La UTA confirmó que prestará servicio en todo el país durante la jornada de protesta convocada por la CGT. La conciliación obligatoria y una estrategia sindical con tono institucional desdibujan el impacto real de una huelga que buscaba ser masiva.

Por Redacción

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsa para este jueves una nueva jornada de paro nacional, la confirmación de que los colectivos funcionarán con normalidad en todo el país resignifica el alcance de la protesta. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a choferes de corta, media y larga distancia, anunció que no se sumará a la medida de fuerza. San Juan, al igual que otras provincias, tendrá servicio de transporte público sin alteraciones.

La ratificación llegó de boca del vocero nacional del sindicato, Mario Callegari, quien explicó que la UTA se encuentra sujeta a una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, en el marco de las negociaciones paritarias aún en curso. “Mañana va a haber colectivos normalmente”, aseguró en declaraciones radiales, y añadió: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

La decisión no es menor. El transporte público es históricamente una herramienta estratégica en toda convocatoria gremial de envergadura. Sin su paralización, las huelgas pierden fuerza, visibilidad y capacidad de presión. El colectivo no sólo moviliza pasajeros: moviliza el clima social. Y en este caso, su presencia en las calles será un contrapeso frente al llamado a detener la actividad.

Desde el sindicato se remarcó que no se trata de una postura política contra la CGT, sino de una limitación legal: cuando rige la conciliación, las organizaciones deben abstenerse de realizar medidas de fuerza, bajo apercibimiento de sanciones. Sin embargo, es evidente que la UTA apuesta a no arriesgar su posición frente al gobierno ni comprometer su margen de negociación. Una jugada de prudencia más que de adhesión.

En la provincia de San Juan, las autoridades locales del gremio replicaron el anuncio y despejaron toda duda: el servicio será normal durante toda la jornada. La situación se repite en gran parte del país, anticipando que la protesta convocada por la central obrera no logrará el grado de paralización que pretendía.

La CGT San Juan brindará un respaldo parcial a la movilización de los jubilados este miércoles 9 de abril. Las tensiones sociales crecen en un clima signado por el ajuste, la represión y la falta de diálogo entre el Gobierno Nacional y los sectores del trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de San Juan confirmó su adhesión plena al paro nacional convocado para el jueves 10 de abril, al tiempo que manifestó un respaldo parcial —pero significativo— a la movilización de los jubilados prevista para la víspera, en la emblemática Plaza 25 de Mayo.

El anuncio, a cargo del secretario general de la central obrera en la provincia, Eduardo Cabello, no deja lugar a equívocos: “La mayoría de los sindicatos decidimos acompañar esta marcha para fortalecer el reclamo y en repudio a la violencia que tuvieron con los jubilados”. En esas palabras, se condensa una indignación profunda y compartida que atraviesa capas generacionales y sectores sociales: el hartazgo ante el deterioro sostenido de las condiciones de vida y la respuesta estatal que, lejos de ofrecer diálogo, ha recurrido a la fuerza.

La marcha de este miércoles no será una acción aislada, sino la antesala de una medida de fuerza más amplia, enmarcada en el creciente descontento social frente a las políticas del gobierno nacional.

El paro del jueves10 de abril se inscribe como la tercera huelga nacional desde la asunción del actual oficialismo, y promete ser una demostración de fuerza si se mantiene la intransigencia oficial frente a los reclamos laborales y sociales. La CGT advierte que estas acciones podrían repetirse si el Ejecutivo continúa “negando el diálogo y estableciendo paritarias con techo y sin consenso”.

El descontento no se explica solo por la violencia institucional. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo, y la falta de una estrategia coherente para revertir el empobrecimiento de vastos sectores de la población, han resquebrajado la ya frágil paciencia colectiva. Las organizaciones gremiales y sociales denuncian un rumbo económico que privilegia los intereses del capital financiero por sobre las necesidades más elementales del pueblo trabajador y los sectores pasivos.

Este miércoles 9 de abril por la tarde, la Plaza 25 de Mayo, sitio histórico de encuentro y resistencia, volverá a ser escenario de una convocatoria que no apela únicamente a la nostalgia o a la épica del pasado. Se trata, más bien, de una advertencia con tono firme: la dignidad no se negocia y la memoria no olvida.

Los gremios universitarios adhieren a la huelga convocada por la CGT. Exigen el fin del desfinanciamiento, rechazan el derrumbe salarial y proponen una nueva ley de financiamiento para las universidades. El conflicto académico se instala como emblema de resistencia social.

La comunidad universitaria se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al modelo de recorte fiscal y desregulación impulsado por el presidente Javier Milei. Los seis sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmaron su participación al plan de lucha de 36 horas convocado por la CGT para los días 9 y 10 de abril.

Esta decisión no surge de forma aislada. Es parte de una estrategia de resistencia articulada que busca frenar lo que consideran un “desmantelamiento deliberado del sistema universitario”. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, lo expresó con claridad:

“Nuestra idea es darle continuidad al plan de lucha, consolidando un marco de unidad con todos los sectores de la comunidad universitaria”.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa de movilización será la presentación de un proyecto alternativo de ley de financiamiento universitario, luego del veto presidencial al texto anterior. La iniciativa buscará asegurar partidas presupuestarias adecuadas, establecer criterios de actualización automática y blindar la autonomía universitaria frente al avance de políticas de mercado.

En paralelo, distintas voces —incluyendo rectores, gremios y centros de estudiantes— barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular, herramienta que colocaría a la sociedad en el centro del debate sobre el destino de la educación superior pública.

Los datos aportados por los gremios son contundentes. Según Jorge Anró, secretario general de FATUN:

“Desde diciembre de 2023 a hoy sufrimos una caída aproximada del 70 por ciento en el poder adquisitivo. Solo en los primeros dos meses de gestión hubo una pérdida del 45%”.

Los trabajadores no docentes, al igual que docentes e investigadores, enfrentan una pérdida de ingresos que no encuentra parangón en los últimos 40 años. A esto se suma la parálisis de programas científicos, el deterioro edilicio y la suspensión de becas, lo que deja al sistema universitario al borde del colapso funcional.

La universidad pública, tradicionalmente reconocida como emblema de inclusión y producción científica, ha sido blanco de múltiples ataques discursivos por parte del gobierno nacional. Bajo el argumento de la “eficiencia fiscal”, se han congelado partidas, omitido actualizaciones presupuestarias y reducido transferencias clave, lo que para muchos representa una estrategia deliberada de vaciamiento.

La decisión de los gremios universitarios de adherir al paro general es mucho más que una medida sindical: es un posicionamiento político y cultural ante un proyecto que busca reconfigurar el rol del Estado en la vida pública. Las universidades, como espacios de democratización del conocimiento y pensamiento crítico, se defienden hoy ante un intento de transformación estructural que las amenaza.