La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), que lidera Julio Estévez (h), advirtió hoy que convocará a un paro de una semana, con asistencia al trabajo, y que no iniciará las ejecuciones fiscales del año si no se actualizan los honorarios que perciben los agentes judiciales del organismo.
Un documento gremial firmado por Estévez (h) y la secretaria de Prensa, Cultura y Capacitación, Florencia Barbieri, explicó hoy que ese personal -agrupado en la Seccional Representantes del Fisco- es el más numeroso y que a esos trabajadores «las paritarias no les impacta en el bolsillo porque viven del cobro de sus honorarios».
«Esos ingresos están de forma virtual congelados no obstante la brutal inflación anual», señalaron los sindicalistas, quienes detallaron que el sector percibía un honorario propio máximo de 5 mil pesos en 1997 (entonces igual al dólar); en 2015 de 7 mil pesos y, en la actualidad, un tope por juicio de 14 mil pesos», aclararon.
También enfatizaron que si esos honorarios fuesen actualizados desde su creación en 1997 el tope por juicio debería ser hoy de 320.064 pesos, sin un aumento, y añadieron que «el 100 por ciento de lo percibido por los agentes judiciales es pagado por el contribuyente fuera de la recaudación, es decir, no le cuesta un centavo a la AFIP».
«El 50 por ciento de lo que abonan esos contribuyentes se destina a la bolsa de la totalidad de los empleados del organismo, por lo que el reclamo no es sectorial sino que apunta a beneficiar al conjunto», puntualizaron Estévez (h) y Barbieri.
Además, el gremio expresó su «alegría» por la incorporación a todas las áreas de forma diaria de nuevos empleados contratados o trasladados a planta, aunque para los futuros ingresos de trabajadores reclamó «la participación de los sindicatos».
La Upsafip, que agrupa al personal jerárquico escalafonario de los grupos 17 a 26 en el organismo recaudador nacional, sostuvo que «es posible mejorar aspectos que reclaman los trabajadores de la AFIP», y explicó que «esa participación está determinada por la ley y los convenios aplicables respecto de la idoneidad de los postulantes y del régimen de transparencia en los variados procesos de su selección».
El gremio reclama en ese sentido «activa participación», y demandará una veeduría sindical, ya que «la demanda va de la mano del nuevo Código de Ética dictado por la propia administración federal para fomentar los valores institucionales, la no discriminación y la legalidad como valores aplicables al conjunto de los trabajadores».
«Hubo diálogo demasiado tiempo. Es momento de actualizar los importes de los valores judiciales y de que el gremio tenga participación en el proceso de incorporación de nuevo personal para evitar una medida de fuerza escandalosa, como sería la suspensión de las cobranzas judiciales, lo que nunca ocurrió», dijeron los dirigentes.
Por último, Estévez (h) sostuvo que «la AFIP limita lo que cobran los agentes judiciales cuando realizan un juicio por deudas», y explicó que existe «una ley nacional de aranceles que determina lo que debe percibir un abogado por una ejecución, pero esa norma no es obedecida, lo que perjudica al empleado y fomenta la morosidad».
«Es más barato ir a juicio con un 110 por ciento de inflación anual que pagar en tiempo y forma. Es injusto para el trabajador y el ciudadano que abona impuestos», concluyó.
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Trabajadores del transporte y organizaciones sociales marchan contra el gobierno
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el miércoles 25 de junio, en respuesta al plan del gobierno y en defensa de los derechos laborales. La marcha es una reacción general del área del transporte y cuenta con el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, convocó a una movilización multisectorial hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. La marcha, programada para el miércoles 25 de junio, es una respuesta contundente al plan del gobierno y busca defender los derechos laborales y la soberanía.
La CATT ha unido fuerzas con otros sindicatos y organizaciones sociales para formar el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos. Este frente multisectorial busca dar una respuesta colectiva a las políticas del gobierno nacional que afectan a los trabajadores y a la economía popular. Entre los sindicatos y organizaciones convocantes se encuentran la Federación Marítima Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), La Fraternidad, la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (ATE-PBA), la CTA Capital, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios eléctricos y Afines (FATIDA), la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
Repudio al DNU 340/25
La CATT repudió explícitamente el DNU 340/25, que busca enmarcar judicialmente la nulidad del derecho a huelga. Esta medida es vista como un ataque a los derechos laborales y sindicales, y que ha causado un amplio rechazo en el sector del transporte y otras actividades laborales.
La movilización del 25 de junio es un llamado a la acción para todos los trabajadores y organizaciones sociales que se sienten afectados por las políticas del gobierno. La CATT y el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y Salarios Justos buscan dar una respuesta colectiva y contundente a las políticas que afectan tanto a los trabajadores como así también a la economía popular.
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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno
Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.
El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.
La justificación de Salud
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.
La reacción de los residentes
Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».
La posición de ATE
Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.
La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.
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El Congreso se convirtió en el epicentro de una gran movilización de sectores sociales
En un miércoles especial, el Congreso y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de una gran movilización que reunió a diversos sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno. Puertas adentro, se estaba tratando el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que afuera, miles de personas se congregaron para reclamar la sanción de una ley que ponga un freno a los recortes llevados a cabo por la gestión de Javier Milei.
La manifestación fue pacífica y contó con la participación de jubilados, científicos, médicos y discapacitados, todos vulnerados y pisoteados en sus derechos por parte de un Ejecutivo nacional. Acompañados también por el colectivo ‘Ni una menos’, los manifestantes alzaron la voz para hacer oír sus demandas.
Las demandas
Atrasos salariales, condiciones de trabajo precarias, ajustes de personal, quita de medicamentos y condiciones de vida indignas son algunas de las causas que motivaron esta marcha multitudinaria. Los jubilados vienen manifestándose frente al Congreso todos los miércoles, y en las últimas movilizaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los manifestantes.
La represión
Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaron un extenso y exagerado operativo en la zona del Congreso. La ministra de Seguridad amenazó con violentar a los manifestantes en caso de agresión contra personal policial, lo que es un claro ejemplo de violencia institucional con el aparato de la fuerza del Estado.
La unión de las luchas
Bajo la consigna «Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos», miles de personas se congregaron frente al Parlamento, donde se reunieron con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. El movimiento feminista decidió unirse este año a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud.
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