CONÉCTATE CON NOSOTROS

Al filo del vencimiento de la conciliación obligatoria que puso en suspenso las medidas de fuerza en las principales empresas de acero del país, la Unión Obrera Metalúrgica acudió hoy a una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo con el fin de cerrar algunos puntos inconclusos de la paritaria de abril. En el marco de un nuevo horizonte inflacionario del 9 por ciento para mayo, algunos gremios vuelven a reactivar las negociaciones de cara al próximo trimestre o buscan cerrar los capítulos pendientes con premura antes de reabrir las conversaciones.

Sin embargo, las negociaciones -como se esperaban- no alcanzaron buen puerto. Y aunque se fijó nueva fecha para una cita en Trabajo el próximo jueves, la UOM y los empresarios continuarán negociando en privado. Mientras tanto, la cartera de Kelly Olmos extendió la conciliación obligatoria para evitar medidas de fuerza que puedan dificultar el clima de la conversación,

El último martes, empresas y gremio no pudieron ponerse de acuerdo en sus negociaciones por lo que se abrió la instancia del viernes con un cuarto intermedio hasta el viernes 2 de junio a las 11. En la misma fecha vencía también la conciliación dictada por la cartera de Kelly Olmos pero siempre estuvo la opción de extender su vigencia en estudio, tal como anticipaban los actores involucrados que podía ocurrir.

 Sobre la mesa está pendiente afinar la recomposición salarial para la rama de siderúrgicos. Específicamente definir el salario conformado -básico más adicionales- para casi 300 mil trabajadores y trabajadoras nucleados en las firmas de la Cámara Argentina del Acero y el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos de la Argentina. Es un punto que había quedado en el aire en la última negociación de abril.

El malestar por la falta de precisiones en este punto puso a las y los trabajadores en las plantas de Ternium y Acindar al borde de una medida de fuerza por la falta de precisiones por parte de los empresarios. En abril último, la UOM había firmado un 18,8% de incremento salarial en dos tramos para el trimestre abril-junio tanto con la rama siderúrgica como la del acero.  

Con la inflación acumulada de estos dos primeros meses del acuerdo, es probable que se aproxime a ese monto y queden detrás en junio. El entendimiento, que planteaba seguir de cerca la evolución de la inflación, fijaba a la vez una cláusula de revisión, previendo esta situación.

La paritaria en esta rama dejó estipulada además la posibilidad de discutir los básicos y adicionales en cada planta. Ante la falta de respuestas a los pedidos de las seccionales de San Nicolás y Villa Constitución, sede de los dos gigantes del sector, de Acerlor Mittal y Techint, el malestar fue en crecimiento. En consecuencia, Trabajo intervino para mantener encarrilada la negociación y evitar medidas, fijando una conciliación en mayo tanto en Acindar como Ternium.

La cita del último martes no logró calmar las aguas. Todo lo contrario. Por eso tampoco había, a priori, mejores expectativas para el encuentro de hoy.

Continúe Leyendo

destacada

La CATT denunció las medidas de desregulación del Gobierno

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la Marina Mercante y en otras áreas de la actividad, y anunció que realizará un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo en defensa del derecho a huelga y la soberanía nacional.

La CATT, liderada por Juan Carlos Schmid, criticó duramente las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, argumentando que promueven la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, ponen en jaque la soberanía nacional, destruyen la industria nacional y amenazan gravemente el trabajo argentino. En particular, la Confederación se opuso a la desregulación de la Marina Mercante, que considera un sector estratégico para el desarrollo del país.

La CATT también criticó las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte, argumentando que afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino.

Además, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral. La Confederación considera que esta ofensiva atenta no solo contra la fuente de trabajo, sino también contra la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país.

La violación del derecho a huelga

La CATT también denunció la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte, argumentando que la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado. La Confederación considera que esta actitud configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en la Constitución Nacional y en el convenio 87 de la OIT.

Continúe Leyendo

destacada

La CGT se prepara para frenar el decreto que afecta el derecho a huelga

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un contundente comunicado en el que denuncia la intención del Gobierno Nacional de suprimir el derecho a huelga en Argentina a través de un decreto y adelantó que buscará frenar la medida con acciones legales y sindicales.

El Decreto 340/2025, publicado recientemente, crea la figura de «actividades de servicios trascendentales» y establece condiciones similares a las actividades esenciales, lo que engloba a casi todos los sectores de la economía. La CGT sostiene que el Gobierno busca eliminar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país, y que la medida equivale a cercenar el derecho constitucional a la huelga de millones de trabajadores.

La central obrera enfatizó que la medida es inconstitucional y que viola los tratados internacionales y la legislación vigente. En este sentido, adelantó que llevará adelante una presentación ante la justicia para frenar el alcance inmediato de la medida. La CGT también expresó que no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada del Gobierno y que dará las batallas que tenga que dar para garantizar este y otros derechos amenazados.

La medida adoptada por el Gobierno nacional es un claro intento de limitar el derecho a huelga y de restringir la capacidad de negociación de los trabajadores. La creación de la figura de «actividades de servicios trascendentales» es un mecanismo para ampliar la categoría de actividades esenciales y englobar a casi todos los sectores de la economía. Esto puede generar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo y afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

Continúe Leyendo

destacada

El Gobierno limita el derecho a huelga por decreto y amplía las actividades esenciales

El Gobierno nacional publicó un decreto que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo de entre 50 y 75% en caso de conflicto sindical. La medida generó preocupación entre los sindicatos y los trabajadores, ya que vulnera el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

El decreto de necesidad y urgencia 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece que los conflictos colectivos que afecten la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental deberán garantizar un funcionamiento mínimo. En el caso de los servicios esenciales, se establece un mínimo del 75% de la prestación normal del servicio, mientras que para las actividades de importancia trascendental, el mínimo será del 50%. Esta medida implica una restricción significativa al derecho a huelga, ya que los trabajadores y los sindicatos deberán garantizar un nivel de servicio que puede ser difícil de cumplir en caso de conflicto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han expresado su rechazo a la medida, argumentando que vulnera el derecho a huelga y la libertad sindical. Según los críticos, esta medida es un intento del Gobierno de limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y de debilitar su poder de presión en caso de conflicto. Además, la medida puede generar un desequilibrio en la relación entre empleadores y empleados, favoreciendo a los primeros en detrimento de los segundos.

La limitación del derecho a huelga y la ampliación de las actividades esenciales es una medida que afecta directamente a los trabajadores y sus organizaciones. La imposición de un funcionamiento mínimo en caso de conflicto sindical puede limitar la capacidad de negociación de los sindicatos y obligarlos a aceptar condiciones desfavorables. Además, la medida puede ocacionar un clima de tensión y conflicto en el lugar de trabajo, lo que puede afectar negativamente la productividad y la calidad del servicio.

Continúe Leyendo

Tendencias