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El proyecto de monotributo tecnológico, que procura regularizar la situación de los profesionales que desde Argentina trabajan para empresas del exterior, inició su trayecto legislativo en el Senado nacional, que si lo aprueba sin modificaciones quedará convertido en ley.

La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) espera en el tratamiento legislativo exponer su opinión contraria a la iniciativa por considerar que pone a las compañías nacionales del sector en desventaja respecto de las radicadas fuera del país en la competencia por la contratación de recursos humanos especializados.

«El monotributo tech pone una desventaja entre las empresas que están radicadas en la Argentina y quienes están afuera; además precariza el mercado laboral en el país», sostuvo hoy el titular de la Cessi, Sergio Candelo, en diálogo con Télam.

La propuesta busca regularizar la situación de al menos 30.000 trabajadores de la economía del conocimiento (software, servicios profesionales, biotecnología, nanotecnología, industria audiovisual, etc).

Desde la Secretaría de la Economía del Conocimiento, promotora de la iniciativa, se destacó que el nuevo Régimen Tributario Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, «promueve el desarrollo de la actividad de profesionales autónomos y talentos de distintas ramas basadas en el conocimiento que hoy exportan servicios al exterior».

Desde la industria marcaron que un trabajador que adhiera al monotributo tecnológico cómo está previsto en el proyecto termina aportando al fisco $376.164,00 anuales mientras que un trabajador en relación de dependencia en una empresa radicada en el país aporta $13.637.060,24.

La industria de software en Argentina la integran unas 5.000 empresas que emplean a 150.000 personas y exportó el año pasado US$2.600 millones. Su proyección es en 7 años llegar a los 400.000 puestos de trabajo con exportaciones por US$10.000 millones.

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La pobreza y la desigualdad se agravan en Argentina debido a la informalidad laboral

La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.

El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.

El crecimiento de la informalidad

Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.

Sectores más afectados

La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.

La recesión económica

La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.

La pobreza y la desigualdad

El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.

La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.

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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.

El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.

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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno

Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.

El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.

La justificación de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.

La reacción de los residentes

Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE

Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.

La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.

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