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El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento pero hay diferencias en la forma de pago

El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento en línea con la pauta oficial pero persisten diferencias sobre el ordenamiento de los tramos a pagar y la fecha de la futura reapertura de las discusiones.

Según se pudo averiguar, funcionarios de Jefatura de Gabinete vienen manteniendo charlas “informales” con dirigentes de UPCN y ATE con vistas a alcanzar un entendimiento que permita coordinar una convocatoria formal en las próximas semanas. La actual paritaria vence el 31 de mayo y la idea del Ejecutivo es dar otra señal de “previsibilidad” en momentos en que es cuestionada la “hoja de ruta” emprendida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de sus previsiones presupuestarias para ordenar la macro. “Estamos armando una oferta para discutir en el ámbito paritario”, informaron en el oficialismo.

En estas conversaciones informales el gobierno ofreció un aumento salarial del orden del 34% que iría en línea con el 35% con el que finalmente se cerró el salario mínimo vital y móvil y el porcentaje que el último viernes firmaron los docentes universitarios en una cumbre con Alberto Fernández, en Casa Rosada. Se trata de un deslizamiento de la pauta original del 30% producto de la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Justamente esta semana el INDEC informará el IPC de abril que, otra vez, rondaría el 4% con un acumulado anual del 16%.

Es en este marco que, al parecer, las diferencias radicarían en cómo se distribuye ese 34% “en el año paritario que va de junio de 2021 a mayo de 2022”. Se trata de la misma discusión que se produjo el mes pasado durante el debate del Consejo del Salario Mínimo: finalmente se cerró en siete cuotas pero hay temor de que esos montos pierdan valor adquisitivo por la continua suba de precios.

Ahora el ofrecimiento del gobierno incluye una cláusula de revisión para que las partes vuelvan a sentarse a la mesa y discutir una eventual compensación ante una suba de inflación. “Venimos teniendo charlas informales y esa suma está en línea con lo que firmaron los docentes universitarios. Pero nuestra paritaria sigue vigente hasta fin de mes: en abril tuvimos una suba del 6% y ahora en mayo, un 8%”, explicó un vocero de UPCN consultado.

Para ATE, en tanto, el mínimo del incremento salarial debería ser del 35% tal como se acordó en el Consejo del Salario”. Una fuente consultada remarcó que el acuerdo debería garantizar “que en el primer semestre se le gane a la inflación real”, al poner en foco lo que podría ser la segmentación del aumento propuesto por el Ejecutivo. También reclamarán que la paritaria pueda ser “revisada” antes de fin de año y que se privilegie “a los sectores del estado más postergados, como Salud” y que el bono de $6000 se extienda durante todo el año dado que hoy su pago sólo está previsto durante 3 meses.

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La UOM lanza un plan de lucha con paros escalonados en reclamo de mejoras salariales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro nacional de 24 horas para el miércoles 7 de mayo en plantas metalúrgicas y siderúrgicas de todo el país, en el inicio de un plan de lucha por mejoras salariales. La medida es parte de un esquema de protestas aprobado por el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Metalúrgicos 2025.

La UOM, liderada por Abel Furlán, busca presionar por mejoras salariales tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. En la última audiencia, las patronales ofrecieron un incremento del 2% para abril y 1% para mayo y junio, propuesta que la UOM rechazó por considerarla insuficiente frente a la inflación.

El plan de lucha incluye una serie de protestas escalonadas, con paros de 24, 48 y 72 horas en las semanas siguientes. Las fechas exactas de los paros aún no fueron definidas, pero se espera que tengan un impacto significativo en la industria metalúrgica y siderúrgica.

La UOM ya había realizado paros y movilizaciones en marzo de 2024, que paralizaron empresas como Ternium, Acindar y Tenaris. En aquella oportunidad, los trabajadores lograron algunos avances en sus reclamos salariales.

El plan de lucha de la UOM es un claro mensaje de rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han generado una gran incertidumbre en el sector industrial. La UOM busca presionar por mejores salarios y condiciones laborales más favorables para sus afiliados.

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ATE-INDEC denuncia un «ataque sistemático» contra los trabajadores estatales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INDEC) lanzó un duro informe en el que advierte que los salarios del sector público perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en los últimos ocho años y medio. El gremio reclama la reapertura inmediata de las paritarias y califica de «insuficiente y humillante» el último aumento otorgado por el gobierno nacional.

Según datos elaborados por ATE-INDEC, en diciembre de 2016 un salario base de categoría D0 equivalía, en valores actuales, a más de $1.300.000. En la actualidad, ese mismo sueldo apenas supera los $600.000, lo que representa una pérdida del 60% del poder de compra. La caída se replica en todas las escalas del empleo público, confirmando un deterioro sostenido del ingreso real de los estatales.

El gremio apuntó contra las políticas de ajuste aplicadas durante los últimos años, pero fue especialmente crítico con la administración de Javier Milei. «Milei amenaza con que esto va a continuar: más despidos y más recortes salariales», señalaron desde ATE-INDEC, acusando al gobierno de llevar adelante un «ataque sistemático» contra el Estado y sus trabajadores.

Además del rechazo al magro incremento del 1,3%, el sindicato puso el foco en la situación crítica de los empleados bajo régimen de monotributo. Según denunciaron, «ni siquiera hay rumores de aumento» para este sector, lo que agrava aún más la precarización laboral dentro del Estado.

La denuncia de ATE-INDEC se produce en un contexto de creciente tensión laboral y malestar entre los empleados públicos. Con el gobierno insistiendo en su política de recorte del gasto, y los sindicatos en pie de lucha por mejoras salariales urgentes, el conflicto promete escalar si no se reabre el diálogo en paritarias.

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Sindicatos en alerta: la herramienta digital de desafiliación sindical en ARCA y Aduana

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una herramienta digital que permite a sus empleados gestionar su afiliación o desafiliación a los sindicatos que operan en el organismo. Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo por parte de los gremios AEFIP y SUPARA, que consideran que se trata de una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos y una vulneración de la autonomía sindical.

La herramienta digital, implementada a través del sistema interno SARHA, permite a los 19.270 empleados de ARCA notificar de manera ágil su decisión respecto a la afiliación sindical. El sistema también informa el porcentaje del salario que se destina al sindicato en caso de afiliación, o el monto que se recuperaría en caso de desafiliación. Sin embargo, los gremios AEFIP y SUPARA expresaron su profundo rechazo a la implementación de esta opción digital, señalando que constituye un acto de injerencia patronal prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por el país.

Según los gremios, la afiliación sindical es un derecho personal y voluntario del trabajador, que se ejerce directamente con la organización sindical, y que la patronal no tiene competencia legal para administrar, procesar ni gestionar decisiones de afiliación o desafiliación. Además, advierten que el tratamiento de datos personales sensibles, como la pertenencia a una organización sindical, está protegido por la Ley 25.326, que exige el consentimiento informado y limita su uso estrictamente a quien tenga competencia legítima.

La implementación de esta herramienta digital se produce en un contexto de conflicto por la caída de los salarios en ARCA y la Aduana, y ha sido interpretada por los gremios como un intento del Gobierno de debilitar la organización sindical en medio de las tensiones laborales. Los sindicatos exigen la inmediata suspensión de este canal digital y anuncian que evaluarán llevar el caso a la justicia y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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