En un giro significativo en las negociaciones salariales, los gremios docentes UDA, UDAP y AMET lograron ponerse de acuerdo con el Estado Provincial, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Este entendimiento representa un avance sustancial en la búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales para los docentes de la provincia.

El convenio alcanzado implica un incremento de 10 puntos en el nomenclador docente a partir del salario de marzo 2025, que será liquidado junto con el salario de abril. Esta medida tendrá un impacto directo en la remuneración de los docentes, mejorando su poder adquisitivo y reconociendo su valiosa contribución a la educación.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, destacó que el acuerdo es un paso importante para salir de la coyuntura actual y mejorar las condiciones salariales de los docentes. «La docencia sanjuanina se expresó y dijo basta, y en el día de ayer hemos tenido un importante acatamiento al paro», expresó Quiroga, subrayando la unidad y determinación de los docentes en la lucha por sus derechos.

El representante de AMET, Daniel Quiroga, coincidió en que el acuerdo es beneficioso para los docentes y destacó que el incremento en el nomenclador docente tendrá un efecto positivo. «Estos diez puntos van a impactar mucho porque, más en el mes de marzo que lo vamos a cobrar con el mes de abril y con el incremento del mes de abril», detalló Quiroga.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios docentes es un paso en la dirección correcta, pero es importante tener en cuenta que la inflación de marzo conocida recientemente del 3,7% afectará al salario. Por lo tanto, será fundamental la próxima mesa de negociación paritaria a realizarse el martes 15 de abril a las 16:30 horas para discutir los sueldos del mes en curso y otros temas relevantes.

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció una nueva prórroga para la tramitación de la Credencial Escolar y Docente, un documento esencial para la identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas de la provincia. La nueva fecha límite para obtener la credencial será el 31 de mayo de 2025, lo que brinda un mayor plazo para que estudiantes y docentes puedan cumplir con este requisito.

Esta herramienta importante facilita la identificación de alumnos y docentes en el transporte público, y su obtención es necesaria para acceder al boleto escolar y docente gratuito. Sin embargo, en los niveles inicial, primario y secundario, su uso no será obligatorio siempre que el estudiante viaje con guardapolvo o uniforme de la institución.

La decisión de prorrogar el plazo para obtener esta acreditación responde a las solicitudes realizadas por estudiantes y docentes, quienes solicitaron una extensión del plazo para poder cumplir con este requisito.

Beneficios de la credencial

• Acceso al boleto escolar y docente gratuito
• Identificación y seguridad dentro de las instituciones educativas
• Facilidad para acceder a beneficios y servicios específicos

La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.