El Gobierno nacional avanza en el diseño e implementación de la reforma laboral, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para el apoyo financiero y político. La reforma busca reducir la informalidad y promover la creación de empleo formal, pero genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos.

La reforma laboral es una de las principales exigencias del FMI para Argentina, y el Gobierno busca implementarla antes de abordar otras reformas, como la fiscal y la previsional. La entidad internacional insiste en que la reforma debe «mejorar el clima de inversiones» en Argentina, lo que implica avanzar en la flexibilización de los contratos de trabajo y la reducción de la carga impositiva. Esto significa que los trabajadores tendrán menos protecciones y derechos, y los empresarios podrán contratar y despedir con mayor facilidad.

El Gobierno busca implementar cambios graduales que bajen el costo laboral sin generar una ruptura social o sindical masiva. Sin embargo, esto no es más que un intento de maquillar la realidad: la reforma laboral es un ataque directo a los derechos de los trabajadores y una forma de precarizar aún más el empleo.

La reforma laboral es un tema complejo y controvertido, que genera debate y resistencia entre los trabajadores y sindicatos. La propuesta de flexibilizar los contratos de trabajo y reducir la carga impositiva puede tener un impacto positivo en la creación de empleo formal, pero también puede generar precarización y pérdida de derechos para los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos rechazan de plano cualquier reforma que implique pérdida de derechos y exigen un consenso amplio para cualquier cambio. El Gobierno enfrenta el desafío de cumplir con las metas del FMI sin generar estallidos sociales ni confrontaciones sindicales.

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes a la Seguridad Social, sin cobertura de salud y con salarios inferiores a los que están registrados.

La informalidad laboral es un problema crónico en el país, y los últimos datos del INDEC lo confirman. En el cuarto trimestre de 2024, el 42% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad, lo que equivale a más de 5,7 millones de personas.

El empleo no formal es particularmente alto en ciertos sectores, como el servicio doméstico, donde el 77% de los trabajadores no están registrados. Los trabajadores por cuenta propia también se ven afectados, con una tasa de informalidad del 62,4%. Los jóvenes menores de 29 años son los más vulnerables, con una tasa de informalidad del 58,7%. Las mujeres también se ven afectadas, con una tasa de informalidad del 43,4%, lo que refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral.

El trabajo en negro tiene graves consecuencias para los trabajadores y la sociedad en general. Los trabajadores informales no tienen acceso a la Seguridad Social, lo que significa que no tienen cobertura de salud, jubilación ni protección en caso de accidentes laborales. Además, los salarios de los trabajadores informales suelen ser inferiores a los de los trabajadores formales, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. La informalidad laboral también limita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas y servicios esenciales, lo que afecta a toda la sociedad.

El trabajo no registrado es un problema complejo que requiere una solución integral. Es fundamental que el Estado tome medidas para reducir la informalidad laboral y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a los mismos derechos y beneficios. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, como la reducción de cargas impositivas y la simplificación de los trámites administrativos.

La Federación de la Industria de la Carne rechazó una propuesta de recomposición salarial del 4% para abril, argumentando que la devaluación del salario tras la liberación del cepo cambiario hace que el aumento sea insuficiente. El gremio conducido por Alberto Fantini consideró que la oferta es incompatible con la nueva realidad económica.

La reunión privada celebrada el 15 de abril entre la Federación de la Industria de la Carne y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas –CEPA- no llegó a un acuerdo sobre la recomposición salarial para abril. El ofrecimiento de un aumento del 4% fue considerado insuficiente por el gremio, que argumentó que la devaluación del salario tras la liberación del cepo hace que el aumento no sea suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores.

La crítica sindical se da en un contexto de cambios abruptos en la política cambiaria del país. Tras el acuerdo con el FMI y la liberación del cepo cambiario, el Gobierno implementó un nuevo régimen de tipo de cambio flotante, que llevó el dólar oficial a oscilar alrededor de los 1.230 pesos, provocando una devaluación del 12% en un solo día. Esta medida, aunque celebrada por algunos sectores empresarios, encareció fuertemente el costo de vida para los trabajadores.

El rechazo a la oferta de recomposición salarial por parte de la Federación de la Carne puede tener consecuencias importantes para los empleados del sector. Si no se llega a un acuerdo, es posible que se produzcan conflictos laborales y paros en las plantas procesadoras de carne. Además, la devaluación del salario puede tener un impacto negativo en la economía en general, ya que los trabajadores tendrán menos poder adquisitivo y podrán consumir menos bienes y servicios.