El Gobierno convocó a la CGT a un encuentro con agenda abierta para este martes
La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo» y tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán el 9 de julio pasado.
El Gobierno convocó a la CGT a una reunión a «agenda abierta» en la Secretaría de Trabajo para el próximo martes. La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo», espacio de diálogo que abre el Poder Ejecutivo luego de lograr que 18 gobernadores firmaran el Pacto de Mayo a principios de esta semana en Tucumán. La reunión con la CGT será la segunda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y la primera tras la tregua alcanzada para que avance la «modernización laboral» en la aprobada Ley de Bases.
La invitación cursada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoca a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al «primer encuentro del Diálogo Social» para avanzar en la conformación del Consejo de Mayo, que tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán.
El documento firmado no contiene ningún objetivo para fortalecer la industria nacional, pero sí apunta dos ejes de interés para la CGT: «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal» y «una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron». La cita será el próximo martes a las 13, en la sede de la secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el entorno de Cordero aseguraron que el intercambio «apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental». Según se detalló, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales aunque aún no hay fecha definida.
Se tratará del segundo encuentro oficial de los representantes de la CGT con el Gobierno. El primero fue en Casa Rosada, a principios de abril, con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos como anfitrión junto al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Aquella cita fue la primera desde que el Poder Ejecutivo publicara el DNU 70/2023 que barría con los derechos laborales y que la CGT frenó con una medida cautelar el Poder Judicial.
La reforma laboral de hecho que se intentó vía DNU generó el primer paro general ocurrido en enero, mientras que el 9 de mayo se llamó un segundo paro general en medio de la ola de despidos de empleados estatales y la brutal perdidad de poder adquisitivo. La tensión parecía ir en subida con la incorporación del capítulo de «modernización laboral» en la Ley Bases; pero allí se alcanzó un acuerdo.
Las negociaciones fueron seguidas de cerca por la CGT y tuvieron como interlocutor el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien se opuso a que se mantengan puntos críticos como los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo.
Con esos puntos fuera del proyecto, la CGT no marcó una oposición abierta al proyecto ni convocó orgánicamente a las movilizaciones contra la Ley Bases, como lo hicieron las dos CTA y el sector de Pablo Moyano. Solo el camionero participó de las movilizaciones y sostuvo que la central judicializaría no solo el capítulo de reforma laboral si no también la vuelta del Impuesto a las Ganancias.
«La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias», aseguró Moyano, quien fue también el único dirigente de la central que no participó de la reunión de abril en la Casa Rosada. Ahora tiene una nueva cita con el Gobierno junto a sus pares de la CGT.
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«Nuevas reglas para los feriados puente: flexibilidad para las empresas, incertidumbre para los trabajadores»
El Poder Ejecutivo estableció tres días no laborables con fines turísticos, pero las empresas decidirán si dan el día libre a sus empleados.»
El gobierno de Javier Milei estableció que los días 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre serán considerados «días no laborables» en lugar de feriados. Esto significa que las empresas tendrán la libertad de decidir si darán el día libre a sus empleados o no.
En estos días, los trabajadores que presten servicio recibirán el salario simple, sin adicionales. Si el empleador considera la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados. Esto es diferente a los feriados, donde los empleadores están obligados a darles el día libre a sus trabajadores y abonar un pago doble a quienes trabajen ese día.
La ley 27.399 faculta al gobierno a fijar hasta tres días feriados o no laborables con fines turísticos. El objetivo es promover la actividad turística y crear fines de semana largos «extra-largos». Por ejemplo, en mayo de 2025, habrá un lapso de cuatro días no laborables entre el jueves 1° y el domingo 4.
¿Qué implica para los trabajadores?
- Los empleadores tienen la facultad de decidir si dar el día libre o no a sus trabajadores.
- Los trabajadores que presten servicio en estos días percibirán el salario simple, sin adicionales.
- Si el empleador considera la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados.
Diferencia clave entre días no laborables y feriados
- En los feriados, los empleadores están obligados a darles el día libre a sus trabajadores.
- Los trabajadores que presten servicios durante un feriado tienen derecho a un pago doble.
feriados puente para 2025
- Viernes 2 de mayo
- Viernes 15 de agosto
- Viernes 21 de noviembre
El cambio en los puentes turísticos para 2025 genera incertidumbre entre los trabajadores, ya que dependerá de cada empresa decidir si dará el día libre o no. Esto puede afectar los planes de viaje y descanso de muchos argentinos.
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Reforma Laboral: JxC avanza para limitar indemnizaciones y facilitar despidos
La Coalición Juntos por el Cambio (JxC) impulsa una reforma a la Ley de Contrato de Trabajo que busca limitar las actualizaciones de las indemnizaciones laborales por inflación. Este proyecto, apoyado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica, responde a las demandas de las cámaras empresariales para frenar lo que denominan «la industria del juicio» ¹.
¿Qué implica la reforma?
La propuesta establece una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés anual del 3%. Esto significa que las indemnizaciones laborales no podrán superar los límites del IPC más el 3% anual. La reforma afectará tanto los juicios pendientes como los concluidos sin pago.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Tetaz, aprobó tres dictámenes sobre la reforma. Sin embargo, aún debe pasar por la Comisión de Finanzas, liderada por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), antes de llegar al recinto.
Las cámaras empresarias celebran el avance, argumentando que la litigiosidad laboral es un obstáculo para el desarrollo de empleos de calidad. Sin embargo, los críticos advierten que esta limitación podría perjudicar a los trabajadores en un contexto de alta inflación. Las ART sugieren que un cambio estructural requiere la implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias.
¿Qué sigue?
El proyecto podría demorarse hasta 2025 si no se incluye en sesiones extraordinarias. Mientras tanto, la UART reporta un aumento del 7,6% en los juicios por riesgos del trabajo en los primeros diez meses de 2024, con 105.960 casos registrados.
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Trabajadores del PAMI denuncian nueva ola de despidos en la obra social
Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI se mostraron preocupados por el ajuste que se lleva adelante en la entidad, y afirmaron que se están cesanteando empleados en todo el país.
En medio de los problemas de atención que se viven los últimos tiempos, trabajadores del PAMI denunciaron una nueva ola de despidos, que complica a las distintas Unidades de Gestión Local (UGL) del país. desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) expresó su “profunda preocupación” por las nuevas cesantías de empleados de la obra social, que se suma a los cambios en la cobertura de medicamentos y el sistema de validación, que generó críticas en los últimos días.
El Secretario de Prensa de SUTEPA, Federico Paterno, alertó que la situación no sólo afecta a los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la atención que el PAMI brinda a las personas mayores. “Continúan los despidos en las diferentes UGLs del país. A los casos ya denunciados, se sumaron nuevos despidos en La Plata, Chivilcoy y Salta”, alertó Paterno.
Al respecto , el dirigente explicó que el despido registrado en Salta “genera gran inquietud: despidieron a una compañera de una agencia en un pueblo salteño, con casi 10 años de antigüedad y sin causa alguna”. “No se trata de un puesto político, sino de una trabajadora de planta. Esto es especialmente alarmante”, señaló el directivo sindical, según detalla el Sitio Data Gremial.
Estado de alerta
La situación ha llevado a SUTEPA a declarar el “estado de alerta” en todo el país, con medidas locales ya en evaluación. En ese marco, Paterno informó que la filial de Salta del gremio ya presentó la notificación de este despido al Ministerio de Trabajo y que además “se están realizando asambleas masivas en lugares como La Plata y Chivilcoy, y seguirán llevándose a cabo en distintas localidades para visibilizar la problemática”.
Las asambleas se desarrollaron en el marco del plan de lucha dispuesto por el plenario de secretarias y secretarios generales y la asamblea extraordinaria de la organización gremial, bajo la conducción del secretario General Hernán Corredoira.
Ante la situación, SUTEPA cuestionó además la política de incorporación de personal, ya que “mientras se despiden trabajadores, ingresan personas nuevas en distintos lugares”. “Incluso han reemplazado a muchos jefes de agencia por personas sin experiencia, lo cual resulta preocupante porque estas agencias son la primera barrera de atención para los adultos mayores en comunidades pequeñas”, señaló Paterno.
Contra el ajuste
Frente a la circunstancia, SUTEPA destacó la necesidad de unificar fuerzas en este contexto que calificaron como un ajuste que afecta tanto las condiciones laborales como los derechos prestacionales de los afiliados. “Nos preocupa la situación de ajuste que estamos atravesando: tanto en lo prestacional como en nuestros salarios y puestos de trabajo”, afirmó el secretario de Prensa.
Paterno transmitió un llamado del gremio a la acción conjunta: “No miramos para otro lado. No abonamos al individualismo al que nos vienen empujando. No sobra nadie; exigimos la incorporación de los compañeros despedidos”. El sindicato aseguró que continuará trabajando en un plan de lucha que permita revertir estos despidos, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar condiciones dignas para los trabajadores y afiliados del PAMI.
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