Ambicioso plan del Gobierno para modernizar al Correo Argentino y reducir su alto déficit
El Correo Argentino busca transformarse para no perecer en un contexto de transformación global del modelo de negocios, con un cambio en el modelo de sucursales y una importante reducción de su personal.
El presidente de la empresa estatal, Camilo Baldini, detalló en diálogo en Infobae el proceso de saneamiento presupuestario, ya que el año pasado registraron un déficit de $100.000 millones. El objetivo es llegar a un resultado equilibrado a fin de este año, dijo este contador egresado de la Universidad del Salvador, experto en gestión logística y cadenas de distribución. En abril de 2023 el déficit era del 55% de la facturación y un año después ya bajó al 20%.
En los últimos 15 años, el volumen de transporte de cartas se redujo en un 80%; el principal negocio del Correo ahora es el transporte de paquetes de las empresas de comercio electrónico, que tiene un volumen inferior al de otros países de la región pese al avance de los últimos años.
El Correo pasa por un proceso de modernización que va a beneficiar al ciudadano común porque va a dejar de costarle plata como contribuyente. La empresa tenía previsto para 2024 un déficit de $222 mil millones de pesos, básicamente por dos razones: por tener una estructura sobredimensionada y por contar con demasiadas sucursales con el formato tradicional”, explicó.
En este contexto, “el Correo va a tener un mayor alcance geográfico, llegando a más puntos en todo el país. Esto se va a lograr con un cambio en el modelo de sucursales: se sustituyen muchas de las oficinas tradicionales por ventanillas de correo instalados en librerías, almacenes, estaciones de servicio y otros locales”.
Actualmente el Correo cuenta con 1.452 sucursales en todas las provincias, y 3.675 unidades postales.
Con el nuevo modelo, alcanzará aproximadamente 5.000 puntos de atención, con una mayor distribución en todo el país.
La intención es que los comercios que acepten recibir y enviar paquetes del correo reciban una comisión del 14% y permitan hacer estas operaciones durante toda la jornada, para que estas transacciones no queden limitadas al acotado horario que funciona hasta ahora.
“Este proceso de modernización contempla que el Correo Argentino siga brindando, cada vez con una mayor calidad y eficiencia, el Servicio Básico Universal (SBU) al que está obligado por ley. Esto significa llegar a todos los habitantes del territorio argentino, en forma permanente, con una calidad determinada, a precios accesibles”, explicó.
Entre otras cuestiones, el Correo seguirá a cargo del pago de las jubilaciones y varios planes sociales clave, como la AUH.
“Entre los servicios que presta el Correo Argentino está el de proveer la logística electoral, como lo establece el Código Nacional Electoral. Eso va a continuar sin variaciones”, aclaró Baldini.
En este sentido, detalló que el Correo Argentino cuenta con 13.600 empleados, pero en la celebración de elecciones involucra aproximadamente a 76.000 personas en todo el país, incluyendo, además de los trabajadores telepostales, a empresas transportistas (personal tercerizado), el comando electoral y demás personal de la justicia electoral.
En 2025, actuará de la misma manera, aunque el plan es seguir reduciendo la plantilla, que en 2021 alcanzaba a 19 mil personas (ya que la reestructuración comenzó en 2022, en el gobierno de Alberto Fernández) y, en el cambio de gobierno, a 16 mil; además, hay 93 gremios agrupados en cuatro federaciones sindicales que conviven en la firma estatal que está en la lista de compañías que podrían privatizarse según la Ley Bases.
Las desvinculaciones
Además de mantener el programa de desvinculaciones, se planteó un programa de retiros voluntarios, que ya consiguió la adhesión de 3.000 empleados y otros 800 casos están bajo análisis.
La conducción de la empresa pretende invertir en mejor tecnología y avanzarán en una mejor complementación con la Aduana para agilizar la entrega de encomiendas internacionales que históricamente fue muy lenta en el edificio de Retiro, un proceso que ya comenzó con la habilitación de un depósito cercano del organismo de la AFIP cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En paralelo, se trabaja con otras áreas del Gobierno para que, al igual que existe un régimen de importación de encomiendas, haya otro de exportación de productos vendidos desde la Argentina.
Fuente: Infobae
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Analía Becerra: «Fortalecer la cultura y el turismo, desafíos para San Martín»
La intendenta del departamento de San Martín, Analía Becerra, destacó el compromiso de su gestión con el desarrollo cultural y social del municipio. Desde la organización del pesebre viviente más grande de la provincia hasta la concreción de importantes obras públicas, Becerra realizó un balance de su primer año de mandato y trazó los principales objetivos para el 2025.
El pesebre viviente: tradición, arte y comunidad
La mandataria hizo referencia sobre el tradicional pesebre viviente que se realizará en la Quebrada Nacif Weiss, cerca del complejo Ceferino en La Muncurá. Este evento, que se llevará a cabo el 25 de diciembre a las 20 h, reúne cada año a una gran cantidad de artistas locales, academias de danza y animales en escena, con el respaldo de instituciones intermedias.
La intendenta destacó que, aunque las escenas se mantienen fieles a los relatos bíblicos, cada año se incorporan innovaciones tecnológicas y mejoras técnicas para enriquecer la experiencia. El espectáculo es gratuito y está pensado para todo público, con un patio de comidas y sillas disponibles para mayor comodidad. Según Becerra, el evento no solo celebra el nacimiento de Jesús, sino que también transmite un mensaje conmovedor y esperanzador, ideal para compartir en familia.
Balance de gestión: obras y progreso comunitario
En cuanto al balance del año, Becerra enfatizó la importancia de dar continuidad a las obras iniciadas por su antecesor, Cristian Andino, muchas de las cuales lograron finalizarse dutante este 2024. Entre los logros más destacados mencionó la entrega de viviendas a familias que podrán celebrar las fiestas en sus nuevos hogares, una experiencia que calificó como “lo más emotivo del año”.
Además, resaltó la reciente inauguración de una ciclovía de más de 2 km en San Isidro, así como los avances en la construcción de un barrio de 27 viviendas en Villa Dominguito. Estas obras reflejan el compromiso de su gestión con el desarrollo urbano y social del departamento.
Desafíos y proyecciones para 2025
De cara al futuro, la mandataria municipal, identificó como prioridad la continuidad del plan de obras municipales, especialmente ante la disminución del financiamiento nacional. Esto incluye el fortalecimiento de las cooperativas de trabajo, que han sido pilares en la ejecución de proyectos locales. Paralelamente, resaltó el enfoque en el turismo como motor de desarrollo económico.
En ese sentido, la intendenta mencionó un reciente convenio con los propietarios del cerro Pie de Palo para fomentar actividades de turismo de aventura, una iniciativa que busca posicionar a San Martín como un destino atractivo dentro de la provincia, concluyó.
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«La destrucción del INTA: un golpe a la ciencia y la tecnología argentina»
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) denunció que el Gobierno nacional está llevando a cabo una «política de destrucción» del INTA, bajo el eufemismo de «modernización». Esta política se traduce en despidos, retiros y jubilaciones forzadas, que afectan no solo al funcionamiento de la institución, sino también al patrimonio del pueblo argentino .
La situación actual del INTA
El INTA es un organismo estatal descentralizado que se encarga de impulsar la investigación y extensión agropecuaria en Argentina. Sin embargo, la institución se encuentra actualmente en una situación crítica, con 6.466 trabajadores, lo que representa una disminución significativa con respecto a la dotación óptima establecida en 7.145.
Las consecuencias de la política de destrucción
La política de destrucción del INTA tiene consecuencias graves para la ciencia y la tecnología argentina. La institución es un referente local, nacional e internacional en innovación, sostenibilidad y desarrollo agropecuario, y su debilitamiento afecta no solo a la investigación y la extensión agropecuaria, sino también a la economía y la sociedad en general.
El plan de lucha de APINTA
En respuesta a la política de destrucción del INTA, APINTA aprobó un plan de lucha que contempla medidas de acción directa para tratar de frenar los permanentes recortes. El plan de lucha busca defender no solo los puestos de trabajo, sino también la institución y su misión de impulsar la investigación y la extensión agropecuaria en Argentina.
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La privatización a paso redoblado: el Gobierno facilita la venta de empresas públicas
La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó la normativa referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para permitir la transferencia de hasta el 50% de las acciones de empresas públicas sin necesidad de realizar una OPA.
El Gobierno Nacional ha dado un nuevo paso hacia la privatización de empresas públicas, al facilitar la venta de hasta el 50% de las acciones de estas empresas sin necesidad de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). La medida, que ha sido implementada a través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), apunta a favorecer la venta de valores estratégicos del Estado en sectores clave de la economía nacional.
La normativa modificada permite la transferencia de hasta el 50% de las acciones de empresas públicas a un adquirente privado sin necesidad de realizar una OPA, siempre y cuando el adquirente privado asuma la misma posición del Estado en un convenio de accionistas preexistente. Esto significa que el control de la empresa no cambiará, pero que el Estado podrá vender una parte significativa de sus acciones.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que esta medida busca eliminar barreras regulatorias que no aportan valor al propósito de protección del interés público. Sin embargo, la medida ha generado críticas y preocupaciones entre los sectores que se oponen a la privatización de empresas públicas.
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