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La iniciativa del oficialismo, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, beneficiaría a 1.267.000 trabajadores.

El oficialismo impulsó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias. Con la propuesta, presentada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, solo pagarían quienes perciben salarios brutos mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280).

Así, el tributo solo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000.

  • No pagarían Ganancias: trabajadores con ingresos mensuales inferiores a 150.000 pesos.
  • A quienes perciban entre $150.000 y $173.000 (102.741 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas) se les permitiría pagar menos de Ganancias.
  • Alrededor de 730 mil trabajadores que perciben más de $173.000 continuarán pagando el impuesto sin cambios.

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia.

Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $ 74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos.

En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar 569 mil empleados y jubilados; 157 mil en CABA; 103 mil en Córdoba, 98 mil en Santa Fe y 32 mil en Entre Ríos.

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Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento en el precio de las garrafas

La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por hogares que no contaban con gas de red. El ajuste estableció que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de $8.500 a $10.500.

La medida se implementó a través de la Resolución 394/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el organismo, la decisión tenía como principal objetivo que “el precio de la garrafa reflejara los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”.

El incremento es un golpe para los bolsillos de los argentinos, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación y la crisis económica. La medida también generó preocupación entre los usuarios que dependen del GLP para su uso cotidiano.

La decisión del gobierno de aumentar el precio de las garrafas es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los ciudadanos. En un momento en que la inflación y la crisis económica están golpeando duramente a los argentinos, esta suba en el precio de las garrafas es un golpe adicional que puede tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Es hora de que el gobierno reconsidere sus prioridades y busque soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, no solo a los intereses de unos pocos.

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Médicos argentinos en la lucha por una remuneración justa

En el Día del Médico, la atención se centra en la situación precaria de los profesionales de la salud. Los bajos salarios y la creciente tendencia al pluriempleo son solo algunas de las dificultades que enfrentan estos trabajadores.

La remuneración insuficiente es un problema que afecta no solo a los médicos, sino también a la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes. Cuando los profesionales de la salud están obligados a trabajar en múltiples lugares para poder llegar a fin de mes, se corre el riesgo de que la atención médica se vea comprometida.

El pluriempleo no solo afecta la calidad de vida de los médicos, sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La fatiga, el estrés y la falta de concentración pueden ser algunos de los efectos del pluriempleo en la atención médica.

Es necesario que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales. La salud de los argentinos depende de ello.

La situación de los médicos en Argentina es un reflejo de la crisis del sistema de salud en el país. Es hora de que se tomen medidas para garantizar que los profesionales de la salud reciban una remuneración justa y puedan brindar una atención médica de calidad a los pacientes.

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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»

El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.

La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.

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