El proyecto de monotributo tecnológico, que procura regularizar la situación de los profesionales que desde Argentina trabajan para empresas del exterior, inició su trayecto legislativo en el Senado nacional, que si lo aprueba sin modificaciones quedará convertido en ley.
La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) espera en el tratamiento legislativo exponer su opinión contraria a la iniciativa por considerar que pone a las compañías nacionales del sector en desventaja respecto de las radicadas fuera del país en la competencia por la contratación de recursos humanos especializados.
«El monotributo tech pone una desventaja entre las empresas que están radicadas en la Argentina y quienes están afuera; además precariza el mercado laboral en el país», sostuvo hoy el titular de la Cessi, Sergio Candelo, en diálogo con Télam.
La propuesta busca regularizar la situación de al menos 30.000 trabajadores de la economía del conocimiento (software, servicios profesionales, biotecnología, nanotecnología, industria audiovisual, etc).
Desde la Secretaría de la Economía del Conocimiento, promotora de la iniciativa, se destacó que el nuevo Régimen Tributario Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, «promueve el desarrollo de la actividad de profesionales autónomos y talentos de distintas ramas basadas en el conocimiento que hoy exportan servicios al exterior».
Desde la industria marcaron que un trabajador que adhiera al monotributo tecnológico cómo está previsto en el proyecto termina aportando al fisco $376.164,00 anuales mientras que un trabajador en relación de dependencia en una empresa radicada en el país aporta $13.637.060,24.
La industria de software en Argentina la integran unas 5.000 empresas que emplean a 150.000 personas y exportó el año pasado US$2.600 millones. Su proyección es en 7 años llegar a los 400.000 puestos de trabajo con exportaciones por US$10.000 millones.
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La inflación en abril fue de 2,8% y una familia necesitó $1.110.063 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para abril de 2025. Los números revelan que una familia necesitó $1.110.063 para no ser pobre, mientras que una persona adulta requirió $359.244.
La CBT, que incluye alimentos, indumentaria, salud, transporte y educación, registró una suba del 0,9% en abril, lo que significa que una familia necesitó $1.110.063 para no caer en la pobreza. Por su parte, la CBA, que solo considera los alimentos necesarios para comer, aumentó un 1,3% en abril, lo que implica que una familia tipo requirió $502.291 para no ser indigente.
Los datos del Indec también revelan que la inflación en abril alcanzó el 2,8%, lo que sigue presionando sobre los ingresos de las familias y personas. La CBT acumula un aumento del 8,4% en lo que va del año, mientras que la CBA registra un incremento del 11,8%.
Estos números son un llamado de atención sobre la situación económica que atraviesan las familias y personas en Argentina, y se destaca la importancia de políticas públicas que apunten a reducir la pobreza y la indigencia.
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Tierra del Fuego: La UOM convocó a un paro general contra la eliminación de aranceles

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego convocó a un paro general por tiempo indeterminado en rechazo a la eliminación de beneficios para la industria fueguina. Los trabajadores temen por la pérdida masiva de empleos y advierten que podrían intensificar las protestas si el Gobierno nacional no reconsidera sus decisiones.
El paro, que comenzó al mediodía del miércoles, es una respuesta urgente a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que afectan directamente al régimen industrial de Tierra del Fuego. La eliminación de aranceles a los teléfonos móviles fabricados en la provincia, la reducción de impuestos internos y la modificación del subrégimen industrial establecido por la Ley 19.640 generaron una gran preocupación en el sector.
La UOM fueguina llamó a toda la comunidad a tomar conciencia del impacto social y económico que tendría una reducción de la producción local. El sector industrial de Tierra del Fuego, sostenido por un régimen de beneficios especiales desde hace décadas, es una de las principales fuentes de empleo en la provincia. La modificación del mismo podría abrir la puerta a una ola de despidos y al cierre de plantas fabriles
La medida adoptada por la UOM es un claro mensaje de alerta al Gobierno nacional sobre las consecuencias de sus decisiones. La eliminación de beneficios para la industria podría tener un impacto devastador en la economía local y en la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
La UOM advirtió que esta huelga es solo el comienzo de un plan de lucha más amplio, que podría profundizarse en las próximas horas si el Poder Ejecutivo no reconsidera sus decisiones. La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata del Ejecutivo nacional para evitar una crisis social y económica en la provincia.
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La industria electrónica de Tierra del Fuego en riesgo: el Gobierno elimina aranceles

La decisión del Gobierno nacional de suprimir los aranceles a la importación de tecnología ha generado una profunda inquietud en Tierra del Fuego, donde la industria electrónica es un pilar fundamental de la economía provincial. El gobernador Gustavo Melella expresó su preocupación por las consecuencias negativas que esta medida podría tener en las industrias de televisores y aires acondicionados.
La medida adoptada por el Gobierno nacional forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Melella, esta decisión responde directamente a las exigencias del FMI y representa un duro golpe para la industria fueguina, que ha sido históricamente uno de los principales motores económicos de la provincia.
La producción electrónica de Tierra del Fuego se ha desarrollado gracias a un modelo de promoción industrial que incentiva la fabricación. La provincia ha logrado crear una industria de alta calidad que no solo genera empleo, sino que también representa un avance tecnológico significativo para el país.
Sin embargo, la supresión de los aranceles a la importación de tecnología podría alterar el equilibrio competitivo en el mercado local. La mayor competencia de productos importados podría llevar a una disminución en la demanda de productos nacionales y, consecuentemente, a una pérdida de puestos de trabajo.
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