsabilidad de evitar nuevas medidas de fuerza que podrían agravar el clima social.

La mesa paritaria de este martes será un termómetro político y económico que revelará hasta dónde puede avanzar un gobierno provincial cercado por restricciones presupuestarias y señales contradictorias desde Nación. Para los docentes, será también un momento de definición: entre el pragmatismo de aceptar lo posible o el riesgo de confrontar por lo necesario. Lo cierto es que la educación, nuevamente, queda rehén de un modelo de país que aún no termina de definir cuál es su prioridad: la estabilidad fiscal o la dignidad del salario.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector, estableciendo un salario mínimo de $1.782.570. El incremento se aplica en base a la inflación oficial de marzo, que fue del 3,7%.

El acuerdo alcanzado entre La Bancaria y las cámaras empresarias del sector establece un aumento salarial retroactivo del 3,7% correspondiente a la inflación de marzo. Este incremento se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos.

El salario mínimo bancario queda establecido en $1.782.570, resultado de sumar el salario inicial de $1.705.538,86 y la participación en ganancias de $77.031,52. Además, se garantizó un incremento acumulado del 8,6% en los primeros tres meses del año sobre los salarios de diciembre 2024.

El retroactivo correspondiente a este acuerdo deberá ser abonado junto con los sueldos de abril. Las partes también se comprometieron a continuar las negociaciones en la segunda quincena de junio de 2025 para evaluar futuras actualizaciones salariales.

Marcelo Mena, secretario general del sindicato ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), participó recientemente de un evento de alcance internacional que reunió a más de 3.000 delegados y delegadas del sector minero de todo el mundo. El encuentro tuvo lugar en Estados Unidos, organizado por el poderoso sindicato estadounidense United Steelworkers, y contó con la presencia de representantes de 22 países con fuerte vinculación a la actividad.

Durante la convención, se conformó un espacio de cooperación internacional entre sindicatos de Argentina, México, Perú, Canadá y Australia, entre otros. El objetivo: construir una red solidaria y de defensa frente a prácticas empresariales globales que, según Mena, afectan de manera directa tanto a los trabajadores como a las comunidades donde operan las compañías extractivas.

En su intervención, el dirigente sindical expuso con claridad la delicada situación que atraviesan los trabajadores mineros en nuestro país, haciendo hincapié en el impacto de las políticas del actual gobierno nacional. Denunció la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la devaluación, y alertó sobre la necesidad urgente de reabrir espacios de discusión salarial con las empresas.

“La minería no puede ser un negocio unilateral. Queremos que le vaya bien a las compañías, pero también a las comunidades y a los trabajadores”, afirmó Mena, dejando en claro que el crecimiento del sector debe tener correlato en empleo genuino, sueldos justos y desarrollo regional.

El rol de las inversiones y la defensa del trabajo local

El secretario general de ASIJEMIN remarcó que si bien el nuevo esquema cambiario puede alentar la llegada de inversiones, es imprescindible que estas estén enfocadas en el desarrollo nacional. «Las condiciones actuales permiten que las empresas giren divisas con mayor libertad. Pero eso no alcanza. Necesitamos que esas inversiones promuevan la contratación de mano de obra local, la participación de proveedores nacionales y el impulso de pymes vinculadas a la actividad minera», sostuvo.

En ese sentido, explicó que desde ASIJEMIN están en diálogo permanente con las compañías para exigir que el crecimiento de la industria sea acompañado por condiciones laborales dignas y sostenibles.

Un modelo de minería con innovación, inclusión y futuro

El mensaje que dejó Mena en este foro internacional fue claro: la única salida para Argentina es a través de la industrialización. Reivindicó el valor estratégico de la minería, pero advirtió que no basta con extraer recursos si no se promueve una cadena de valor que genere conocimiento, tecnología y empleo de calidad.

“La minería debe estar al servicio del desarrollo de las comunidades, de la producción nacional y de una economía más equitativa. No queremos repetir modelos extractivistas que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos”, cerró.

La participación de ASIJEMIN en este tipo de encuentros no solo refuerza la presencia argentina en debates globales, sino que también evidencia la importancia de pensar una minería con compromiso social, visión de largo plazo y responsabilidad compartida. En tiempos donde los modelos productivos están en disputa, voces como la de Marcelo Mena se vuelven imprescindibles para construir una industria que mire más allá del mineral: hacia el bienestar de quienes la hacen posible.