La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su jornada de acción gremial por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso el 9 de abril y un paro general de 24 horas el día 10, en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que busca defender el salario y los derechos de los jubilados, contará con la participación de 79 delegaciones regionales. El pasado jueves, la central obrera realizó un plenario en la sede de Azopardo, con el objetivo de garantizar la contundencia del paro en el interior del país.

La movilización del 9 de abril comenzará a las 12 horas, con una concentración frente al Congreso de la Nación. El mensaje para el gobierno será claro: rechazo a las políticas económicas y exigencia de mejoras en las condiciones laborales y previsionales. El paro general del 10 de abril será de 24 horas, y contará con la adhesión de todos los sectores gremiales, sociales y políticos.

La CGT también anunció que el plan de lucha tendrá continuidad el 1 de mayo con una masiva movilización por el Día del Trabajador. La central obrera busca mostrar de manera unificada todos los reclamos y demandas sectoriales, reflejando el malestar social ante el ajuste económico, los despidos y las políticas de desregulación laboral.

La jornada de acción gremial por 36 horas es un llamado a la movilización y la unidad de los trabajadores y los jubilados en defensa de sus derechos. La CGT ratifica su compromiso con la lucha por una política económica más justa y equitativa, y convoca a todos los sectores a sumarse a la protesta.

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del sector agropecuario, busca congelar los salarios de los peones rurales, mientras presiona para conseguir una devaluación que beneficiaría sus ingresos.

La discusión por los salarios de los peones rurales está frenada. La oferta de las entidades agropecuarias es del 0% de aumento para el mes de marzo, seguido de un 1,7% en abril y mayo. Sin embargo, el gremio Unión Argentina Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) rechazó esta propuesta y solicitó un aumento acumulativo del 9% en tres tramos.

La situación es crítica, considerando que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza. Según el INDEC, en febrero, la canasta básica total de pobreza (CBT) subió un 2,3%, y una familia tipo necesitó tener ingresos por encima de $ 1.057.923,42 para no ser considerado un hogar pobre.

Mientras tanto, la Mesa de Enlace presiona para que el Gobierno Nacional encare una devaluación del tipo de cambio, lo que les permitiría aumentar sus márgenes de ganancias. Sin embargo, esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía y la sociedad en general.