El gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) se oponen a la iniciativa del Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, de implementar el autoservicio de combustible en todo el país.

En un encuentro realizado en la sede del gobierno bonaerense, el ministro de Trabajo, Walter Correa, se reunió con representantes del SOESGYPE para discutir la propuesta del Ejecutivo nacional de habilitar el autoservicio de combustible. La medida, que busca reducir costos y mejorar la eficiencia en la venta de combustibles, generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del sector.

Según fuentes cercanas a la negociación, el gobierno de Kicillof y el gremio de estaciones de servicio coincidieron en que la implementación del autodespacho de combustible tendría un impacto negativo en la calidad del servicio y la seguridad de los consumidores. Además, se argumentó que la medida podría generar pérdidas de empleos y afectar la economía local.

El SOESGYPE ha venido sosteniendo que la propuesta del Ministro Sturzenegger no tiene en cuenta las particularidades del sector y podría generar una competencia desleal entre las estaciones de servicio. Por su parte, el gobierno de Kicillof ha asegurado que su oposición a la medida se debe a la preocupación por la seguridad y la calidad del servicio que se brinda a los consumidores.

En un fallo histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 ordenó al Estado Nacional proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género, en medio de un ajuste estatal que amenazaba con desmantelar las políticas de género en el país.

La resolución judicial, que surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, obliga al Estado a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. Sin embargo, desestima el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes.

La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado. El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas.

En conclusión, la intervención de la Justicia Federal es un paso crucial para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que el Estado Nacional cumpla con la resolución judicial y mantenga los recursos humanos e infraestructura necesarios para combatir la violencia de género.

El Gobierno nacional estableció un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil que, lejos de ser una solución efectiva, perpetúa la pobreza y la indigencia en la Argentina.

La Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial es un claro ejemplo de la falta de compromiso del Gobierno nacional con la clase trabajadora. El nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido es de $296.832 para marzo de 2025, un monto que no solo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, sino que también perpetúa la brecha entre ricos y pobres.

La Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó $1.001.466 en noviembre, según datos del INDEC. Esto significa que el nuevo Salario Mínimo es apenas un tercio de lo que se necesita para vivir dignamente. La situación es aún más crítica para los trabajadores jornalizados, que recibirán apenas $1.484 por hora en marzo de 2025.

La decisión del Gobierno nacional de establecer un Salario Mínimo tan bajo es un claro ejemplo de su falta de compromiso con la justicia social. La CGT y las dos CTA exigieron un monto inicial de $572.000, mientras que las cámaras empresariales propusieron un aumento escalonado que llevaría el salario mínimo de $278.000 a $295.000 en marzo de 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional optó por una solución que no satisface las demandas de nadie.

La justificación del Gobierno de que se buscaba encontrar un «punto de equilibrio» entre las demandas de los trabajadores y las posibilidades del sector privado es un eufemismo para describir su falta de compromiso con la justicia social. La verdad es que el Gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para abordar la problemática de la pobreza y la indigencia en la Argentina.