Iván Maya, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), compartió un análisis profundo sobre el panorama minero en el país. Resaltó la amplitud de este sector en la provincia de San Juan, dividiéndolo en dos realidades principales: la minería metalífera y la de segunda y tercera categoría, como la cementera, la molienda de minerales y la minería extractiva.

Maya señaló que este último segmento enfrenta una crisis debido a la paralización de la obra pública, la cual absorbe entre el 60% y 70% de su producción. Sin proyectos en marcha, el sector está en caída. Por otro lado, destacó las expectativas generadas en torno al desarrollo del cobre, que podrían materializarse en los próximos años.

El impacto del RIGI

Respecto al Régimen de Incentivo a las Inversiones Mineras (RIGI), Maya expresó su desacuerdo. Consideró que las condiciones otorgadas a las empresas extranjeras eran excesivas y podían desfavorecer a los proveedores locales en un contexto económico adverso. Argumentó que, aunque el régimen ya es un hecho, su implementación podría dificultar la competitividad de los servicios locales frente a los costos de la región.

Paritarias y retos laborales

En el ámbito económico, Maya explicó que, aunque las paritarias en la minería metalífera están cubiertas hasta enero, los sectores de segunda y tercera categoría enfrentan grandes dificultades. Empresas como las de Calipiedra no han podido acordar paritarias debido a la inestabilidad financiera. En años anteriores, los acuerdos salariales habían superado la inflación, pero la situación actual es menos favorable.

Desafíos hacia 2025

Maya enfatizó los retos venideros, especialmente con la posible consolidación de proyectos de cobre. El sector laboral deberá adaptarse rápidamente a nuevas realidades operativas, marcadas por tecnologías avanzadas y el uso creciente de la inteligencia artificial. Este ajuste será clave para mantenerse competitivo y relevante en el mercado global.

La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) anunció un paro para el 30 y 31 de diciembre, lo que podría generar una escasez de carne para la tradicional parrillada de fin de año.

La disputa entre la Foica y los empresarios del sector de la carne por los salarios llevó a un nuevo paro, que podría tener un impacto significativo en la tradicional parrillada de fin de año. Según Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), «es muy posible que en los primeros días de enero no haya asado» debido a la falta de faenas el 30 y 31 de diciembre.

La Foica, que está en conflicto con los empresarios del sector desde hace meses, alega que el paro es «en defensa de la negociación colectiva y los consejos de salarios». Martín Cardozo, dirigente de la Foica, afirmó que «el objetivo es un convenio colectivo» y que no cree que falten productos en la carnicería.

Sin embargo, Falero advirtió que los frigoríficos están entregando carne «cuotificada», lo que podría generar una escasez de carne para los comerciantes finales. «Un poco de asado va a faltar», reconoció.

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios del sector público terminó sin ofrecimientos salariales, generando un fuerte malestar entre los trabajadores. ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión?»

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios del sector público, celebrada recientemente, terminó sin que se presentara ninguna oferta salarial por parte del Ejecutivo. Esta decisión gereró un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes ven en esta dilación una estrategia para seguir ajustando sus salarios.

Según el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, «los tiempos del Gobierno no se corresponden con las necesidades urgentes que tienen los trabajadores». Aguiar también destacó que «a estos funcionarios les sobra plata para llegar a fin de mes», en referencia a la capacidad del Gobierno para hacer frente a sus compromisos salariales.

La inflación, que superó el 112% en 2024, ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público. En este contexto, esta demora salarial por parte del Gobierno ha sido vista como una medida que agrava la situación de los trabajadores.

«El Ejecutivo mantiene su estrategia de retardar los incrementos y de esa manera seguir ajustando los salarios en el Sector Público», afirmó Aguiar. Este plan, según el líder gremial, generó una pérdida estimada del 40% en el salario de los trabajadores del sector público.