CONÉCTATE CON NOSOTROS

La Justicia tendrá que expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.

El Correo Argentino tenía hasta esa fecha 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional se propone reducir el plantel a 9500 personas en 500 oficinas, en principio con retiros anticipados y, de no alcanzarse la reducción planeada, con despidos.

A la fecha unos 3.500 empleados ya se desvincularon, hubo 377 despidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas en parajes a donde la sucursal local del Correo cumplía muchas más funciones que la administración de correspondencia.

La acción de amparo en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.

La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el intendente decidió acudir a la justicia, recordando además en el amparo que en su comuna Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución.

Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice la demanda judicial.

Agrega: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina”.

Marcha atrás

En Santa Regina, pueblito bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, dieron vuelta la taba y lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad cuando ya le habían notificado al empleado de la sucursal, Diego Mittino, la noticia del cierre del servicio y le habían formulado una propuesta de retiro voluntario o despido.

La oficina de Santa Regina no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo crucial: es el domicilio de pago de la jubilación a 105 jubilados y 35 AUH.

Continúe Leyendo

Destacadas

Gremios docentes abren fuego contra el Gobierno por cambios en el sistema de formación

Los sindicatos docentes con representación nacional salieron al cruce del Gobierno nacional por los recientes cambios aplicados sobre la currícula de formación de la docencia, aprobados este jueves en la Asamblea de Consejo Federal de Educación.

La CTERA, los docentes privados de SADOP, los técnicos de AMET y la CEA emitieron un comunicado para alertar sobre la reforma curricular, que según aseguran el Ejecutivo «impone a espaldas de la docencia».

La asamblea 137 del Consejo Federal de Educación estuvo encabezada por el secretario de Educación de la Nación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, y contó con la participación de los ministros de las 24 jurisdicciones educativas, en ámbito donde se aprobaron los lineamientos para el calendario escolar 2025.

Sin aportar detalles sobre los cambios efectuados, los gremios docentes se refirieron al tratamiento que el Consejo de Educación que llevó adelante respecto a la Resolución del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (SiFIECA).

La nueva resolución, orientada a garantizar la calidad educativa, según el Gobierno, recibió aprobación unánime de los presentes «sin tener en consideración ninguno de los planteos críticos presentados en reiteradas oportunidades por nuestras organizaciones sindicales».

En ese sentido, alertaron sobre los efectos de la provincialización del sistema formador al que el Gobierno nacional. «Ratificamos nuestra posición y el planteo crítico que implica la reestructuración de los diseños curriculares de la formación docente inicial, sin generarse un debate profundo ni teniendo en cuenta las condiciones laborales, la cantidad necesaria y las características apropiadas de los puestos de trabajo docente ni la organización institucional», según destaca el sitio Mundo Gremial.

Los sindicatos denunciaron que el sistema de evaluación y acreditación que se aprobó en el Consejo de Educación «pretende ser implementado en un contexto de brutal ajuste y desfinanciamiento, en el que no se garantiza la estabilidad laboral ni la de las instituciones formadoras».

En ese marco, destaca el sitio Mundo Gremial, los gremios reiteraron la necesidad de una convocatoria urgente a la paritaria nacional y «la participación de la docencia organizada en los ámbitos formales de discusión para la mejora del sistema educativo argentino en clave nacional y federal».

Continúe Leyendo

Destacadas

Bancarios suman un nuevo acuerdo paritario y el salario inicial superó los 1.5 millones de pesos

La Asociación Bancaria alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector para el mes de octubre del 2,7%, en línea con la inflación del mismo período y calculado sobre los sueldos de septiembre. Con este aumento el salario inicial (más el ROE) pasará a ser de $1.566.761,98.

El gremio que conduce Sergio Palazzo viene acordando aumentos mensuales en línea con la inflación, por lo que los aumentos están siendo establecidos mediante el diferencial salarial que surje de la inflación acumulada en lo que va del 2024 (107%), y tomando como referencia los haberes de diciembre de 2023 y los incrementos ya otorgados en el corriente año.

De esta manera, el aumento representa una suba del 2,7% a partir de octubre, que impactará sobre el adicional por el Día del Bancario, por lo que las empresas deberán abonar la diferencia del 2,7% sobre lo ya abonado. El sindicato informó además que el aumento será abonado con los salarios de noviembre.

Con el aumento establecido el salario inicial de los bancarios pasará a ser de $1.492.602,84 a lo que se le suman $74.159,14, en concepto de Participación de Ganancias (ROE), conformando un salario total de $1.566.761,98.

Por otra parte, el gremio y las entidades bancarias acordaron repetir este esquema de aumento automático para los meses de noviembre y diciembre de 2024, así como para enero y febrero del 2025, tomando siempre como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el INDEC.

Las partes se comprometieron a continuar con las negociaciones a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año próximo.

Continúe Leyendo

Destacadas

Este martes se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria

La Asociación Gremial Docente (AGD) convocó a una nueva marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública, que se llevará a cabo el martes 12 de noviembre. La manifestación en la Ciudad de Buenos Aires partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo a las 17:00, en el marco de un paro de actividades que comenzará a las 16:00.

La movilización busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas y la necesidad urgente de mejorar el financiamiento y las condiciones salariales de los docentes universitarios, tras la confirmación por el Congreso del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

La marcha de este martes está consensuada entre todos los estudiantes de las universidades y facultades que se mantienen tomadas en el país, aunque desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por otro lado, han puesto en agenda el 22 de Noviembre, también como marcha nacional. Ellos de esta manera quieren coincidir con la celebración de los 75 años de la gratuidad de la universidad pública. Esta opción, aunque se concrete, no tiene el apoyo de la mayoría de los alumnos, quienes como adelantaron a La Unión, la consideran «contraproducente», dado que en esas fechas hay mesas de exámenes previstas y finales de cursadas. 

Además de la marcha en Buenos Aires, se difundió en redes una convocatoria a un «flashmob federal» a las 18:00 en distintas ciudades del país, como Posadas, Córdoba, Rosario, Paraná, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén y General Roca, entre otras.

Continúe Leyendo

Tendencias