La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En un giro trascendental para la arquitectura estatal argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la conversión de cinco empresas estatales en sociedades anónimas unipersonales, y disolvió la agencia de noticias Télam. La medida, enmarcada en el DNU 70/2023, busca reconfigurar la lógica del Estado, reduciendo su peso y trasladando sus funciones hacia estructuras de mercado. La decisión desató cuestionamientos sobre transparencia, control ciudadano y el destino de los bienes públicos.

La privatización como paradigma: un nuevo capítulo en la historia estatal argentina

La maquinaria estatal argentina atraviesa una mutación sin precedentes en décadas recientes. El gobierno encabezado por Javier Milei dio un paso firme en la implementación de su ideario libertario, avanzando con la transformación de cinco empresas públicas en sociedades anónimas unipersonales, y la disolución definitiva de la histórica agencia de noticias Télam. El hecho, comunicado oficialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), representa mucho más que una simple reorganización administrativa: configura una redefinición del rol estatal en la vida económica y social del país.

Entre las empresas reconvertidas se encuentran Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), y la Corporación Buenos Aires Sur. Todas ellas adoptaron la figura jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), con la consiguiente adecuación legal, patrimonial y contable exigida por la normativa vigente. Télam, por su parte, fue disuelta y reemplazada formalmente por una nueva entidad denominada “Agencia de Publicidad del Estado SAU”, lo cual implica el desmantelamiento de su estructura y el desplazamiento de su función informativa, hasta ahora ligada a la comunicación institucional del Estado.

Este movimiento se sustenta en lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, piedra angular de la reconfiguración estatal impulsada por el oficialismo. Según el Ministerio de Justicia, se trata de un “paso clave para terminar con el uso político de estas empresas”, asegurando que en adelante “deberán rendir cuentas y presentar balances como cualquier compañía del sector privado”.

La ideología de la motosierra

Lejos de limitarse a una reforma estructural, el cambio encarna una visión ideológica profunda sobre el lugar del Estado en la vida nacional. El gobierno ha optado por un modelo que privilegia la lógica empresarial por sobre la función pública, con la promesa de mayor eficiencia, transparencia y competitividad. Bajo esta lógica, la estatalidad deja de ser sinónimo de garantía de derechos o acceso a bienes comunes, para convertirse en una estructura sujeta a las reglas del mercado, el rendimiento económico y la autosustentabilidad financiera.

Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, defendió la medida argumentando que “estos procesos de transformación no sólo ponen orden en las finanzas públicas, sino que además contribuyen a la regularización de aspectos contables, registrales y financieros”. Subrayó además la “percepción de opacidad” que, a su juicio, recaía sobre estas organizaciones debido a la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma.

No obstante, esta percepción de eficiencia es materia de debate. Expertos en derecho administrativo, economía pública y comunicación cuestionan la desarticulación de funciones esenciales del Estado, especialmente en sectores estratégicos o simbólicos, como es el caso de Télam, cuya historia remite al fortalecimiento de la soberanía informativa. La desaparición de la agencia no es un dato menor: representa el vaciamiento de un canal institucional que, más allá de sus vaivenes ideológicos, era una herramienta de comunicación federal y plural.

Uno de los puntos más controvertidos radica en la naturaleza de las sociedades anónimas unipersonales: estructuras jurídico-comerciales que, si bien permiten un control estatal absoluto sobre el capital accionario, diluyen la fiscalización ciudadana y parlamentaria. A diferencia de las empresas estatales tradicionales, estas nuevas entidades se rigen por la lógica privada, reduciendo las exigencias de publicidad de actos y acceso a la información.

Asimismo, la conversión y disolución de estas firmas no estuvo acompañada de un debate público amplio ni de una deliberación parlamentaria, sino que fue implementada a través de un DNU, mecanismo de excepción cuya utilización sistemática ha sido objeto de severas críticas por parte de sectores académicos y políticos.

La central obrera sostuvo una jornada de protesta de 36 horas con amplia adhesión nacional, en una señal de rechazo frontal a las políticas de ajuste económico del Gobierno nacional. sectores clave de la producción se detuvieron, y la legitimidad del reclamo retumba en un clima social cada vez más complejo.

En una postal que recuerda los momentos más álgidos de la historia sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una contundente protesta contra el Gobierno de Javier Milei, describiéndola sin ambages como “un éxito rotundo”. La medida, que incluyó una movilización y un paro general de 36 horas, logró una paralización notable en áreas neurálgicas de la economía, desde la industria hasta el transporte, pasando por la energía y los servicios públicos. El epicentro simbólico de esta jornada fue Vaca Muerta, eje estratégico de la política energética, donde las actividades se vieron interrumpidas.

“Hoy paramos el país”, sentenció Héctor Daer, uno de los triunviros que conducen la CGT, en una conferencia de prensa en la que, acompañado por Carlos Acuña y Octavio Arguello, reafirmó la voluntad del movimiento obrero de ejercer presión contra lo que califican como una política de empobrecimiento sistemático.

La medida de fuerza, en su tercera edición desde el inicio de la gestión libertaria, encuentra su justificación en un deterioro veloz del poder adquisitivo, una inflación persistente que devora los ingresos y una retracción del consumo que golpea a los sectores más vulnerables. Andrés Rodríguez, también dirigente de peso en la central obrera, sintetizó el hartazgo: “La gente no llega a fin de mes. Es un grito de angustia”.

Lejos de ser un episodio aislado, el paro se inscribe en una dinámica creciente de confrontación entre el Gobierno y el tejido sindical. El Ejecutivo nacional no solo desoyó las advertencias de los gremios, sino que respondió con una campaña mediática hostil, que incluyó la utilización de altoparlantes en la vía pública para desincentivar la protesta. Daer no dudó en equiparar esa estrategia con prácticas de gobiernos autoritarios, afirmando que “fue un mecanismo oscuro que se usó cuando la democracia se había perdido”.

En paralelo, el paro impactó en la vida cotidiana: bancos cerrados, recolección de residuos suspendida en la Capital, transporte reducido y escuelas con asistencia dispar. Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió debido a la conciliación obligatoria, la visibilidad del paro fue irrefutable en los centros urbanos y zonas industriales.

En el trasfondo de esta jornada subyace una disputa ideológica de gran envergadura. El Gobierno de Milei avanza con una agenda económica de tinte ortodoxo, basada en la reducción drástica del gasto público y la desregulación del mercado laboral, mientras que el movimiento sindical defiende un modelo que garantice derechos adquiridos y frene lo que perciben como un proceso de demolición del Estado social.

El paro general encabezado por la CGT no solo constituyó un hecho sindical relevante, sino que se erigió como un termómetro político del clima social. Más allá de la contundencia de la adhesión, lo que está en juego es una disputa de fondo: la concepción misma de país. Mientras Milei apuesta por un cambio radical de paradigma, la CGT se planta como dique de contención, convocando a la memoria colectiva de un pueblo que conoce los costos del ajuste extremo. La incógnita es cuánto margen queda para el diálogo y si alguna de las partes está dispuesta a retroceder un paso antes de que la calle hable aún más fuerte.