La Coalición Juntos por el Cambio (JxC) impulsa una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo que busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación. Este proyecto, apoyado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica, responde a las demandas de las cámaras empresariales para frenar lo que denominan «la industria del juicio» ¹.

¿Qué implica la reforma?

La propuesta establece una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés anual del 3%. Esto significa que las indemnizaciones laborales no podrán superar los límites del IPC más el 3% anual. La reforma afectará tanto los juicios pendientes como los concluidos sin pago.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Tetaz, aprobó tres dictámenes sobre la reforma. Sin embargo, aún debe pasar por la Comisión de Finanzas, liderada por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), antes de llegar al recinto.

Las cámaras empresarias celebran el avance, argumentando que la litigiosidad laboral es un obstáculo para el desarrollo de empleos de calidad. Sin embargo, los críticos advierten que esta limitación podría perjudicar a los trabajadores en un contexto de alta inflación. Las ART sugieren que un cambio estructural requiere la implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias.

¿Qué sigue?

El proyecto podría demorarse hasta 2025 si no se incluye en sesiones extraordinarias. Mientras tanto, la UART reporta un aumento del 7,6% en los juicios por riesgos del trabajo en los primeros diez meses de 2024, con 105.960 casos registrados.

Con un alto acatamiento y un gran movilización, los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial y municipal y de los hospitales de la provincia de Córdoba realizan un paro por 24 horas en reclamo por la recomposición salarial que les viene negando el ejecutivo que preside Martín Llaryora.

La convocatoria fue efectuada por el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP), conducido por Sergio Castro, a la que también se acoplaron el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), destaca Mundo Gremial.

Tras concentrar en diferentes puntos de la ciudad capital, las organizaciones sindicales movilizaron al Palacio 6 de Julio, donde se encuentran cortadas las calles por la concurrencia de trabajadores estatales y profesionales de la salud. “Los empleados públicos hacemos historia. Nos movemos por nuestros derechos”, afirmaron desde el SEP.

Cabe destacar que el gremio de los estatales provinciales viene de realizar una medida de fuerza el pasado viernes, cuando la falta de respuestas motivó la definición de una nueva acción directa anunciada como “contundente e histórica”. “Nos van a escuchar, les guste o no. Si no nos dan aumento, se les viene el Cordobazo”, aseveró Castro.

Por su parte, los trabajadores de la salud de los hospitales provinciales nucleados en la Sanidad mantienen activas las guardias mínimas en reclamo por salarios dignos, la reglamentación de la ley 10.889, el pase a planta de permanente y el cese de los descuentos extraordinarios  del APROSS.

“Nos parece preocupante la frialdad del gobernador en no querer resolver esta grave situación”, señalaron desde ATSA Córdoba, que movilizaron junto a los otros gremios a la gobernación provincial para reforzar los diferentes pedidos y planteos que, hasta el momento, no han sido atendidos por la actual gestión.

En una reunión que se realizó sin la presencia de Pablo Moyano, la mesa chica de la central sindical decidió apostar al diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresarial.

Tras una reunión que se llevó adelante este martes en la sede de UPCN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su postura y descartó realizar un nuevo paro general antes de fin de año, a pesar de la postura de Pablo Moyano, quién había deslizado la posibilidad de una nueva medida de fuerza para diciembre.

La mesa chica de la CGT descartó llevar adelante una huelga el próximo mes y apostó al diálogo con la mesa tripartita que componen junto al Gobierno y el sector empresario.

En este sentido, fue Juan Carlos Schmid, reciente titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quién pidió una reunión urgente del Consejo Directivo con el fin de establecer la continuidad del plan de lucha, idea que no fue descartada, pero la mayoría coincidió en que la mejora económica y la recuperación del empleo en ciertos sectores, no justifican llevar a cabo una nueva medida de fuerza.  

En este sentido, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, había señalado que su postura era realizar un paro nacional para diciembre en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional, con una gran movilización.

Del encuentro participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero (UDA), Rodolfo Daer (Alimentación), Alejandro amor (Municipales-CABA), Gerardo Martínez (UOCRA), Julio Piumato (Judiciales), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Cristián Jerónimo (Vidrio) y Miguel Paniagua (Espectáculo Público).