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El Frente de Sindicatos Estatales y gremios de empresas públicas se movilizarán al Congreso de la Nación el día que el proyecto de Ley Bases se trate en el Senado “para rechazarla y expresar el repudio a las políticas de ajuste y hambre del Gobierno de Javier Milei”.

En su tercer plenario, realizado el miércoles en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con la presencia de 200 delegados de todo el país, se definió además sumarse a la campaña por la anulación del Decreto 70/2023 y movilizar el 27 de Junio, Día del Trabajador y de la Trabajadora del Estado.

En ese marco, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, afirmó: “Este es el tercer plenario del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Frente que venimos construyendo desde diciembre, debatiendo y afianzando miradas políticas que nos permitan resistir al ajuste, resistir la violencia con la que este Gobierno se maneja, y resistir el vaciamiento de las políticas públicas nacionales federales de las que somos parte las trabajadoras, los trabajadores y les trabajadores”.

“Quiero repudiar las manifestaciones de violencia que se fueron llevando a cabo desde el último plenario hasta ahora, fundamentalmente la situación que vivieron los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que han sido reprimidos”, precisó. 

Sostuvo que “las fuerzas de seguridad, en un operativo desmedido, avanzaron sobre las compañeras y los compañeros para reprimir. Creo que este plenario debería sesionar en rechazo y en repudio no sólo a la represión que ha sufrido el INTI, sino a todas las manifestaciones y apologías de la violencia que hace este Gobierno, particularmente en contra de los organismos públicos y de las políticas públicas que defendemos todos los días”.

Cabezas además dijo: “Desde ATE avanzamos en el debate político hacia el interior de nuestra organización y hemos celebrado nuestro Congreso Nacional, en el que después de un debate federal y consciente de nuestros compañeros y compañeras de todo el país, definimos movilizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día que se trate la Ley de Bases y avanzar con un Paro con movilizaciones en todas las capitales de las provincias cuando se defina el tratamiento de la Ley”. 

“También rechazaremos el DNU, que no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia, y que tenemos que terminar de voltear en la Cámara de Diputados. Con esta Ley y con este Decreto, el presidente intenta avanzar en contra de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado, en contra de las políticas públicas para la defensa de las mayorías populares y en contra de las políticas destinadas a un Estado como nivelador de las desigualdades estructurales del sistema”, apuntó.

“Con estas iniciativas y con la de construir desde ATE una medida que permita el 27 de Junio ratificar nuestra lucha en defensa de la soberanía y en defensa de un Estado Nacional popular y de frente al pueblo, construido no con un Excel, sino con el corazón, con el alma, con las tripas y con un sentimiento profundo de inclusión e igualdad, es que proponemos también que el día 27 se efectúe una medida acompañada también por todos los gremios estatales y que construyamos todos juntos esa medida para avanzar también en la visibilidad del Estado”, agregó.

En tanto, Matías Fachal, Secretario General de la Federación Judicial Argentina, señaló: “El Presidente se volvió a jactar en el Foro Económico Latinoamericano, según su traducción al castellano, de haber despedido ya a más de 25.000 compañeros y compañeras del Estado en menos de seis meses de este nefasto Gobierno que lleva adelante La Libertad Avanza. Además volvió a anunciar más de 50.000 despidos para antes de que termine este mes de junio”.

“Este gobierno nos eligió a los trabajadores y las trabajadoras del Estado como sus enemigos, así como también lo ha hecho con las y los jubilados a través de la licuación de sus haberes jubilatorios. El martes se aprobó en Diputados una nueva fórmula para el cálculo del haber jubilatorio, veremos si hay posibilidades de que eso avance en el Senado. Todos estos meses ha habido prácticamente un 20% de pérdida del salario real del sector público y cerca de un 35% de los haberes jubilatorios. El ensañamiento que hay por parte de este Gobierno a los trabajadores y las trabajadoras es brutal”, puntualizó.

“Tenemos que lograr la mayor fuerza posible para evitar las consecuencias de este nefasto plan de gobierno que lleva adelante Milei, de desguace y de saqueo del Estado, de disolución nacional y de entrega de la soberanía”, subrayó y cerró: “Los trabajadores y trabajadoras y nuestras organizaciones sindicales, tenemos que protagonizar en esta etapa no solo la resistencia, sino el enfrentamiento a ese plan hasta derrotarlo”.

Fuente: Somos Télam

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Milei creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, una tropa para reprimir protestas sindicales

La decisión fue oficializada hoy por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El Gobierno creó lo que denominó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para “proteger” a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales.

En sintonía con la intención del Gobierno libertario de limitar el derecho de huelga y de habilitar los despidos con causa contra aquellos trabajadores que encaren protestas sindicales, la gestión de Javier Milei crea una fuerza especial para “enfrentarlos”.

Se trata de el Comando Unificado de Seguridad Productiva que se oficializó en la jornada de hoy en el Boletín Oficial por la Resolución 893/2024 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Las creación de las nuevas milicias, que específicamente se enfocarán en la “protección” de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, se fundamentan en la supuesta necesidad de “protección especial” que requieren.

Entre los fundamentos de la decisión, se lee: “Que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.

El Comando en cuestión dependerá directamente de Patricia Bullrrich y buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.

La creación de una milicia es un nuevo paso en la escalada contra el derecho a la protesta, cuyos alcances legislativos todavía desconocemos. De hecho se espera la reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases para saber la profundidad de las normas que buscan cercenarlo por la vía legislativa.

Fuente: Infogremiales

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UATRE consigue un nuevo aumento trimestral

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727.

«Reafirmando su compromiso con el bienestar y prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores rurales, la UATRE acordó nuevos aumentos salariales para los meses de agosto, septiembre y octubre para el personal permanente y de prestación contínua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727», anunció la entidad gremial.

El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional fijó un mínimo de $640.136,05 para el salario mensual de agosto, para septiembre el salario básico pasa a $659.340,13, mientras que para octubre quedó establecido en $675.823,63.

Replican este porcentaje de aumento las siguientes actividades: Porcina en criadero (272/2024), Aplicación de Productos Fitosanitarios (273/2024), Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y Agrícola (271/2024) y Olivícola (268/2024).

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Confirman la intervención de dos obras sociales sindicales

El Gobierno nacional redobló su avance en la seguridad social, y confirmó medidas similares en dos entidades nuevas. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), que a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente fueron intervenidas.

Las intervenciones entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el Boletín Oficial. Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez. De esta manera, señalaron que el plazo de sus actividades “será determinado por el Poder Ejecutivo” y que, mientras se encuentren a cargo de la función, deberán reportar los avances y modificaciones realizadas a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El apartamiento de los antiguos titulares de las obras sociales sindicales que brindaban servicios a los encargados de varear a los caballos de competición y los trabajadores del mosaico se decidió producto de una serie de irregularidades que se detectaron en las auditorías ordenadas por Gabriel Oriolo, titular de la SSS. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, explicó el titular durante una entrevista previa.

Argumentos

El Gobierno apuntó a las prestadoras por adeudar la documentación requerida por ley. En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa “no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos”. Asimismo, indicaron que “no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas”.

“Entre los años 2020 y 2021 se evidenció un aumento exponencial de la población beneficiaria entre los años 2020 y 2021, y un marcado descenso de beneficiarios en el período 2023-2024; pertenecientes, en su mayoría a la categoría optantes representando en la actualidad el 86 por ciento de sus afiliados”, apuntaron desde la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud. Incluso, destacaron que el agente no intentó conformar los equipos interdisciplinarios necesarios para desarrollar los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones requeridos por los beneficiarios.

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