El juez Roberto Gallardo dictaminó que las fuerzas federales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, no podrán intervenir en la movilización de jubilados prevista frente al Congreso. El fallo subraya la necesidad de respetar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de resguardar los derechos fundamentales de los manifestantes.

La política de seguridad vuelve a colocarse en el epicentro del debate democrático tras un fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, a cargo del magistrado Roberto Gallardo. La resolución, emanada a raíz de una serie de recursos de amparo presentados por organizaciones sindicales y sociales, establece que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deberá abstenerse de participar en la planificación y ejecución del operativo previsto para la movilización de jubilados del próximo miércoles frente al Congreso.

La decisión judicial no es un hecho menor: se inscribe en una coyuntura atravesada por la creciente tensión entre el gobierno nacional y diversos sectores de la ciudadanía que, semana tras semana, se manifiestan por reivindicaciones básicas como el acceso a medicamentos esenciales y la urgente recomposición de haberes previsionales. El fallo representa, además, un límite institucional claro al avance de la Nación sobre competencias propias del gobierno porteño, particularmente en materia de seguridad, regulada por la Ley de Seguridad Interior.

El magistrado fue enfático en su resolución: ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su titular, Jorge Macri, que impidan cualquier intervención de fuerzas federales fuera de los canales expresamente contemplados por la normativa vigente. Según expresó en su dictamen, permitir una injerencia de esa índole significaría un menoscabo tanto de la autonomía de la Ciudad como del rol orgánico y funcional que le cabe a la Policía porteña.

El fallo también conlleva una dimensión profundamente garantista. En efecto, Gallardo remarcó que la resolución no responde a una especulación teórica o a una pulseada entre jurisdicciones, sino a la necesidad urgente de evitar vulneraciones a derechos humanos básicos, como la libertad de reunión, la libre expresión de ideas y la integridad física de quienes se movilizan. En ese sentido, se instruyó a las autoridades locales a delinear un operativo que respete estas garantías, evitando acciones represivas que restrinjan o criminalicen la protesta social.

El contexto no puede ser soslayado: la movilización de los jubilados coincidirá con una jornada de paro general convocado por la CGT, lo cual incrementa la magnitud y sensibilidad del evento. En dicho escenario, el temor de una respuesta estatal desmedida se vuelve tangible, especialmente a la luz de antecedentes recientes donde el uso de las fuerzas federales dejó una estela de represión injustificada, con heridos, detenciones arbitrarias y una creciente judicialización de la protesta.

No es la primera vez que la figura de Bullrich —asociada a una línea dura en materia de seguridad— genera resistencias en sectores sociales y judiciales que ven en su accionar una amenaza a los principios republicanos y a los derechos consagrados constitucionalmente. La resolución de Gallardo, en este sentido, puede leerse como una respuesta institucional frente a un modo de concebir la seguridad que privilegia la coerción por sobre el diálogo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.

La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional

Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.

El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional

Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados

• Paritarias libres y homologadas
• Aumento de emergencia y actualización del bono
• Rechazo a la represión de la protesta social
• Defensa de la industria nacional
• Retorno de la obra pública
• Ejecución de un plan nacional de empleo
• Mayor presupuesto para educación y salud
• Equilibrio económico y justicia social

El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.

Respaldo de la CATT: Un Paso Importante

El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.

Los rectores de las universidades nacionales reunidos en el CIN emitieron un comunicado en el que denuncian la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

La situación en las universidades nacionales es alarmante. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció en un comunicado la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, con dos años sin presupuesto, condiciones materiales precarias, desfinanciamiento, ausencia de becas estudiantiles, salarios por debajo de la línea de la pobreza y abandono del sistema científico.

El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, expresó su profunda preocupación por la situación y ha solicitado al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en la partida reconducida para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.

La situación salarial es particularmente grave, con un desfasaje de más del 80% entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza.

El sistema científico también se encuentra en una situación crítica, con una desinversión y un ajuste que pueden ser terminales si no se toman medidas que reviertan esta situación. La pérdida de recursos humanos extraordinarios formados por la nación es un golpe significativo para el desarrollo científico del país.