En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, calificó como «histórico» el acuerdo alcanzado en la última paritaria, pese a los obstáculos impuestos por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Solazo destacó que la demora en la homologación de la paritaria, que abarca de noviembre a marzo, perjudicó directamente a los trabajadores, quienes vieron devaluado su salario mientras se resolvía la situación.

El conflicto surgió cuando la Secretaría de Trabajo objetó el acuerdo firmado por las cámaras industriales y el sindicato, argumentando la ausencia de una firma entre los representantes de una de las siete cámaras. Esta situación, según Solazo, nunca había ocurrido antes y generó una demora de más de dos meses en la homologación.

A pesar de las dificultades, algunas empresas decidieron adelantar los pagos confiando en que la homologación eventualmente se concretaría. Sin embargo, muchas otras se negaron a hacerlo, lo que obligó al gremio a intervenir y negociar con los empleadores para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con la homologación finalmente confirmada, las empresas deben abonar los retroactivos correspondientes a noviembre, aguinaldos y vacaciones, lo que representa un desafío financiero para aquellas que postergaron el pago.

Además del conflicto salarial, Solazo resaltó el trabajo que la UOM San Juan viene realizando en la ampliación de su base de afiliados. Desde la nueva gestión, iniciada en marzo de 2023, el sindicato pasó de contar con aproximadamente 920 afiliados a 1.540, con 600 trabajadores aún sin afiliarse formalmente. Este crecimiento se debe, en parte, a la insistencia del gremio en que las empresas cumplan con su obligación de inscribirse y realizar los aportes correspondientes.

Entre las mejoras implementadas por el sindicato, destacan la expansión de la cartilla de beneficios para los afiliados, incluyendo descuentos en servicios y productos, y la renovación del camping sindical, que había estado abandonado durante tres años. La reciente inauguración de un playón polideportivo también forma parte de las iniciativas para fomentar el deporte y el esparcimiento entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, por primera vez, la UOM extendió la ayuda escolar a niveles secundario y de jardín, en reconocimiento de la importancia de apoyar a los afiliados en todos los niveles educativos.

Martín Solazo también destacó el desafío que enfrenta el sector en la lucha contra los talleres clandestinos y las empresas que operan fuera de la ley, lo que impacta negativamente tanto en la industria como en los derechos laborales. La estrategia del gremio es dialogar con los empleadores para regularizar estas situaciones y proteger a los trabajadores afectados.

Para concluir, el dirigente sindical mencionó la convocatoria de la CGT a un tercer paro nacional el próximo 10 de abril, con el objetivo de apoyar la medida y exigir al gobierno nocional una política salarial más equitativa y la apertura de paritarias libres. Con estos avances y desafíos en el horizonte, la UOM San Juan reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores metalúrgicos.

El reciente anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre la implementación del boleto escolar gratuito ha generado un abanico de reacciones entre la comunidad educativa y la ciudadanía en general. La medida, que busca aliviar el gasto de transporte de estudiantes y docentes, responde a una promesa de campaña, pero su instrumentación y sustentabilidad financiera plantean interrogantes que aún no han sido despejados.

Durante su discurso de Apertura de Sesiones en la Cámara de Diputados, Orrego oficializó la iniciativa que permitirá que tanto alumnos como docentes accedan al transporte sin costo. En la misma línea, la ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó que la medida entrará en vigencia a partir del 14 de abril y precisó que se aplicará tanto a instituciones públicas como privadas.

La propuesta se sustenta en la idea de garantizar el derecho a la educación sin que el costo del transporte se convierta en un obstáculo para la asistencia a clases. En este sentido, representa un avance en términos de equidad, permitiendo que sectores vulnerables no vean afectado su acceso a la escolarización por motivos económicos.

Para hacer efectivo el beneficio, se estableció que los estudiantes y docentes deberán contar con una credencial que los habilite a viajar sin abonar pasaje. Sin embargo, la medida no excluye a quienes no dispongan de esta identificación, ya que en el caso de niños de nivel inicial y primario bastará con que lleven su característico guardapolvo para acceder al servicio gratuito.

Más allá de los principios loables que la sustentan, la implementación efectiva del boleto gratuito despierta ciertos interrogantes. Uno de los puntos clave radica en la logística de distribución de las credenciales y en la fiscalización del uso adecuado del beneficio. Asimismo, el impacto financiero en las arcas provinciales no ha sido suficientemente detallado, lo que abre el debate sobre la viabilidad a largo plazo de la medida.

Si bien el anuncio del boleto gratuito ha sido recibido con entusiasmo por amplios sectores, no han faltado voces críticas que interpretan la decisión como una jugada política. La vinculación con una promesa de campaña sugiere que su implementación podría responder más a un compromiso electoral que a una estrategia integral de movilidad estudiantil.

Es válido preguntarse si esta política de transporte será acompañada de otras medidas complementarias que refuercen la calidad educativa y mejoren la infraestructura escolar. Sin un abordaje más amplio que contemple el fortalecimiento del sistema educativo en su totalidad, el boleto gratuito podría quedar como una medida aislada con un impacto limitado en la realidad estructural de la educación.

La gratuidad del boleto escolar representa, sin duda, un alivio para muchas familias y un avance en términos de inclusión educativa. No obstante, la falta de claridad en su implementación y financiamiento genera incertidumbre sobre su efectividad y sostenibilidad. En este contexto, será fundamental que el gobierno provincial brinde mayores precisiones y garantice que la medida no se convierta en una herramienta de marketing político, sino en una verdadera política de Estado que favorezca el acceso a la educación de manera equitativa y duradera.

En una entrevista con Manuel Jiménes, Secretario General del Sindicato de Empleados de Casinos de San Juan, se abordaron diversos temas de interés para el sector, destacándose el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Casino, que se celebrará los días 22 y 23 de abril en la provincia.

Este evento reunirá a representantes de 13 provincias, con el objetivo de analizar la realidad del rubro y debatir sobre los desafíos actuales de los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y salarios insuficientes. Los sueldos son bajos y no se ajustan a la rentabilidad de la industria del juego”, subrayó Jiménez.

Asimismo, el dirigente sindical señaló que, si bien en algunas provincias se aplican ajustes salariales en función del índice inflacionario, los esfuerzos siguen resultando insuficientes. “El mundo de los casinos siempre ha sido un negocio rentable, por lo que los sueldos deberían reflejar esa realidad”, sostuvo.

El Paro Nacional y la Lucha por Paritarias Libres

En este contexto de creciente malestar social, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional para el próximo 10 de abril, con el objetivo de exigir una revisión de la política salarial y la reapertura de paritarias sin restricciones. Jiménez respaldó la medida y enfatizó la importancia de que el gobierno nacional escuche las demandas de los trabajadores.

“Si realmente hablamos de libertad, como plantea el discurso oficial, entonces los acuerdos salariales deberían ser negociados sin limitaciones entre empleadores y empleados”, argumentó. Además, confirmó la adhesión de la CGT San Juan a la medida de fuerza, señalando que más de 40 sindicatos clave manisfestaron su apoyo a la protesta.

Mayor Control y Auditorías en el Sector del Juego

Por otro lado, Manuel Jiménez se refirió a la solicitud del sindicato para que las empresas concesionarias del juego en San Juan sean sometidas a auditorías más rigurosas. En respuesta a esta demanda, la Caja de Acción Social comenzó a implementar controles más exhaustivos, particularmente en lo que respecta al canon que deben abonar las operadoras del sector, concluyó.

Con un clima de tensión creciente entre los trabajadores y el gobierno nacional, el paro del 10 de abril se perfila como una fuerte señal de protesta en defensa del salario y de mejores condiciones laborales. Entretanto, la industria del juego continúa en la mira, con reclamos por mayor transparencia y equidad en la distribución de sus ingresos.