Presentaron amparo para impedir despidos y cierres en el Correo Argentino
La Justicia tendrá que expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.
El Correo Argentino tenía hasta esa fecha 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional se propone reducir el plantel a 9500 personas en 500 oficinas, en principio con retiros anticipados y, de no alcanzarse la reducción planeada, con despidos.
A la fecha unos 3.500 empleados ya se desvincularon, hubo 377 despidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas en parajes a donde la sucursal local del Correo cumplía muchas más funciones que la administración de correspondencia.
La acción de amparo “en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.
La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el intendente decidió acudir a la justicia, recordando además en el amparo que en su comuna Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución.
“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice la demanda judicial.
Agrega: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina”.
Marcha atrás
En Santa Regina, pueblito bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, dieron vuelta la taba y lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad cuando ya le habían notificado al empleado de la sucursal, Diego Mittino, la noticia del cierre del servicio y le habían formulado una propuesta de retiro voluntario o despido.
La oficina de Santa Regina no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo crucial: es el domicilio de pago de la jubilación a 105 jubilados y 35 AUH.
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Trabajadores de comercio adhieren al paro nacional de la CGT
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados en América Latina, confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 10 de abril. Con más de dos millones de afiliados en todo el país, esta decisión marca un punto clave en la magnitud que alcanzará la medida de fuerza.
En un comunicado difundido por la FAECyS califica el paro como una «respuesta legítima» y un llamado a la unidad, conciencia y organización de la clase trabajadora. La federación advierte que el actual rumbo económico pone en riesgo pilares fundamentales del Estado, como:
- El sistema solidario de salud: La salud como derecho fundamental está siendo amenazada por la falta de inversión y la precarización de los servicios.
- La seguridad social: La protección social y los beneficios para los trabajadores y jubilados están siendo cuestionados y reducidos.
- La educación pública: La educación como derecho fundamental está siendo desfinanciada y privatizada.
- La justicia social: La desigualdad y la injusticia social están aumentando debido a las políticas económicas y sociales implementadas.
«Si se destruye el Estado, nos quedamos sin justicia social; sin sistema solidario de salud; sin educación; sin seguridad social y sin desarrollo», advierte el texto de los mercantiles.
La entidad sindical también reivindica el paro como una acción en defensa de los jubilados y jubiladas, quienes serán protagonistas de una movilización frente al Congreso el miércoles 9, un día antes de la huelga general. «Por la defensa de nuestros/as jubilados/as, de la existencia del Estado y de los derechos de los/as trabajadores/as. ¡PARAMOS!», concluye el comunicado.
Con esta decisión, la Federación de Comercio se suma a una larga lista de gremios que ya confirmaron su participación, entre ellos:
- Sindicatos del transporte: Los trabajadores del transporte están luchando por sus derechos y condiciones laborales.
- Docentes: Los docentes están defendiendo la educación pública y sus derechos laborales.
- Sanidad: Los trabajadores de la salud están luchando por la defensa del sistema solidario de salud.
- Alimentación: Los trabajadores de la alimentación están defendiendo sus derechos laborales y condiciones de trabajo.
La FAECyS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la protección del Estado.
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Arranca una semana cargada de lucha gremial con 36 horas de protesta
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, sumado a una movilización en defensa de los derechos previsionales de los jubilados el miércoles 9 de abril. Ambas jornadas reflejan el malestar frente a la postura del gobierno nacional y las medidas adoptadas en las últimas semanas.
La Movilización del 9 de Abril: Un Clamor por la Justicia Previsional
Organizaciones sindicales de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y espacios políticos se reunirán en una marcha para exigir una recomposición urgente de los haberes y la actualización del bono para los jubilados.
El Paro General del 10 de Abril: Un Día de Protesta Nacional
Respeto a las libertades democráticas y los derechos sociales conquistados
- Paritarias libres y homologadas
- Aumento de emergencia y actualización del bono
- Rechazo a la represión de la protesta social
- Defensa de la industria nacional
- Retorno de la obra pública
- Ejecución de un plan nacional de empleo
- Mayor presupuesto para educación y salud
- Equilibrio económico y justicia social
El paro general tendrá un impacto significativo en la economía, ya que se espera una paralización total de las actividades en diversos sectores. La CGT busca garantizar que los trabajadores reciban un aumento de emergencia y una actualización del bono para hacer frente a la creciente inflación que afecta a casi todos los sectores.
Respaldo de la CATT: Un Paso Importante
El respaldo de la CATT garantiza la paralización de trenes, vuelos y operaciones portuarias, lo que agrega un componente clave al impacto de la medida. La UTA evalúa su adhesión, supeditada a una conciliación obligatoria vigente en el marco de las paritarias.
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Trump declara la guerra a los sindicatos: más de un millón de trabajadores en la mira
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.
La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.
Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.
La reacción de los líderes sindicales
Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».
La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.
El precedente de Ronald Reagan
La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.
La reacción de los diputados demócratas
Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.
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