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Lo anunció AMRA en rechazo a una reciente disposición de la dirección ejecutiva del instituto que conduce Luana Volnovich

 El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) anunció un paro nacional de médicos de cabecera de la obra social PAMI en rechazo a una reciente disposición de la dirección ejecutiva del instituto. La medida de fuerza comenzará este miércoles y será por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y con afectación de la atención en provincias de Buenos Aires y Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos se manifestarán en contra del Nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera que “avasalla derechos de carácter alimentario”, por no precisar con claridad la remuneración que percibirán mensualmente los profesionales, señalaron.

La organización gremial señaló que la nueva decisión “obliga a una adhesión sin haber tenido en consideración cuestiones básicas que hacen a la prestación de un mejor servicio a la comunidad y al afiliado del PAMI en particular. El cuestionado modelo, que comenzará a regir el 1 de marzo, fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de diciembre con firma de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.

Para la conducción del instituto, el nuevo modelo prestacional tiene como objetivo “convertirlo en un sistema integrado, holístico y accesible basado en la Atención Primaria de la Salud para las personas afiliadas, optimizándolo bajo una lógica de cuidados progresivos e integrales”.

En contrapartida, el sindicato médico enumeró los principales puntos a mejorar: “Especificar la instrumentación del otorgamiento de turnos vía electrónica. Esta metodología de ninguna manera debe limitar ni condicionar la cantidad de consultas médicas que los profesionales realicen (y posteriormente facturen) ya que, en ese supuesto, estarían trabajando sin percibir remuneración alguna”.

Asimismo, señaló que “dado que el nuevo modelo no reconoce el arduo trabajo que los médicos realizan fuera del horario de atención dispuesto para afiliados de PAMI (redacción de recetas electrónicas, solicitud de estudios, etc.), consideramos que las cápitas deben ser abonadas al 100% atento que, tal como fija nuestra Constitución Nacional en su art. 14bis, el trabajo debe ser remunerado (no se estaría cumpliendo esta manda constitucional)”.

Reclamo que en la “visitas domiciliarias, una urgente modificación y/o implementación de sistema de seguridad para la realización de las mismas, atento que los médicos no sólo arriesgan su salud y su vida por el Coronavirus COVID-19, sino que también muchas veces se encuentran expuestos a condiciones y lugares de inseguridad que hacen imposible la realización de la visita”.

Solicitó una “urgente cobertura sanitaria y salarial a trabajadores que resultaron infectados de COVID-19 en ocasión del cumplimiento de sus funciones, con retroactividad al inicio de la licencia correspondiente y proveer la entrega de elementos de Bioseguridad, hecho éste que han omitido durante toda la pandemia. El nuevo modelo debe necesariamente mejorar las condiciones laborales y contractuales de precariedad que padecen los médicos de cabecera del INSSJP”.

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El Gobierno lanza ofensiva contra la representación sindical

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado lanzó nuevos procedimientos para la elección de delegados y el pedido de tutelas sindicales, que se traducirá en un fuerte golpe a la representación gremial en ministerios y organismos. La medida es una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del ministerio de Desregulación establece los métodos para el registro de delegados y de los juicios con tutela sindical. La normativa crea un «Registro Centralizado de Delegados Gremiales» y otro de «Juicios en los que se invoque Tutela Gremial», lo que configura un mayor control del Estado sobre la elección de delegados y la representación sindical.

La medida impone restricciones significativas a la representación sindical, como la exigencia de acreditar al menos un 10% de afiliación respecto a la dotación de la jurisdicción u organismo para que las elecciones de delegados sean válidas. Además, el Estado evaluará si los candidatos a delegados cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones.

Consecuencias y reacciones

La medida generará tensión entre los propios gremios y al interior de cada organización que deberá buscar la forma de contener a los delegados que quedarán sin cargo a partir de los nuevos requisitos. También producirá sacudones entre los sindicatos en relación con la representación con la que contará cada uno en las negociaciones o discusiones con las autoridades ministeriales o de organismo. Habrá ganadores y perdedores en el peso de las conversaciones con el Gobierno.

Argumentos del Gobierno

Según señalaron, la norma intenta ordenar y actualizar la información sobre la representación sindical y los litigios vinculados a la tutela sindical, cumpliendo estándares de pluralidad y proporcionalidad sindical y respetando la representación femenina según lo regula la Ley 25.674. Sin embargo, la medida es vista como una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 es un claro ejemplo de la política del Gobierno de limitar la representación sindical y la capacidad de negociación de los trabajadores. La medida generará un nuevo foco de conflicto con los sindicatos y puede tener graves consecuencias para la democracia laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante que los sindicatos y los trabajadores se unan para defender sus derechos y luchar contra esta medida.

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Laboralistas denuncian un retroceso en materia de derechos laborales

El Gobierno nacional publicó el Decreto 340/2025, una normativa que, según especialistas en derecho laboral, implica un fuerte retroceso en materia de derechos laborales al restringir severamente el derecho de huelga. La medida ya genera fuertes críticas en el ámbito sindical y jurídico.

El decreto introduce modificaciones al régimen de la Marina Mercante, pero también incorpora un artículo que extiende el carácter de servicio esencial a numerosas actividades. En esos casos, se obliga a garantizar el 75% de la prestación, lo que anula de hecho el impacto de una medida de fuerza. Además, se crea una nueva figura: la de «servicio de importancia trascendental», a la que se impone la obligación de mantener al menos el 50% de la actividad durante una huelga.

Según Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la maniobra es similar a la del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional. «Se amplían de forma desmedida los servicios considerados esenciales, lo que en la práctica significa la prohibición del derecho de huelga», advirtió.

La legislación argentina, en consonancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo consideraba esenciales a los servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. El nuevo decreto, en cambio, incluye incluso argumentos fiscales. «Tan absurdo es que menciona que la suspensión de la producción que pueda afectar metas de recaudación puede ser considerada esencial. No se trata de proteger la vida, sino de limitar un derecho», cuestionó Cremonte.

Críticas y consecuencias

Desde ALAL advierten que este tipo de cambios no responden a una necesidad social ni de seguridad pública, sino a una decisión política orientada a favorecer intereses empresariales. «Hace más de 20 años que la huelga en servicios esenciales está regulada, y jamás se puso en peligro la vida o la salud de nadie. El sistema funcionaba. El cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores», concluyó Cremonte.

La medida puede tener graves consecuencias para los trabajadores y el movimiento sindical. La restricción del derecho de huelga puede limitar la capacidad de los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales y salariales. Además, la creación de la figura de «servicio de importancia trascendental» puede generar incertidumbre y arbitrariedad en la aplicación de la normativa.

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La CATT denunció las medidas de desregulación del Gobierno

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la Marina Mercante y en otras áreas de la actividad, y anunció que realizará un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo en defensa del derecho a huelga y la soberanía nacional.

La CATT, liderada por Juan Carlos Schmid, criticó duramente las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, argumentando que promueven la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, ponen en jaque la soberanía nacional, destruyen la industria nacional y amenazan gravemente el trabajo argentino. En particular, la Confederación se opuso a la desregulación de la Marina Mercante, que considera un sector estratégico para el desarrollo del país.

La CATT también criticó las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte, argumentando que afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino.

Además, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral. La Confederación considera que esta ofensiva atenta no solo contra la fuente de trabajo, sino también contra la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país.

La violación del derecho a huelga

La CATT también denunció la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte, argumentando que la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado. La Confederación considera que esta actitud configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en la Constitución Nacional y en el convenio 87 de la OIT.

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