El Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, y las cámaras empresarias, después de que el gremio anunciara medidas de fuerza por la falta de homologación del acuerdo paritario.

La conciliación obligatoria, que regirá por 15 días con posibilidad de prórroga por cinco más, busca evitar un paro nacional que podría afectar la economía del país. La medida fue adoptada después de que el sector empresarial solicitara la intervención del Gobierno para evitar las medidas de fuerza anunciadas por el gremio.

El conflicto se originó después de que el Gobierno se negara a homologar el aumento del 8,5% acordado entre el gremio y las cámaras empresarias, argumentando que superaba la pauta oficial del 1% mensual para principios de 2025.

El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria. La resolución fue firmada por Mara Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

El Sindicato de Camioneros reclama un 15% trimestral, un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social. Los empresarios, por su parte, ofrecieron un aumento del 8% y un bono de $600 mil.

La empresa minera Veladero y el gremio que representa a los trabajadores sellaron un acuerdo que reconocerá la jerarquía y roles profesionales de los trabajadores.

En un paso trascendental para la industria minera argentina, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico (ASIJEMIN) y la empresa Veladero, perteneciente a Minera Andina del Sol S.R.L., Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Minera del Carmen S.A, acordaron un convenio que implementa escalas salariales y categorías para los trabajadores de la mina ubicada en la provincia de San Juan.

Este acuerdo, que comenzará a regir a partir del próximo 1 de enero, representa un cambio significativo para los trabajadores jerárquicos mineros de Veladero, ya que se ratifica la aplicación del CCT marco 789/21. De este modo, los trabajadores verán reconocida de manera oficial y concreta su jerarquía y sus roles profesionales, lo que garantizará una remuneración justa y acorde con las funciones desempeñadas.

Además, se implementarán categorías diferenciadas para un mayor reconocimiento y una distribución equitativa de los salarios y condiciones laborales. Esto permitirá una mejor organización y planificación de los recursos humanos, lo que a su vez redundará en una mayor eficiencia y productividad en la mina.

El titular de la ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, destacó que «este acuerdo no solo representa un cambio significativo para los trabajadores jerárquicos mineros de Veladero, sino también un resultado favorable para su bienestar y derechos laborales». Además, remarcó que «se trata de un modelo de trabajo colaborativo que podrá ser replicado en otros yacimientos mineros».

En este sentido, es importante destacar que este acuerdo es el resultado de una negociación sindical y empresarial que ha permitido lograr mejoras laborales en todos los lugares de trabajo. Además, representa un avance trascendental para la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de ASIJEMIN, tanto por yacimientos como por empresas.

Carlos Ordóñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales en San Juan, abordó los principales problemas y desafíos enfrentados por el sector durante el año que está por culminar. Ordóñez detalló una realidad marcada por restricciones presupuestarias, dificultades laborales y una proyección incierta para el futuro.

El diregente señaló que el año fue complejo para la Dirección Nacional de Vialidad, con un preocupante nivel de ejecución presupuestaria, alcanzando apenas el 40 % de lo asignado. Según explicó, las medidas de ajuste implementadas dificultaron el acceso a recursos esenciales como el asfalto, necesario para tareas de mantenimiento como el bacheo de rutas. Esta limitación económica no solo impactó las operaciones, sino que generó una sensación de incertidumbre entre los trabajadores.

Además, Ordóñez destacó que la eliminación de las negociaciones paritarias y los aumentos salariales insuficientes incrementaron el descontento en el sector. En particular, mencionó las propuestas de ajuste salarial para noviembre y diciembre, calificadas como “miserables” por su organización. Estas medidas, junto con evaluaciones laborales percibidas como injustas, han provocado un clima de desánimo y preocupación en el personal.

A pesar de las adversidades, el compromiso de los trabajadores viales ha sido ejemplar. Ordóñez subrayó el logro de habilitar el paso a Chile más temprano que en años anteriores, un esfuerzo logrado exclusivamente gracias al trabajo administrativo y técnico de los empleados, a pesar de las limitaciones en equipos y recursos. También destacó mejoras visibles en bacheo y señalización, fruto del esfuerzo cotidiano del personal que “pone el hombro” para mantener la red vial en funcionamiento.

Preocupaciones y desafíos para el 2025

De cara al futuro, el panorama no parece más alentador. Ordóñez expresó su inquietud por la falta de inversión en el mantenimiento de rutas, una situación que no solo afecta a los trabajadores, sino que repercute directamente en la seguridad vial, con un aumento de accidentes, mayores costos de transporte y el estancamiento de regiones postergadas. Según sus palabras, las decisiones actuales parecen enfocarse únicamente en rutas que generen un retorno económico inmediato, dejando de lado las necesidades de comunicación y desarrollo en localidades más desfavorecidas.

Carlos Ordóñez finalizó subrayando que los desafíos del sector vial van más allá de lo presupuestario: están vinculados con el reconocimiento de la importancia estratégica de una red vial funcional y bien mantenida para el desarrollo de la provincia. Aunque las expectativas para el próximo año son cautelosas, el compromiso de los trabajadores continúa siendo un pilar fundamental para sostener el sistema vial en San Juan. Resaltó también la necesidad de que las autoridades revisen sus prioridades y apuesten por una gestión más equitativa y eficiente, garantizando tanto el bienestar laboral como la seguridad de las rutas nacionales.