La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una masiva movilización para el próximo 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La marcha, que partirá desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo, busca expresar el descontento de los trabajadores frente a la política económica del gobierno de Javier Milei y exigir soluciones urgentes para la clase trabajadora.

La CGT ha sido clara en su postura: la situación económica del país es insostenible y requiere medidas inmediatas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La marcha del 30 de abril es un llamado a la unidad de los trabajadores y un recordatorio al gobierno de que no pueden ignorar las demandas de aquellos que han sido golpeados por la inflación y la devaluación del peso.

La movilización también coincide con las negociaciones de paritarias, donde los gremios han señalado que las ofertas salariales no logran seguir el ritmo del índice inflacionario. Los sindicalistas expresaron su frustración ante la falta de comunicación del gobierno y la ausencia de soluciones concretas para abordar la crisis económica.

La presencia de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, en la reunión con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo, agrega un componente político importante a la jornada de protesta. La CGT busca fortalecer su posición negociadora y demostrar que cuenta con el apoyo de sectores políticos clave.

La marcha del 30 de abril será un termómetro importante para medir el grado de apoyo popular a las demandas de la CGT y la capacidad de movilización de la central obrera. La expectativa es alta, y la sociedad argentina estará atenta a las conclusiones de esta jornada de protesta y a las respuestas del gobierno a las demandas de los trabajadores.

Marcelo Mena, secretario general del sindicato ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), participó recientemente de un evento de alcance internacional que reunió a más de 3.000 delegados y delegadas del sector minero de todo el mundo. El encuentro tuvo lugar en Estados Unidos, organizado por el poderoso sindicato estadounidense United Steelworkers, y contó con la presencia de representantes de 22 países con fuerte vinculación a la actividad.

Durante la convención, se conformó un espacio de cooperación internacional entre sindicatos de Argentina, México, Perú, Canadá y Australia, entre otros. El objetivo: construir una red solidaria y de defensa frente a prácticas empresariales globales que, según Mena, afectan de manera directa tanto a los trabajadores como a las comunidades donde operan las compañías extractivas.

En su intervención, el dirigente sindical expuso con claridad la delicada situación que atraviesan los trabajadores mineros en nuestro país, haciendo hincapié en el impacto de las políticas del actual gobierno nacional. Denunció la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la devaluación, y alertó sobre la necesidad urgente de reabrir espacios de discusión salarial con las empresas.

“La minería no puede ser un negocio unilateral. Queremos que le vaya bien a las compañías, pero también a las comunidades y a los trabajadores”, afirmó Mena, dejando en claro que el crecimiento del sector debe tener correlato en empleo genuino, sueldos justos y desarrollo regional.

El rol de las inversiones y la defensa del trabajo local

El secretario general de ASIJEMIN remarcó que si bien el nuevo esquema cambiario puede alentar la llegada de inversiones, es imprescindible que estas estén enfocadas en el desarrollo nacional. «Las condiciones actuales permiten que las empresas giren divisas con mayor libertad. Pero eso no alcanza. Necesitamos que esas inversiones promuevan la contratación de mano de obra local, la participación de proveedores nacionales y el impulso de pymes vinculadas a la actividad minera», sostuvo.

En ese sentido, explicó que desde ASIJEMIN están en diálogo permanente con las compañías para exigir que el crecimiento de la industria sea acompañado por condiciones laborales dignas y sostenibles.

Un modelo de minería con innovación, inclusión y futuro

El mensaje que dejó Mena en este foro internacional fue claro: la única salida para Argentina es a través de la industrialización. Reivindicó el valor estratégico de la minería, pero advirtió que no basta con extraer recursos si no se promueve una cadena de valor que genere conocimiento, tecnología y empleo de calidad.

“La minería debe estar al servicio del desarrollo de las comunidades, de la producción nacional y de una economía más equitativa. No queremos repetir modelos extractivistas que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos”, cerró.

La participación de ASIJEMIN en este tipo de encuentros no solo refuerza la presencia argentina en debates globales, sino que también evidencia la importancia de pensar una minería con compromiso social, visión de largo plazo y responsabilidad compartida. En tiempos donde los modelos productivos están en disputa, voces como la de Marcelo Mena se vuelven imprescindibles para construir una industria que mire más allá del mineral: hacia el bienestar de quienes la hacen posible.

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.