La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno nacional, que contempla aumentos acumulativos del 1,3% para marzo, abril y mayo, más un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar en junio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como «una vergüenza» y advirtió que «se sigue firmando el 1% mensual como si fuera digno, y no lo es».

El conflicto en el sector público se intensifica debido a la política salarial del Gobierno, que ha generado una fuerte crítica por parte de ATE. Según Aguiar, «este Gobierno ha destrozado los ingresos en el sector público» y «ha decidido compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos». La propuesta salarial ofrecida por el Gobierno implica un aumento acumulado de apenas el 20,8% en el período junio 2024 – mayo 2025, mientras que la inflación ya superó el 32,6% en ese lapso.

La situación es particularmente grave para los trabajadores estatales, cuyos ingresos ya no alcanzan para garantizar una vivienda digna, alimentación y vestimenta. Aguiar denunció que «terminan de aniquilar el derecho a una retribución justa» y que «desde la paritaria estatal se ejerce violencia».

La disputa entre ATE y el Gobierno se centra en la política salarial y la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones paritarias. Mientras que ATE reclama aumentos salariales que superen la inflación, el Gobierno insiste en mantener su política de ajuste fiscal.

La posición de UPCN, el otro gremio que participa de la paritaria, consiguió fuertes críticas por parte de ATE. Aguiar acusó a UPCN de «prestarle la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos» y consideró que «debería estar prohibido por ley firmar aumentos por debajo de la inflación».

La pugna en el sector público se encuentra en un punto crítico, con ATE rechazando la propuesta salarial del Gobierno y UPCN aceptándola. La situación puede escalar aún más si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores estatales. La convocatoria del Secretariado Ampliado de ATE para analizar el plan de acción sugiere que el conflicto puede continuar en las próximas semanas.

La central obrera sostuvo una jornada de protesta de 36 horas con amplia adhesión nacional, en una señal de rechazo frontal a las políticas de ajuste económico del Gobierno nacional. sectores clave de la producción se detuvieron, y la legitimidad del reclamo retumba en un clima social cada vez más complejo.

En una postal que recuerda los momentos más álgidos de la historia sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una contundente protesta contra el Gobierno de Javier Milei, describiéndola sin ambages como “un éxito rotundo”. La medida, que incluyó una movilización y un paro general de 36 horas, logró una paralización notable en áreas neurálgicas de la economía, desde la industria hasta el transporte, pasando por la energía y los servicios públicos. El epicentro simbólico de esta jornada fue Vaca Muerta, eje estratégico de la política energética, donde las actividades se vieron interrumpidas.

“Hoy paramos el país”, sentenció Héctor Daer, uno de los triunviros que conducen la CGT, en una conferencia de prensa en la que, acompañado por Carlos Acuña y Octavio Arguello, reafirmó la voluntad del movimiento obrero de ejercer presión contra lo que califican como una política de empobrecimiento sistemático.

La medida de fuerza, en su tercera edición desde el inicio de la gestión libertaria, encuentra su justificación en un deterioro veloz del poder adquisitivo, una inflación persistente que devora los ingresos y una retracción del consumo que golpea a los sectores más vulnerables. Andrés Rodríguez, también dirigente de peso en la central obrera, sintetizó el hartazgo: “La gente no llega a fin de mes. Es un grito de angustia”.

Lejos de ser un episodio aislado, el paro se inscribe en una dinámica creciente de confrontación entre el Gobierno y el tejido sindical. El Ejecutivo nacional no solo desoyó las advertencias de los gremios, sino que respondió con una campaña mediática hostil, que incluyó la utilización de altoparlantes en la vía pública para desincentivar la protesta. Daer no dudó en equiparar esa estrategia con prácticas de gobiernos autoritarios, afirmando que “fue un mecanismo oscuro que se usó cuando la democracia se había perdido”.

En paralelo, el paro impactó en la vida cotidiana: bancos cerrados, recolección de residuos suspendida en la Capital, transporte reducido y escuelas con asistencia dispar. Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió debido a la conciliación obligatoria, la visibilidad del paro fue irrefutable en los centros urbanos y zonas industriales.

En el trasfondo de esta jornada subyace una disputa ideológica de gran envergadura. El Gobierno de Milei avanza con una agenda económica de tinte ortodoxo, basada en la reducción drástica del gasto público y la desregulación del mercado laboral, mientras que el movimiento sindical defiende un modelo que garantice derechos adquiridos y frene lo que perciben como un proceso de demolición del Estado social.

El paro general encabezado por la CGT no solo constituyó un hecho sindical relevante, sino que se erigió como un termómetro político del clima social. Más allá de la contundencia de la adhesión, lo que está en juego es una disputa de fondo: la concepción misma de país. Mientras Milei apuesta por un cambio radical de paradigma, la CGT se planta como dique de contención, convocando a la memoria colectiva de un pueblo que conoce los costos del ajuste extremo. La incógnita es cuánto margen queda para el diálogo y si alguna de las partes está dispuesta a retroceder un paso antes de que la calle hable aún más fuerte.

La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.