La central obrera sostuvo una jornada de protesta de 36 horas con amplia adhesión nacional, en una señal de rechazo frontal a las políticas de ajuste económico del Gobierno nacional. sectores clave de la producción se detuvieron, y la legitimidad del reclamo retumba en un clima social cada vez más complejo.

En una postal que recuerda los momentos más álgidos de la historia sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una contundente protesta contra el Gobierno de Javier Milei, describiéndola sin ambages como “un éxito rotundo”. La medida, que incluyó una movilización y un paro general de 36 horas, logró una paralización notable en áreas neurálgicas de la economía, desde la industria hasta el transporte, pasando por la energía y los servicios públicos. El epicentro simbólico de esta jornada fue Vaca Muerta, eje estratégico de la política energética, donde las actividades se vieron interrumpidas.

“Hoy paramos el país”, sentenció Héctor Daer, uno de los triunviros que conducen la CGT, en una conferencia de prensa en la que, acompañado por Carlos Acuña y Octavio Arguello, reafirmó la voluntad del movimiento obrero de ejercer presión contra lo que califican como una política de empobrecimiento sistemático.

La medida de fuerza, en su tercera edición desde el inicio de la gestión libertaria, encuentra su justificación en un deterioro veloz del poder adquisitivo, una inflación persistente que devora los ingresos y una retracción del consumo que golpea a los sectores más vulnerables. Andrés Rodríguez, también dirigente de peso en la central obrera, sintetizó el hartazgo: “La gente no llega a fin de mes. Es un grito de angustia”.

Lejos de ser un episodio aislado, el paro se inscribe en una dinámica creciente de confrontación entre el Gobierno y el tejido sindical. El Ejecutivo nacional no solo desoyó las advertencias de los gremios, sino que respondió con una campaña mediática hostil, que incluyó la utilización de altoparlantes en la vía pública para desincentivar la protesta. Daer no dudó en equiparar esa estrategia con prácticas de gobiernos autoritarios, afirmando que “fue un mecanismo oscuro que se usó cuando la democracia se había perdido”.

En paralelo, el paro impactó en la vida cotidiana: bancos cerrados, recolección de residuos suspendida en la Capital, transporte reducido y escuelas con asistencia dispar. Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió debido a la conciliación obligatoria, la visibilidad del paro fue irrefutable en los centros urbanos y zonas industriales.

En el trasfondo de esta jornada subyace una disputa ideológica de gran envergadura. El Gobierno de Milei avanza con una agenda económica de tinte ortodoxo, basada en la reducción drástica del gasto público y la desregulación del mercado laboral, mientras que el movimiento sindical defiende un modelo que garantice derechos adquiridos y frene lo que perciben como un proceso de demolición del Estado social.

El paro general encabezado por la CGT no solo constituyó un hecho sindical relevante, sino que se erigió como un termómetro político del clima social. Más allá de la contundencia de la adhesión, lo que está en juego es una disputa de fondo: la concepción misma de país. Mientras Milei apuesta por un cambio radical de paradigma, la CGT se planta como dique de contención, convocando a la memoria colectiva de un pueblo que conoce los costos del ajuste extremo. La incógnita es cuánto margen queda para el diálogo y si alguna de las partes está dispuesta a retroceder un paso antes de que la calle hable aún más fuerte.

La tercera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Javier Milei dejó en evidencia una provincia partida entre sectores que acataron masivamente y otros que mantuvieron su operatividad casi intacta. Educación, bancos y vuelos fueron los más golpeados; transporte y oficinas públicas, los menos afectados. La protesta interpela al rumbo económico nacional y expone tensiones sociales en ascenso.

Este jueves 10 de abril, San Juan vivió una jornada marcada por la tercera medida de fuerza nacional encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), respaldada por las dos CTA y una franja heterogénea de gremios estratégicos. La convocatoria, que surgió como respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, encontró en la provincia una adhesión parcial, con impacto desigual según el sector involucrado.

Educación y bancos, los pilares con mayor acatamiento

En el ámbito educativo, el paro encontró eco significativo. Las aulas de las escuelas públicas quedaron mayormente vacías, no sólo por la adhesión formal de gremios como UDAP y UDA, sino también por el acompañamiento tácito del cuerpo docente. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan y sus colegios preuniversitarios, la quietud académica fue casi total. El vacío no solo fue físico: fue también simbólico, un signo del desgaste que atraviesa al sistema educativo ante la falta de diálogo estructural con el gobierno central.

Los bancos, por su parte, ofrecieron el rostro más visible del acatamiento. Las entidades financieras permanecieron cerradas de punta a punta, sin atención al público. Apenas funcionaron los cajeros automáticos y las plataformas digitales. La imagen de las sucursales desiertas, con carteles gremiales pegados en sus accesos, contrastó con la actividad de algunos empleados jerárquicos que, puertas adentro, cumplieron funciones sin atención al cliente.

A diferencia de otras provincias donde el transporte se vio paralizado, en San Juan los colectivos circularon con normalidad. La conciliación obligatoria vigente para la seccional local de la UTA garantizó la continuidad del servicio, tanto urbano como interurbano. Las paradas colmadas y el ritmo habitual del tránsito urbano resultaron ser una postal atípica en días de paro general.

Una situación similar se verificó en la atención de organismos nacionales como ANSES. Con personal presente desde las primeras horas del día, la sede central ubicada sobre calle Tucumán operó sin contratiempos, favorecida por un esquema de turnos previamente asignados y una logística que incluyó presencia policial preventiva. Este funcionamiento normal fue valorado por muchos sanjuaninos, especialmente jubilados y beneficiarios de asignaciones que aguardaban fechas clave en el cronograma de pagos.

El Centro Cívico, núcleo de la administración provincial, también mostró signos de continuidad operativa. La circulación de empleados públicos y ciudadanos en busca de trámites resultó fluida, sin mayores alteraciones. Ni siquiera una tentativa de autoconvocatoria logró alterar el curso de la jornada.

En las estaciones de servicio, la decisión empresarial de continuar con la actividad más allá de la adhesión gremial permitió que el abastecimiento de combustible se mantuviera estable. Recolección de residuos y el sistema ECO también operaron sin sobresaltos.

El paro nacional en San Juan reveló un escenario de fisura funcional, donde la contundencia de ciertos sectores contrastó con la normalidad de otros. Esta dualidad no sólo habla de la capacidad organizativa de los gremios, sino también de un tejido social que oscila entre la necesidad de expresar su descontento y la urgencia de sostener la actividad cotidiana.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una tensión creciente entre su proyecto de reformas estructurales y el rechazo que despiertan sus políticas de ajuste. La protesta, más allá de su impacto inmediato, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede sostenerse un modelo que avanza sobre derechos adquiridos sin consensuar con los actores sociales que lo integran?

San Juan, en su espejo provincial, no respondió con una sola voz, pero dejó un mensaje claro: la fragmentación no anula la inquietud, y la calma aparente no silencia el malestar que se gesta por debajo.

En un contexto de creciente de ebullición entre los gremios docentes y el gobierno provincial, la huelga nacional convocada por la CGT registró una adhesión de hasta el 90% en las escuelas sanjuaninas. Los sindicatos locales se amparan en el derecho a protesta nacional, mientras la provincia insiste en la vigencia de la conciliación obligatoria.

La escena sindical vivió una nueva jornada de protesta este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. En San Juan, el eco de la huelga resonó con fuerza en el ámbito educativo: los principales gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— informaron niveles de acatamiento que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, desafiando abiertamente la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial.

El dato más resonante provino de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el sindicato con mayor número de afiliados en el sector educativo, que reportó un 90% de adhesión a la medida. Según voceros gremiales, las cifras surgen de relevamientos realizados por delegados en las distintas escuelas de la provincia desde las primeras horas de la mañana. En sintonía, la Unión Docentes Argentinos (UDA) publicó un gráfico que también señala una presencia mínima en las aulas —apenas un 10% de docentes concurrieron a trabajar—, mientras que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) estimó una adhesión del 80% en los establecimientos técnicos.

La contundencia de estos números desnuda un malestar latente, que excede los contornos del reclamo salarial y alcanza una dimensión política más amplia. Si bien en San Juan rige una instancia de conciliación obligatoria por una negociación aún inconclusa respecto de la pauta salarial 2024, los sindicatos justifican su participación en la medida nacional con un argumento jurídico: al tratarse de una protesta de alcance federal, convocada por centrales sindicales madre, la adhesión resulta legalmente viable, ya que responde a motivos distintos a los que se discuten en la órbita local.

Desde el gobierno sanjuanino, sin embargo, la lectura es distinta. Autoridades laborales sostienen que la conciliación obligatoria implica la suspensión de cualquier medida de fuerza mientras dure el proceso de negociación. Esta postura institucional, sin embargo, choca contra la estrategia gremial, que se apoya en precedentes legales y doctrinarios que legitiman la participación en protestas nacionales sin que ello constituya una infracción a la conciliación provincial.

El trasfondo de este conflicto se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la erosión del poder adquisitivo, la congelación presupuestaria para áreas clave como educación y salud, y la paralización de la obra pública. En ese marco, la CGT reclama paritarias libres, incrementos reales en jubilaciones y salarios, y un giro en las políticas económicas que, según denuncian, empujan a vastos sectores al umbral de la pobreza.

En San Juan, la jornada no se vivió con la intensidad de otros centros urbanos como Buenos Aires, en parte debido a la continuidad parcial del transporte público, lo cual amortiguó el impacto visible del paro. Sin embargo, en las aulas —o en su vacío— quedó expuesta una contundente manifestación del descontento docente.