Los diputados sindicales Carlos Cisneros y Sergio Palazzo presentaron un proyecto de ley para instaurar el 21 de abril como feriado nacional en conmemoración del fallecimiento del Papa Francisco, con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria.

La iniciativa busca rendir tributo al primer pontífice argentino, destacando su legado como líder espiritual y defensor de los más vulnerables. El proyecto propone no solo el feriado, sino también que el Poder Ejecutivo promueva actividades alusivas cada 21 de abril en todo el país. Los fundamentos del proyecto resaltan la labor de Francisco en favor de los pobres, los migrantes, las mujeres, las diversidades y el cuidado del medio ambiente.

El Papa Francisco fue un líder religioso que se destacó por su compromiso con la justicia social y la protección del medio ambiente. Sus encíclicas Laudato Sí (2015) y Fratelli Tutti (2020) son un ejemplo de su visión para una sociedad más justa e inclusiva. La propuesta de feriado nacional es un reconocimiento a su legado y un homenaje a su memoria.

La aerolínea estatal cerrará 19 de sus 21 oficinas físicas en todo el país antes de mitad de año, centrándose en canales digitales y atención en aeropuertos, en el marco de un fuerte plan de ajuste con miras a su privatización.

En un giro significativo en su estrategia comercial, Aerolíneas Argentinas decidió cerrar casi la totalidad de sus oficinas comerciales en todo el territorio nacional, manteniendo solo las delegaciones de Córdoba y Mendoza.

Esta medida se enmarca en un plan de reducción de costos que busca optimizar recursos y volcar los esfuerzos hacia la venta digital de pasajes. Según la empresa, la venta presencial representa apenas el 1% del total de los tickets emitidos, lo que justifica el cambio en su modelo de negocio.

La decisión implica el cierre de agencias en ciudades clave como Ushuaia, El Calafate, Rosario, Salta y Bariloche, entre otras. El personal de estas dependencias será reubicado en los aeropuertos locales para fortalecer la atención operativa. Esta reestructuración forma parte de una serie de medidas aplicadas desde diciembre de 2023 con el objetivo de dejar a la aerolínea de bandera en condiciones de ser privatizada.

Los primeros tres meses de 2025 han visto un aumento significativo en las solicitudes de seguro por desempleo en Argentina, con un total de 30.560 personas que comenzaron a cobrar esta prestación después de ser despedidas sin causa y no lograr reinsertarse en el mercado laboral.

Del total de nuevas altas registradas en el trimestre, las actividades más afectadas fueron la industria manufacturera, con 7.157 despedidos, el comercio de vehículos (6.117), la construcción (5.699), las actividades administrativas (3.083), el transporte (1.377), y los servicios de comida y alojamiento (1.330). También se suman 1.096 despidos en el ámbito de la salud y los servicios sociales.

En marzo, 92.787 personas estaban recibiendo esta prestación, con un monto promedio de $236.543 mensuales. De esa cifra, 66.034 eran varones y 26.753 mujeres, con una fuerte concentración en la Provincia de Buenos Aires (38.180 beneficiarios), seguida por Santa Fe (7.337), Córdoba (6.613) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.487).

El crecimiento interanual de solicitudes de seguro por desempleo es preocupante: en 2024 se registraron 174.335 altas, lo que representa un aumento del 60% respecto a 2023 (108.942), y el doble de las registradas en 2022 (86.268). Es el nivel más alto de la serie histórica entre 2014 y 2024.

Esta prestación está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador. El derecho se encuentra regulado por la ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

Para acceder, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el mínimo es de 90 días en el último año. El seguro contempla entre 2 y 12 cuotas mensuales, dependiendo de la antigüedad y los aportes previos, y se prolonga 6 meses más para mayores de 45 años.

Mientras perciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, siguen cobrando asignaciones familiares y suman antigüedad para la jubilación o pensión.

Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo, la prestación debe ser equivalente al 75 % de la mejor remuneración mensual de los seis meses previos al despido. No obstante, se estableció que el monto no puede superar el 100 % ni ser inferior al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente, lo que en la práctica limita la cobertura efectiva del seguro, especialmente ante la pérdida de valor real del salario mínimo.