El INDEC modificará la fórmula para calcular la inflación conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El nuevo índice reconfigura el peso de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, mientras otorga mayor relevancia a servicios digitales y transporte. ¿Qué se gana y qué se pierde en esta redefinición de la realidad económica argentina?

La decisión de reformular la métrica con la que se mide la inflación en Argentina no es menor: implica, ni más ni menos, que redefinir el modo en que el Estado y la sociedad comprenden el impacto del alza de precios en el bolsillo cotidiano. Con una economía azotada por desequilibrios estructurales y una ciudadanía sensibilizada por la erosión constante de su poder adquisitivo, la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene listo un nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) merece ser leída con atención crítica y sin ingenuidad.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rediseño fue concluido en marzo de este año y se encuentra a la espera de avales institucionales para su implementación. La modificación tiene el sello del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha participado activamente en la revisión técnica junto al INDEC. El cambio estructural se apoya en un aggiornamiento de la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC, sustituyendo la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 por la versión 2017/2018.

Esta actualización, en teoría, persigue mayor representatividad. Se incorporan consumos contemporáneos —servicios digitales, conectividad, transporte urbano con SUBE— y se reordenan los ponderadores conforme a los patrones de gasto actuales. No obstante, el rediseño esconde un desplazamiento silencioso pero significativo: los rubros tradicionalmente sensibles, como alimentos, medicamentos e indumentaria, reducen su participación en la fórmula. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta ahora representaban más de un cuarto del índice, bajarán al 22,7%. Salud, por su parte, caerá a 6,4%, e indumentaria perderá peso acorde a su menor presencia en el consumo promedio de los hogares.

A contramano, servicios públicos y privados incrementan notablemente su ponderación. La vivienda y sus costos asociados trepan al 14,5%, y el transporte al 14,3%, mientras que el rubro comunicaciones —emblema de la vida digitalizada— duplica su influencia, pasando de 2,83% a 5,2%. Esta reconfiguración, si bien responde a una lógica técnica vinculada a los cambios en los hábitos de consumo, no es políticamente neutra.

El punto neurálgico reside en que un cambio metodológico de esta envergadura puede modificar el rostro estadístico de la inflación, disimulando parcialmente los aumentos en productos de primera necesidad. Así, en contextos de alta inflación concentrada en alimentos y remedios, el nuevo IPC podría resultar menos reflejo del sufrimiento popular y más herramienta para negociar con mayor margen con los acreedores externos y los organismos multilaterales.

Vale recordar que la fórmula Laspeyres —que se mantendrá— mide la evolución de precios sobre una canasta fija, sin tener en cuenta sustituciones que realizan los consumidores cuando los precios se disparan. Este sesgo estructural se verá ahora complementado por un reajuste en los pesos relativos de cada categoría, lo que en la práctica puede suavizar o amplificar determinados efectos según la coyuntura.

La reformulación del IPC no es una simple actualización técnica sino una operación con implicancias políticas, sociales y simbólicas de gran alcance. Si bien es saludable que el índice se adecue a las nuevas formas de consumo, no puede ignorarse que el recorte del peso de alimentos y salud podría relativizar el drama cotidiano de millones. La estadística, lejos de ser neutral, construye realidades y legitima decisiones. En una Argentina donde la credibilidad institucional es endeble y la desigualdad se profundiza, modificar los instrumentos de medición no debería ser una estrategia para maquillar la crisis, sino una oportunidad para reflejarla con más fidelidad. Porque lo que no se mide con justicia, no se puede corregir con equidad.

En un contexto de profunda crisis salarial y desfinanciamiento de la educación superior, la CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario de 48 horas para el 23 de abril. La medida de fuerza busca visibilizar la grave situación de los docentes universitarios y exigir respuestas concretas del Gobierno nacional.

La crisis salarial en las universidades nacionales argentinas ha alcanzado un punto crítico. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la inflación acumulada asciende a un 197%, mientras que los salarios docentes apenas fueron actualizados en un 68% a 86%, dependiendo del cargo. Esta disparidad ha generado un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de los docentes y no docentes universitarios, afectando directamente sus condiciones de vida.

La paritaria salarial universitaria permanece cerrada y sin avances concretos, lo que ha llevado a la CONADU Histórica a tomar medidas de fuerza. «Con sueldos por debajo de la línea de pobreza, se hace insostenible la continuidad de las funciones esenciales en nuestras universidades», señalaron desde el sindicato.

El desfinanciamiento de la educación superior no es un hecho aislado. Desde la CONADU Histórica también advierten sobre las consecuencias del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos implican reformas laborales y jubilatorias regresivas, además de una profundización del ajuste sobre el Estado.

El paro convocado por la CONADU Histórica promete tener fuerte repercusión en las casas de estudio de todo el país, con clases suspendidas, actos públicos y actividades de visibilización en defensa de la universidad pública. La medida de fuerza busca generar un amplio respaldo de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una masiva movilización para el próximo 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La marcha, que partirá desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo, busca expresar el descontento de los trabajadores frente a la política económica del gobierno de Javier Milei y exigir soluciones urgentes para la clase trabajadora.

La CGT ha sido clara en su postura: la situación económica del país es insostenible y requiere medidas inmediatas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La marcha del 30 de abril es un llamado a la unidad de los trabajadores y un recordatorio al gobierno de que no pueden ignorar las demandas de aquellos que han sido golpeados por la inflación y la devaluación del peso.

La movilización también coincide con las negociaciones de paritarias, donde los gremios han señalado que las ofertas salariales no logran seguir el ritmo del índice inflacionario. Los sindicalistas expresaron su frustración ante la falta de comunicación del gobierno y la ausencia de soluciones concretas para abordar la crisis económica.

La presencia de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, en la reunión con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo, agrega un componente político importante a la jornada de protesta. La CGT busca fortalecer su posición negociadora y demostrar que cuenta con el apoyo de sectores políticos clave.

La marcha del 30 de abril será un termómetro importante para medir el grado de apoyo popular a las demandas de la CGT y la capacidad de movilización de la central obrera. La expectativa es alta, y la sociedad argentina estará atenta a las conclusiones de esta jornada de protesta y a las respuestas del gobierno a las demandas de los trabajadores.