Una delegación de la CGT se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, en medio del enfrentamiento que mantiene la cúpula sindical con el gobierno de Javier Milei por la nueva legislación laboral.

«(El Papa) nos exhortó a defender la justicia social como instrumento de equilibrio de las sociedades modernas», confió Héctor Daer tras el encuentro con el Sumo Pontífice.

Además de Daer, impulsor y hacedor de la visita, la delegación sindical estuvo conformada por Pablo Moyano (Camioneros); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos), Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.

Fue una reunión de poco más de media hora en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Según señaló Daer a La Nación, el Papa manifestó la alegría de recibir a una CGT unificada y destacó el rol de la mujer.

El mensaje del Papa Francisco estuvo centrado en defender la unidad, defender el trabajo -que hace a la dignidad de la persona-, defender la justicia social y la igualdad de género y reivindicar el rol de las mujeres.

“No entramos en temas íntimos de la situación argentina en términos de Gobierno, sí por supuesto hablamos de este discurso de multiplicación de ganancias en desmedro de un discurso de construcción solidaria para las sociedades”, aseguró Daer a La Nación.

Los sindicalistas entregaron al Papa la Agenda para un nuevo Contrato Social en la Argentina, un documento de 13 páginas elaborado por la CGT que analiza la situación social, económica y laboral del país.

Fuente: Mundo Gremial

El RIGI promete mucho, pero no aborda los riesgos reales, sostienen desde la Unión Internacional Sindical de Metal y Minería (UISMM). La organización sindical reclamó al Poder Legislativo provincial que evalúen con lupa la propuesta.

La Unión Internacional Sindical de Metal y Minería (UISMM) encendió  las alarmas en San Juan, solicitando a la Cámara de Diputados una revisión exhaustiva del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

A través de un expediente presentado por su presidente, Germán Choves Armendariz, la UISMM ha expresado su preocupación por los posibles impactos negativos que esta normativa podría tener en la provincia.

«El RIGI promete mucho, pero no aborda los riesgos reales», afirmó Choves Armendariz. Según la organización sindical, la flexibilización impositiva y aduanera que ofrece el régimen a las empresas extranjeras podría perjudicar gravemente a las pequeñas y medianas empresas locales, generando una pérdida de empleos y un debilitamiento del tejido productivo.

Además, la UISMM ha advertido sobre los posibles impactos negativos en el medio ambiente y en los derechos de los trabajadores. «La minería es una actividad de gran importancia, pero debe desarrollarse de manera sostenible y respetando los derechos de quienes la hacen posible», señaló el dirigente sindical.

La organización ha solicitado al vicegobernador Fabián Martín que reciba a una delegación para exponer sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas. «Queremos asegurar que la minería en San Juan sea un motor de desarrollo y no una fuente de problemas», enfatizó Choves Armendariz.

La solicitud de la UISMM generó un intenso debate en la provincia. Expertos, empresarios y organizaciones sociales se han pronunciado al respecto, expresando diversas opiniones sobre los beneficios y riesgos del RIGI.

En los próximos días se espera que la Cámara de Diputados inicie la discusión sobre este importante tema, que tendrá un impacto directo en el futuro de la provincia y de sus habitantes.

Los gremios universitarios celebraron la reciente aprobación de la ley de financiamiento del sector en el Congreso Nacional y destacaron la lucha emprendida por la comunidad universitaria.

«Es un logro de nuestra lucha, de las banderas de nuestra Federación, y de todos nuestros sindicatos de base, que, a lo largo y a lo ancho del país, le han puesto el cuerpo a la pelea por la defensa de nuestras Universidades Nacionales y de nuestros salarios, y para alcanzar esta Ley de Financiamiento Universitario», destacó la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

El Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los trabajadores nodocentes, que participaron de una manifestación frente al Congreso a la espera de la aprobación de la ley junto a gremios docentes de la actividad, advirtieron con profundizar las acciones gremiales si el presidente Javier Milei veta la ley tal como prometió semanas atrás.

«Ahora queda decirle al Gobierno Nacional que si esta ley es vetada, nos encontraremos más que nunca en las calles, y volveremos a realizar una nueva marcha federal universitaria, volviendo a convocar al pueblo a salir a las calles, para que exprese que la Educación Pública Superior, gratuita, cogobernada y de calidad es una bandera irrompible del conjunto social de nuestro país», señaló la FATUN.

La entidad sindical reconoció también la defensa del «pueblo argentino» a la educación universitaria pública. «Este triunfo es nuestro, pero también es del pueblo argentino, que ese 23 de abril marcó los límites democráticos para el Gobierno Nacional, diciendo: ¡con las Universidades Públicas, NO!», concluyó.