Según formularon desde la CTERA, observan con “preocupación y alerta” el proyecto impulsado por el ejecutivo ya que significa una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023, lo que profundizaría el “brutal ajuste y desfinanciamiento”.

En ese sentido, recordaron que todo comenzó con la degradación del Ministerio de Educación a Secretaría y que ahora se agravará al dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (26.206), de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614) y del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058 ).

CTERA destacó el fallo judicial que ratifica la inconstitucionalidad del DNU 70

De este modo, el Estado ya no quedaría obligado a proporcionar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 % del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento 1% del PBI.

Además, la medida también afectará al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

Todos los ítems del presupuesto se ven afectados, especialmente el Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el Mejoramiento de la calidad educativa, que directamente desaparecen del presupuesto 2025. A su vez, también se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63%), la construcción de Jardines de Infantes (-97%), las Becas estudiantiles (-64%), la Infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras.

“Es un nuevo ataque a la educación pública y vulnera el derecho a la educación que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía en nuestro país”, afirmaron, y criticaron que el Gobierno “esté dispuesto a gastar recursos en fondos para la SIDE, para la compra de aviones de guerra o para los viajes privados del presidente”.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) emitió un contundente comunicado a través de la red social X (anteriormente Twitter) en el que advierte sobre el incremento de las medidas de fuerza en respuesta a las recientes sanciones y despidos de pilotos.

En su comunicado, APLA destacó que «tras las sanciones y despidos de compañeros/as pilotos por llevar adelante medidas de acción gremial, es más importante que nunca, mantenernos unidos y solidarios». Esta declaración subraya la relevancia de la cohesión en momentos de conflicto, destacando que la unión entre los trabajadores es la clave para sostener su lucha.

La fuerza de la unidad y la experiencia

La asociación gremial enfatizó que «la fuerza de su lucha está en la cohesión, defendiéndonos, apoyándonos mutuamente». Según el comunicado, cada piloto contribuye al reclamo colectivo con sus acciones sindicales, las cuales se ponen al servicio de la defensa de los derechos laborales de todos. «Somos fuertes porque cada uno/a se compromete individualmente para fortalecer cada eslabón de nuestra cadena», remarcaron.

Además, la APLA afirmó que esta no es la primera vez que enfrentan prácticas empresariales y gubernamentales que buscan desacreditar sus reclamos: «Han sido muchas batallas en las que lidiamos con las mismas prácticas empresarias y gubernamentales, en las que exponen mediáticamente salarios irreales, manipulan información para sembrar el enojo social, intentan modificar normativa legal para neutralizar nuestros derechos», señalaron.

Reincorporación y recomposición, los puntos clave del conflicto

APLA dejó en claro que el conflicto no terminará hasta que se logren dos objetivos fundamentales: la recomposición salarial de los pilotos y la reincorporación de aquellos que fueron sancionados o despedidos por participar en las medidas de acción gremial. «Lo que debe quedar claro, es que nadie queda atrás y el conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados se encuentren en sus puestos laborales», explicaron desde la asociación.

Acciones sindicales en aumento

Finalmente, la organización anticipó que las medidas de fuerza continuarán y, probablemente, se irán intensificando en las próximas semanas: «Seguramente las medidas de acción gremial se irán incrementando en impacto y diversificando en su metodología. Estemos atentos. Nos necesitamos todos y cada uno», concluyeron.

El conflicto entre los pilotos y Aerolíneas Argentinas se agrava en un contexto de tensiones laborales generalizadas, con demandas salariales que no encuentran respuesta adecuada en el marco de la creciente inflación y las presiones sobre el poder adquisitivo. Las próximas semanas serán claves para determinar si las partes logran llegar a un acuerdo o si las acciones gremiales impactarán aún más en el servicio aéreo y en el panorama laboral del país.

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo N° 37 se declaró competente para tramitar la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), contra el capítulo laboral de la Ley de Bases.

El secretario general de la organización que representa a los trabajadores estatales, Rodolfo Aguiar, celebró en sus redes sociales que, “frente a tanto resentimiento y violencia, este es un paso más en favor de la «no discriminación» de las y los estatales como verdaderos sujetos del Derecho del Trabajo”, ponderó.

Aguiar enfatizó en que la noticia judicial representa, “un paso más en el camino de la defensa del derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público”, analizó.

En esa línea, el dirigente rionegrino manifestó que, “la reforma laboral de Javier Milei vulnera el Régimen de Disponibilidad y persigue la cesantía de todos los trabajadores de la planta permanente”, apuntó y agregó que, desde el gobierno libertario, “quieren un Estado al servicio de las multinacionales pero no van a poder!”, concluyó Aguiar.