Los gremios universitarios ratifican un paro nacional de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, exigiendo mejoras salariales y rechazando la represión a los jubilados.

En una situción compleja entre el gobierno nacional y los gremios universitarios, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó un paro nacional de 48 horas para el próximo 17 y 18 de marzo. La medida de fuerza busca denunciar los aumentos salariales unilaterales y el ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei.

Los gremios señalaron que los aumentos otorgados de manera unilateral no lograron recuperar la inflación de enero y febrero, lo que ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios. Además, denunciaron la falta de presupuesto universitario y la «completa arbitrariedad» del gobierno en el manejo de los fondos públicos.

La dirigencia gremial universitaria advirtió que el sistema educativo enfrenta un escenario crítico ante la falta de presupuesto y la represión policial. «Acá está en juego la república», expresó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).

El paro nacional cuenta con el apoyo de todos los gremios docentes y nodocentes del país, incluyendo la CONADU, CONADU-Histórica, FAGDUT y FATUN. La medida de fuerza se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias y políticas, y se presenta como una respuesta contundente frente al ajuste económico y la represión policial.

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales sigue latente en la provincia de San Juan y en todo el país. En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Collado brindó detalles sobre la situación que atraviesan los empleados del sector y las medidas de fuerza que se han dispuesto para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Desde diciembre de 2023, los judiciales nacionales no han recibido una recomposición salarial, lo que ha generado una significativa pérdida del poder adquisitivo. Según Collado, los trabajadores han visto reducida su capacidad de compra en un 25 % durante 2024, lo que ha impactado no solo en su calidad de vida sino también en el consumo general de la población. Frente a este escenario, el gremio ha decidido intensificar sus reclamos con una serie de manifestaciones y protestas.

Medidas de fuerza en todo el país

Las acciones gremiales han sido constantes durante la última semana. Todo comenzó con la participación en la marcha del Día de la Mujer, continuó con un acompañamiento a los jubilados en distintas ciudades y un banderazo en Buenos Aires. La medida más contundente está prevista para el viernes, con un paro nacional sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Collado destacó la importancia de garantizar guardias mínimas para atender situaciones urgentes, considerando que detrás de los trámites judiciales hay personas que dependen de la resolución de sus causas. “Entendemos que trabajamos con justicia y que detrás de los papeles hay personas. Siempre se establecen guardias mínimas para evitar perjuicios mayores a la población”, explicó.

Preocupación por la situación de los jubilados

Otro de los puntos que preocupa al gremio es la situación de los jubilados, quienes, según Collado, atraviesan una crisis profunda debido a los bajos haberes y las recientes modificaciones en el sistema previsional. “Es muy penoso que un trabajador, luego de años de esfuerzo, pase a cobrar apenas el 47 % de su sueldo. Es inaceptable que un compañero que se jubila de un día para el otro no pueda sostener su calidad de vida”, expresó.

El referente gremial también cuestionó la suspensión de las moratorias previsionales, argumentando que muchas personas han trabajado en la informalidad por falta de oportunidades y no por elección propia. “No se trata de vagancia, sino de la realidad laboral del país. No todos han tenido la posibilidad de acceder a un empleo en blanco, y ahora se les niega la oportunidad de jubilarse dignamente”, agregó.

Un gremio con trayectoria y coherencia

Collado resaltó la coherencia del gremio a lo largo del tiempo y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. “Hace mucho tiempo que venimos peleando por salarios dignos y mejores condiciones laborales. Nuestro sindicato siempre ha mantenido una postura firme en la lucha por los derechos de los judiciales, y esta no será la excepción”, concluyó.

El conflicto sigue en pie y, con el paro nacional en el horizonte, el sector judicial refuerza su postura en busca de una solución concreta. Mientras tanto, la incertidumbre y la preocupación siguen creciendo entre los trabajadores y jubilados, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora en un contexto económico cada vez más difícil.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general antes del 10 de abril, formalizando así un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. La medida, que será oficializada el 20 de marzo en la reunión del Consejo Directivo Nacional de la central obrera, representa la tercera huelga de alcance nacional desde la asunción del presidente libertario.

Este anuncio, realizado por Héctor Daer en el Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no solo ratifica el rechazo del sindicalismo a las políticas de ajuste y desregulación del Ejecutivo, sino que también refuerza la unidad gremial en un contexto de creciente tensión social.

El trasfondo del conflicto

El sindicalismo argentino atraviesa una de sus mayores disputas con el poder político en los últimos años. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la CGT ha demostrado su oposición a las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el mercado laboral y la eliminación de regulaciones que afectan a los trabajadores.

El primer paro general, realizado el 24 de enero de 2024, fue un claro mensaje de resistencia en las primeras semanas del nuevo mandato. Luego, el 9 de mayo del mismo año, una segunda huelga dejó en evidencia que el distanciamiento entre ambas partes se mantenía firme. Aunque en los meses siguientes se abrieron instancias de negociación, las discrepancias nunca se resolvieron y el conflicto volvió a escalar.

El anuncio de esta tercera medida de fuerza confirma que el sindicalismo no ha encontrado en el gobierno un interlocutor dispuesto a ceder. La CGT, que reúne a los principales gremios del país, cuenta con el respaldo de figuras clave como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Cristian Jerónimo y Pablo Flores. Esta confluencia de liderazgos dentro del movimiento obrero otorga al paro una dimensión aún más significativa.

El impacto de la medida y el desafío para el Gobierno

Más allá de la propia protesta, la convocatoria al paro representa un desafío político para Milei. Desde su llegada al poder, el presidente ha apostado por una estrategia de confrontación con los sindicatos, a los que acusa de ser parte de la “casta” que obstaculiza el cambio en el país. Sin embargo, el respaldo masivo a la huelga podría poner en jaque esa narrativa y evidenciar el creciente descontento en amplios sectores de la sociedad.

El nivel de adhesión que logre la medida será un termómetro clave para evaluar el clima político y social en Argentina. Si la protesta alcanza una gran magnitud, el Ejecutivo podría verse obligado a replantear su estrategia y abrir canales de negociación con los gremios. Por el contrario, si el impacto es limitado, el gobierno podría interpretar esto como una señal de debilitamiento del sindicalismo y continuar con su programa de reformas sin grandes modificaciones.