La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.

En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.

La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.

La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.

Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.

El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.

En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.

Con la Plaza 25 de Mayo como epicentro y el respaldo explícito de la CGT local, cientos de personas se movilizaron en San Juan para repudiar las políticas del gobierno nacional que, según denuncian, vulneran derechos adquiridos y golpean con crudeza a los adultos mayores. El clamor por una vejez digna se convierte en símbolo de una sociedad en estado de alerta.

La tarde del miércoles en San Juan fue testigo de una postal cada vez más frecuente, aunque no por ello menos elocuente: una multitud de jubilados, trabajadores en actividad y representantes de organizaciones sociales marchando al unísono por las calles del microcentro. La movilización, enmarcada en el reclamo nacional que se replica semanalmente en diversas provincias, encontró en la Plaza 25 de Mayo su espacio simbólico de resistencia. Pero esta vez, el peso político del acompañamiento se amplificó: la CGT sanjuanina, con su secretario general Eduardo Cabello a la cabeza, se sumó decididamente a la protesta.

Los motivos del reclamo son múltiples, pero convergen en un eje común: la creciente precarización de la vida de los jubilados bajo la gestión del presidente Javier Milei. La quita de medicamentos gratuitos, el congelamiento de haberes frente a una inflación galopante, la reforma regresiva del sistema previsional y la indiferencia oficial ante la fragilidad de este sector configuran un escenario alarmante. En palabras de Cabello, “el Estado no puede ausentarse en cuestiones tan sensibles como las jubilaciones. Cuando lo hace, deja a los más vulnerables a la intemperie”.

El gesto de la CGT de adherir a la movilización no es menor. Representa un posicionamiento explícito frente a las políticas del Ejecutivo y, al mismo tiempo, encarna una idea de continuidad generacional. “Muchos de nuestros trabajadores de hoy serán los jubilados de mañana. Defender a los mayores es también anticipar el porvenir”, expresó Cabello, dejando entrever que el compromiso no responde únicamente a un acto de solidaridad, sino a una visión política de largo plazo.

La marcha no solo canalizó el malestar de quienes ven licuado su poder adquisitivo mes a mes. También se convirtió en un espacio de catarsis colectiva ante el desmantelamiento de la industria nacional, la paralización de la obra pública, los despidos en organismos estatales y la erosión sistemática del salario real. La protesta se volvió un grito múltiple, unificadamente dirigido contra lo que muchos entienden como un modelo de exclusión institucionalizada.

La presencia masiva de jubilados —hombres y mujeres que han sostenido con décadas de labor el aparato productivo del país— sumó una dimensión ética al reclamo. No se trató simplemente de una marcha más, sino de una interpelación profunda a la conciencia social. La ausencia de respuestas concretas por parte del gobierno nacional, que opta por desentenderse del reclamo popular, no hace más que fortalecer el carácter político de la manifestación. Callar ante estas voces es, en términos morales, una forma de violencia.

La protesta también reflejó el creciente entramado entre organizaciones sociales, sindicales y sectores políticos que, más allá de sus diferencias, confluyen en un frente común ante lo que consideran una ofensiva neoliberal sin contemplaciones. Esta alianza transversal no sólo plantea resistencia, sino que perfila un horizonte de disputa discursiva frente al relato hegemónico del ajuste como única solución viable.