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El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento pero hay diferencias en la forma de pago

El gobierno y los gremios estatales negocian la paritaria nacional que vence a fin de mes: habría acuerdo en acordar un 34% de aumento en línea con la pauta oficial pero persisten diferencias sobre el ordenamiento de los tramos a pagar y la fecha de la futura reapertura de las discusiones.

Según se pudo averiguar, funcionarios de Jefatura de Gabinete vienen manteniendo charlas “informales” con dirigentes de UPCN y ATE con vistas a alcanzar un entendimiento que permita coordinar una convocatoria formal en las próximas semanas. La actual paritaria vence el 31 de mayo y la idea del Ejecutivo es dar otra señal de “previsibilidad” en momentos en que es cuestionada la “hoja de ruta” emprendida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de sus previsiones presupuestarias para ordenar la macro. “Estamos armando una oferta para discutir en el ámbito paritario”, informaron en el oficialismo.

En estas conversaciones informales el gobierno ofreció un aumento salarial del orden del 34% que iría en línea con el 35% con el que finalmente se cerró el salario mínimo vital y móvil y el porcentaje que el último viernes firmaron los docentes universitarios en una cumbre con Alberto Fernández, en Casa Rosada. Se trata de un deslizamiento de la pauta original del 30% producto de la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Justamente esta semana el INDEC informará el IPC de abril que, otra vez, rondaría el 4% con un acumulado anual del 16%.

Es en este marco que, al parecer, las diferencias radicarían en cómo se distribuye ese 34% “en el año paritario que va de junio de 2021 a mayo de 2022”. Se trata de la misma discusión que se produjo el mes pasado durante el debate del Consejo del Salario Mínimo: finalmente se cerró en siete cuotas pero hay temor de que esos montos pierdan valor adquisitivo por la continua suba de precios.

Ahora el ofrecimiento del gobierno incluye una cláusula de revisión para que las partes vuelvan a sentarse a la mesa y discutir una eventual compensación ante una suba de inflación. “Venimos teniendo charlas informales y esa suma está en línea con lo que firmaron los docentes universitarios. Pero nuestra paritaria sigue vigente hasta fin de mes: en abril tuvimos una suba del 6% y ahora en mayo, un 8%”, explicó un vocero de UPCN consultado.

Para ATE, en tanto, el mínimo del incremento salarial debería ser del 35% tal como se acordó en el Consejo del Salario”. Una fuente consultada remarcó que el acuerdo debería garantizar “que en el primer semestre se le gane a la inflación real”, al poner en foco lo que podría ser la segmentación del aumento propuesto por el Ejecutivo. También reclamarán que la paritaria pueda ser “revisada” antes de fin de año y que se privilegie “a los sectores del estado más postergados, como Salud” y que el bono de $6000 se extienda durante todo el año dado que hoy su pago sólo está previsto durante 3 meses.

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Revés para el Gobierno: la Justicia laboral ordenó suspender la desafiliación digital

La Justicia del Trabajo falló a favor del gremio AEFIP y ordenó suspender la implementación de la herramienta de desafiliación impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) fue aceptada por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 17, que suspendió el acceso digital a los sitios del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona la afiliación y la desafiliación gremial.

La Justicia laboral dio un golpe significativo al Gobierno nacional al suspender el botón digital de desafiliación sindical implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que había sido incorporada como nuevo trámite en el sitio web del organismo, permitía a los trabajadores registrar y presentar en forma autónoma la solicitud de afiliación y desafiliación gremial.

Sin embargo, la AEFIP, que conduce Pablo Flores, presentó un amparo ante la Justicia, argumentando que el sistema diseñado por el Gobierno «no tiende tan solo a facilitar al trabajador la comunicación de descuentos que pretende o no pretende hacer o aceptar, sino antes bien a sustituir una competencia propia» del sindicato. La jueza Rodríguez Fernández validó los fundamentos de la organización sindical y señaló que el sistema «interfiere de modo ilegítimo en un vínculo estatutario e intrasindical que le es ajeno y del cual se encuentra marginado por imperio constitucional y legal».

La importancia de la libertad sindical

La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La AEFIP y el SUPARA, el sindicato de los trabajadores de la Dirección de Aduanas, habían advertido que la herramienta «presentada como un canal ágil y transparente representa una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos, vulnera la autonomía sindical y constituye un acto de injerencia patronal que se encuentra prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país».

La suspensión del botón digital de desafiliación sindical es un golpe significativo al Gobierno y un triunfo para los sindicatos. La decisión de la Justicia laboral destaca la importancia de la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos en la gestión de sus asuntos internos. La medida también advierte sobre los límites del poder estatal en la regulación de las relaciones laborales y la importancia de respetar los derechos y garantías constitucionales y legales de los trabajadores.

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General

El Stvyara advierte que la privatización de rutas nacionales sería un golpe final para Vialidad Nacional

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) advirtió que un inminente decreto del Gobierno de Javier Milei podría liquidar la Dirección Nacional de Vialidad y privatizar rutas nacionales, lo que implicaría el despido de más de 4.000 trabajadores en todo el país.

La situación en Vialidad Nacional es crítica. El Stvyara, liderado por Graciela Aleñá, mantiene la guardia en alto ante versiones que indican que el Gobierno tiene previsto privatizar las rutas nacionales y liquidar la Dirección Nacional de Vialidad. Esto significaría el despido de más de 4.000 trabajadores que se encargan del mantenimiento de las rutas argentinas.

Aleñá expresó su preocupación por la falta de diálogo y la nula actualización salarial, y advirtió que el Gobierno busca darle un golpe final a Vialidad Nacional. «Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir», sentenció la dirigente sindical.

La lucha del gremio

EL gremio anunció que continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema. «Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender a Vialidad», afirmó Aleñá. La dirigente sindical destacó que no solo se trata de defender las fuentes de trabajo, sino también de proteger al pueblo argentino que quedaría desconectado sin la Dirección Nacional de Vialidad.

Un conflicto que llegó a la Justicia

La pelea entre el gremio y la Casa Rosada ya llegó a la Justicia. El Stvyara denunció el freno del envío de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para que no se puedan negociar paritarias, lo que provocó un virtual congelamiento salarial. La presentación recayó en el Juzgado General N°6 y apuntó a un responsable y funcionario de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

La situación en Vialidad Nacional es grave y el Stvyara está dispuesto a luchar por la defensa de las fuentes de trabajo y la Dirección Nacional de Vialidad. La privatización de rutas nacionales y la liquidación de la agencia estatal tendrían un impacto significativo en la economía y la sociedad argentina. El gremio continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema y se garantice la continuidad del organismo estatal.

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«El sindicalismo en la mira: la postura de Marcelo Mena frente al decreto nacional y su visión sobre la minería»

El representante sindical de ASIJEMIN (Sindicato Jerárquico Minero), en la provincia de San Juan, Marcelo Mena, expresó su firme oposición al reciente decreto del Gobierno nacional, que considera un ataque directo al sindicalismo y a los derechos laborales. En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Mena destacó la importancia de defender los derechos conquistados y promover políticas que fomenten el desarrollo sostenible y el trabajo de calidad.

El portavoz sindical de los Jerárquicos mineros destacó que el decreto en cuestión no solo vulnera acuerdos internacionales firmados por la Argentina, sino que representa una amenaza directa a la democracia, al intentar debilitar a los sindicatos como instrumentos de representación y defensa de los trabajadores. «El Gobierno ataca constantemente a los sindicatos y busca recortar derechos conquistados con años de lucha», remarcó.

La importancia de la organización y la lucha sindical

Mena subrayó que las conquistas laborales no fueron otorgadas voluntariamente por los gobiernos, sino que fueron fruto de la organización, la lucha y la negociación colectiva. «El trabajador muchas veces es visto como parte del problema en lugar de la solución, cuando en realidad es clave para el desarrollo del país», destacó.

Por ello, abogó por políticas que promuevan más industria, más trabajo y más inversión, sin recortar derechos. «Necesitamos políticas que fomenten el desarrollo sostenible y el trabajo de calidad», enfatizó.

La minería como sector clave para el desarrollo

En la segunda parte de la entrevista, Mena se refirió a la reciente convención Arminera 2025 que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Describió al evento como «muy participativo, más grande que en ediciones anteriores» y con una gran presencia de actores nacionales e internacionales del sector.

El dirigente gremial destacó la importancia de la seriedad con la que se abordaron los temas mineros, lo cual brinda previsibilidad a las inversiones. «San Juan cuenta con yacimientos de clase mundial y se están generando condiciones favorables para atraer capitales», subrayó.

Mena también valoró la ausencia de manifestaciones antimineras, interpretándolo como un signo de madurez social: “No hubo ni siquiera una bandera o volante, eso indica que la sociedad está dispuesta a escuchar, debatir y avanzar”.

Finalmente, remarcó que por cada puesto de trabajo directo en la minería se generan dos indirectos, lo que demuestra el potencial de crecimiento del sector. Señaló además que la actividad minera, a diferencia de otros rubros, ofrece empleo en blanco y bajo convenios colectivos, lo cual representa un estándar de formalidad que debe valorarse.

Con un cierre optimista, Marcelo Mena deseó que las futuras generaciones puedan seguir construyendo sobre los logros actuales y agradeció el espacio brindado.

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