Daniel Quiroga, secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ofreció un análisis profundo sobre el 2024, describiéndolo como un año marcado por múltiples complejidades en el ámbito laboral y gremial. Según Quiroga, los objetivos centrales no se alcanzaron plenamente, ya que las reivindicaciones esperadas para los docentes quedaron lejos de lo deseado. Entre los principales problemas, destacó la falta de financiamiento adecuado por parte del gobierno nacional hacia las provincias, lo que impactó directamente en la infraestructura escolar y las condiciones educativas.

Además desatcó, aunque se lograron algunos avances en el ámbito salarial, estos no fueron suficientes para compensar el impacto de la inflación. Un ejemplo mencionado fue el salario mínimo de $592.000, considerado insuficiente frente al alto costo de vida actual. Este panorama económico ha dificultado incluso aspectos personales, como las vacaciones de los docentes, reflejando un contexto general de insatisfacción y frustración.

El rol del diálogo y los desafíos del próximo año

A pesar de las dificultades, Quiroga valoró como un aspecto positivo el establecimiento de diálogos constructivos con las autoridades gubernamentales. Estas conversaciones han permitido acordar mejoras puntuales en ciertas áreas, aunque aún queda mucho por avanzar. Sin embargo, lamentó la falta de participación activa del sector docente en medidas de lucha como paros y movilizaciones, atribuyéndolo a la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores.

Mirando hacia el próximo año, el reprensentante gremial expresó una mezcla de preocupación y esperanza. Anticipa un contexto posiblemente más conflictivo, en la medida en que el ajuste económico continúe afectando a los trabajadores. Sin embargo, reafirmó el compromiso de AMET de seguir luchando por mejores salarios y condiciones laborales, priorizando el diálogo y el respaldo de documentación sólida para sustentar sus reclamos.

El nomenclador como prioridad para el 2025

Uno de los proyectos destacados en el cierre del año fue el trabajo sobre el nomenclador, un instrumento clave para organizar aspectos salariales y laborales. Según explicó Quiroga, ya se han logrado avances significativos que benefician tanto a los docentes como al Ministerio de Educación, con miras a mejorar las responsabilidades directivas y las condiciones de dedicación exclusiva. Este esfuerzo se perfila como una base para fortalecer la calidad del sistema educativo, que es el objetivo primordial del gremio.

Daniel Quiroga cerró su balance enfatizando la importancia de mantener el optimismo y el esfuerzo colectivo. Comparó la lucha gremial con «andar en bicicleta haciendo equilibrio», pero siempre avanzando hacia mejores condiciones para los docentes y, en última instancia, para la educación técnica del país. Agradeció el espacio para comunicar estos desafíos y reafirmó el compromiso de AMET de continuar trabajando incansablemente por el bienestar de los trabajadores de la educación.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) se oponen a la iniciativa del Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, de implementar el autoservicio de combustible en todo el país.

En un encuentro realizado en la sede del gobierno bonaerense, el ministro de Trabajo, Walter Correa, se reunió con representantes del SOESGYPE para discutir la propuesta del Ejecutivo nacional de habilitar el autoservicio de combustible. La medida, que busca reducir costos y mejorar la eficiencia en la venta de combustibles, generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del sector.

Según fuentes cercanas a la negociación, el gobierno de Kicillof y el gremio de estaciones de servicio coincidieron en que la implementación del autodespacho de combustible tendría un impacto negativo en la calidad del servicio y la seguridad de los consumidores. Además, se argumentó que la medida podría generar pérdidas de empleos y afectar la economía local.

El SOESGYPE ha venido sosteniendo que la propuesta del Ministro Sturzenegger no tiene en cuenta las particularidades del sector y podría generar una competencia desleal entre las estaciones de servicio. Por su parte, el gobierno de Kicillof ha asegurado que su oposición a la medida se debe a la preocupación por la seguridad y la calidad del servicio que se brinda a los consumidores.

En un fallo histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 ordenó al Estado Nacional proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género, en medio de un ajuste estatal que amenazaba con desmantelar las políticas de género en el país.

La resolución judicial, que surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, obliga al Estado a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. Sin embargo, desestima el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes.

La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado. El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas.

En conclusión, la intervención de la Justicia Federal es un paso crucial para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que el Estado Nacional cumpla con la resolución judicial y mantenga los recursos humanos e infraestructura necesarios para combatir la violencia de género.