Los primeros tres meses de 2025 han visto un aumento significativo en las solicitudes de seguro por desempleo en Argentina, con un total de 30.560 personas que comenzaron a cobrar esta prestación después de ser despedidas sin causa y no lograr reinsertarse en el mercado laboral.

Del total de nuevas altas registradas en el trimestre, las actividades más afectadas fueron la industria manufacturera, con 7.157 despedidos, el comercio de vehículos (6.117), la construcción (5.699), las actividades administrativas (3.083), el transporte (1.377), y los servicios de comida y alojamiento (1.330). También se suman 1.096 despidos en el ámbito de la salud y los servicios sociales.

En marzo, 92.787 personas estaban recibiendo esta prestación, con un monto promedio de $236.543 mensuales. De esa cifra, 66.034 eran varones y 26.753 mujeres, con una fuerte concentración en la Provincia de Buenos Aires (38.180 beneficiarios), seguida por Santa Fe (7.337), Córdoba (6.613) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.487).

El crecimiento interanual de solicitudes de seguro por desempleo es preocupante: en 2024 se registraron 174.335 altas, lo que representa un aumento del 60% respecto a 2023 (108.942), y el doble de las registradas en 2022 (86.268). Es el nivel más alto de la serie histórica entre 2014 y 2024.

Esta prestación está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador. El derecho se encuentra regulado por la ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

Para acceder, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el mínimo es de 90 días en el último año. El seguro contempla entre 2 y 12 cuotas mensuales, dependiendo de la antigüedad y los aportes previos, y se prolonga 6 meses más para mayores de 45 años.

Mientras perciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, siguen cobrando asignaciones familiares y suman antigüedad para la jubilación o pensión.

Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo, la prestación debe ser equivalente al 75 % de la mejor remuneración mensual de los seis meses previos al despido. No obstante, se estableció que el monto no puede superar el 100 % ni ser inferior al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente, lo que en la práctica limita la cobertura efectiva del seguro, especialmente ante la pérdida de valor real del salario mínimo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la movilización del 30 de abril en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, bajo el lema «El trabajo es sagrado», en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

La CGT espera una gran participación de sus regionales, las CTA, la UTEP, gobernadores y figuras opositoras en la marcha que partirá a las 14 horas desde Avenida 9 de Julio e Independencia hacia el Monumento al Trabajo.

La marcha incluirá una oración ecuménica en homenaje al Papa Francisco, destacado como defensor de los trabajadores, y un documento que reforzará su legado. También se recordará la lucha de los mártires de Chicago por la dignidad laboral.

Los reclamos de la CGT incluyen la defensa de salarios frente a la inflación, el rechazo a privatizaciones como la de Aerolíneas Argentinas y la oposición a proyectos que limiten el financiamiento sindical. La central obrera calificó como «éxito» el paro del 10 de abril y busca una marcha «multitudinaria, pacífica y festiva», con ecos en provincias.

La Unión Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazaron categóricamente el aumento salarial del 2% otorgado por la Corte Suprema, considerándolo una medida insuficiente y desfasada frente a la realidad económica del país.

El gremio UEJN expresó su profunda disconformidad con la decisión de la Corte Suprema, argumentando que el aumento salarial no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales federales, que han sufrido una merma del 34,2% en sus ingresos en los últimos 16 meses. Ante esta situación, la entidad resolvió intensificar su plan de lucha y llamó a un paro nacional con movilización para el 30 de abril en juzgados federales de todo el país.

La medida de fuerza busca visibilizar la crítica situación salarial del sector y presionar a las autoridades para que reconsideren su posición y otorguen un aumento salarial más justo y acorde a las necesidades de los empleados.

La UEJN destacó la masiva adhesión a la medida de fuerza llevada a cabo días atrás y anticipó que las acciones de protesta continuarán hasta que se logre una solución satisfactoria.