El Gobierno nacional se prepara para impulsar un nuevo proyecto de reforma laboral en 2025, que ya genera preocupación en la CGT. La iniciativa, que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, busca impulsar el crecimiento de las empresas y potenciar exportaciones, pero también genera temores sobre la pérdida de derechos laborales.

El proyecto, denominado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue presentado por la diputada Romina Diez y propone cambios significativos en la legislación laboral. Entre los puntos más relevantes, se destaca la posibilidad de que los trabajadores renuncien a beneficios acordados por encima de la ley o convenios colectivos, y la flexibilización de vacaciones y condiciones de trabajo.

El Gobierno asegura que el plan es beneficioso para todos, especialmente para los trabajadores y la generación de empleo. Sin embargo, la CGT ya manifestó su rechazo, señalando que podría significar una pérdida de derechos laborales históricos.

La reforma laboral se posiciona como uno de los temas más sensibles y polémicos de la agenda política y sindical de este año. El proyecto podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde la CGT teme que esta reforma diluya derechos laborales fundamentales.

En este sentido, es fundamental que se abra un debate amplio y transparente sobre los alcances y consecuencias de esta reforma, para asegurar que se protejan los derechos laborales y se promueva el crecimiento económico.

En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó un 30%, alcanzando niveles inferiores a los de 2001, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . Este deterioro se suma a la pérdida de 183.000 puestos de trabajo en el empleo asalariado formal desde noviembre de 2023.

El informe, elaborado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, detalla que la caída del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en términos reales fue del 2,4% en noviembre, superando el descenso de 1,3% registrado en octubre. Esto se debe al congelamiento del salario mínimo frente a una inflación creciente.

La situación es aún más crítica cuando se considera que el SMVM en términos reales está por debajo del nivel observado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y representa un 61% menos que su pico histórico en septiembre de 2011.

En cuanto al empleo asalariado formal, el informe señala que se perdieron 183.000 puestos de trabajo (-2%) desde noviembre de 2023, pese a leves incrementos registrados en agosto y septiembre de 2024. Esto refleja la combinación de un mercado laboral debilitado y una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El gobierno decidió incrementar el salario mínimo a $279.718 mediante la Resolución 17/2024, publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, este aumento del 5,5% respecto de octubre no fue suficiente para contrarrestar la inflación acumulada, lo que profundizó el deterioro del poder adquisitivo.

La gestión de Javier Milei estableció un nuevo régimen para la contratación de empleados públicos, mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial. A partir de ahora, la contratación de un empleado público implicará la baja previa de otros tres, y se deberá contar con la aprobación del examen de idoneidad.

El Decreto 1148/24 establece una serie de restricciones y dispone que cualquier incorporación deberá ser aprobada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Según el Ejecutivo, esta medida tiene por objeto garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional y propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional.

Sin embargo, el Decreto también fija que los organismos del Estado podrán disponer para las designaciones o contrataciones un alta en el caso de que informen tres bajas de personal. Además, el pedido de designación deberá ser validado por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.

En otro Decreto, el 1149/24, el Gobierno estableció que quienes quieran formar parte de la Administración Pública durante 2025 deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Sin embargo, hay varios sectores que están exceptuados de estas restricciones, como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, entre otros.