En una entrevista con Manuel Jiménes, Secretario General del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan, se abordaron diversos temas de interés para el sector, destacándose el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Casino, que se celebrará los días 22 y 23 de abril en la provincia.

Este evento reunirá a representantes de 13 provincias, con el objetivo de analizar la realidad del rubro y debatir sobre los desafíos actuales de los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y salarios insuficientes. Los sueldos son bajos y no se ajustan a la rentabilidad de la industria del juego”, subrayó Jiménez.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que, si bien en algunas provincias se aplican ajustes salariales en función del índice inflacionario, los esfuerzos siguen resultando insuficientes. “El mundo de los casinos siempre ha sido un negocio rentable, por lo que los sueldos deberían reflejar esa realidad”, sostuvo.

El Paro Nacional y la Lucha por Paritarias Libres

En este contexto de creciente malestar social, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril, con el objetivo de exigir una revisión de la política salarial y la reapertura de paritarias sin restricciones. Jiménez respaldó la medida y enfatizó la importancia de que el gobierno nacional escuche las demandas de los trabajadores.

“Si realmente hablamos de libertad, como plantea el discurso oficial, entonces los acuerdos salariales deberían ser negociados sin limitaciones entre empleadores y empleados”, argumentó. Además, confirmó la adhesión de la CGT San Juan a la medida de fuerza, señalando que más de 40 sindicatos clave manisfestaron su apoyo a la protesta.

Mayor Control y Auditorías en el Sector del Juego

Por otro lado, Manuel Jiménez se refirió a la solicitud del sindicato para que las empresas concesionarias del juego en San Juan sean sometidas a auditorías más rigurosas. En respuesta a esta demanda, la Caja de Acción Social comenzó a implementar controles más exhaustivos, particularmente en lo que respecta al canon que deben abonar las operadoras del sector, concluyó.

Con un clima de tensión creciente entre los trabajadores y el gobierno nacional, el paro del 10 de abril se perfila como una fuerte señal de protesta en defensa del salario y de mejores condiciones laborales. Entretanto, la industria del juego continúa en la mira, con reclamos por mayor transparencia y equidad en la distribución de sus ingresos.

A partir de abril, el costo del boleto del pasaje urbano se incrementará a $750, en una decisión que responde al aumento de costos operativos y salariales. Mientras el Estado intenta amortiguar el impacto con subsidios, los usuarios vuelven a ser los principales perjudicados.

En un contexto de creciente presión inflacionaria y ajustes tarifarios en los servicios esenciales, el Gobierno de San Juan confirmó un aumento del 34% en la tarifa del transporte público. A partir del mes de abril, el pasaje de la primera sección pasará de $560 a $750, una suba que, si bien se encuentra por debajo de las expectativas empresariales, impactará de lleno en el presupuesto de los ciudadanos.

Este ajuste no solo afecta a los usuarios del sistema urbano, sino que también repercutirá en las tarifas de los viajes interurbanos, cuyo valor se incrementará de manera proporcional a la distancia recorrida. Además, se establecieron montos diferenciados para los boletos escolares y docentes, fijados en $250 y $375 respectivamente. Estas cifras obedecen a cálculos oficiales que estipulan que la tarifa estudiantil debe equivaler a un tercio del pasaje general, mientras que la docente debe representar el 50% del mismo.

El incremento tarifario no es un hecho aislado. Su aprobación ocurre en un escenario de negociaciones salariales con los conductores del servicio de colectivos, cuyo último acuerdo fijó un sueldo de $1.060.000. Para acompañar este ajuste, el Gobierno provincial anunció una asistencia extraordinaria de $280 millones para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones, además de los $3.000 millones ya comprometidos en subsidios.

Sin embargo, este esquema de financiamiento público no logra evitar que el costo del servicio termine recayendo sobre los pasajeros. El argumento oficial apunta a la necesidad de sostener un sistema de transporte en funcionamiento en un contexto de creciente presión inflacionaria y recortes en los aportes nacionales. No obstante, para el usuario promedio, la ecuación es clara: cada ajuste tarifario representa un golpe directo a su economía, reduciendo su capacidad de movilidad y acceso a servicios esenciales.

El aumento del boleto de colectivo en San Juan se inscribe en una dinámica más amplia de ajustes y reconfiguración de subsidios en el transporte público. Mientras las autoridades intentan equilibrar las cuentas y sostener las fuentes de empleo en el sector, la realidad cotidiana de los sanjuaninos se ve afectada por tarifas cada vez más elevadas. La pregunta que persiste es hasta qué punto el esquema actual es sostenible sin un impacto más equitativo en la distribución de costos entre el Estado, las empresas y los usuarios.

El conflicto salarial docente en la provincia de San Juan se intensifica después de que AMET y UDAP rechazaran la propuesta del Gobierno de pagar un bono de $100.000. La negativa de los sindicatos complica las negociaciones y pone en riesgo la continuidad normal del ciclo lectivo.

La propuesta del Gobierno provincial de pagar un bono de $100.000 a los docentes en dos cuotas durante abril no logró convencer a los representantes sindicales de AMET y UDAP. La negativa de estos gremios se suma a la presión ejercida por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que aún no ha definido su postura.

Según fuentes cercanas a los sindicatos, el rechazo a la propuesta gubernamental se debe a la insuficiencia de la oferta para resolver los problemas estructurales que afectan al sector educativo. Los docentes exigen una revalorización real de su salario y mejoras en la conectividad, entre otras demandas.

La situación se complica aún más debido a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, que busca evitar los paros programados por los gremios. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, admitió que mejorar la propuesta salarial es difícil y que cualquier mejora dependerá de la evolución de la recaudación fiscal.

La próxima reunión conciliatoria, programada para el jueves 3 de abril, será crucial para definir el rumbo del conflicto salarial. El Gobierno y los gremios deberán encontrar un acuerdo que satisfaga las necesidades del sector docente y evite la interrupción del ciclo lectivo.