La ITF cruzó a Milei por querer declarar a la aeronáutica como servicio esencial
En una misiva firmada por el secretario general de la ITF, Stephen Cotton y enviada a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el organismo subrayó que “Argentina corre el riesgo de violar los estándares legales internacionales que se ha comprometido a respetar”, indica el texto que también solicita al gobierno, “que se abstenga de esta restricción autoritaria e ilegal del derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras de la aviación”, instó la ITF.
En esa línea, la entidad internacional expresó su indignación “por el ataque político del presidente argentino, Javier Milei, contra el derecho fundamental de huelga de los trabajadores y trabajadoras” y señaló que la iniciativa del Ejecutivo llegó, “tras las huelgas organizadas la semana pasada por los sindicatos de aviación afiliados a la ITF, en un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales y laborales de sus miembros”, contextualiza el documento.
Cotton criticó el proyecto oficialista y lo caracterizó como una “restricción autoritaria e ilegal” y agregó que, “esta política regresiva y peligrosa no es solo un ataque a los trabajadores y trabajadoras, sino un ataque a la democracia misma”, apuntó.
La Federación recordó que el derecho a la huelga, “está consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1960, que protege la libertad sindical y el derecho de organización de los trabajadores y trabajadoras”, explicó la organización.
Cotton enfatizó en que, “declarar la aviación como un servicio esencial, con el propósito de limitar la capacidad de huelga de los trabajadores y trabajadoras, va en contra de los principios de la OIT” y que la entidad, “ha aclarado en repetidas ocasiones que los servicios de transporte, no constituyen servicios esenciales en el estricto sentido jurídico”, observó.
El dirigente afirmó que, “en lugar de comprometerse de manera constructiva con los sindicatos, el Gobierno de Milei está proponiendo una legislación regresiva que lo sitúa en una situación que viola el derecho internacional” y que, “prioriza los intereses de las élites corporativas sobre las voces de los trabajadores y trabajadoras”, resaltó.
El titular de la ITF también insistió en que “los funcionarios del gobierno no tienen la autoridad legal para definir los servicios esenciales o dictar los niveles de servicio” puesto que, según la legislación argentina, “sólo una comisión independiente de expertos puede declarar un servicio público como esencial, y ambas partes tienen la oportunidad de determinar los niveles mínimos de servicio”, explicó.
En esa línea, Cotton condenó que el gobierno no haya respetado el procedimiento legal de la legislación vigente y sostuvo que la medida que busca imponer el Ejecutivo va “en clara contravención del estado de derecho y de los compromisos internacionales de Argentina”, subrayó.
Con este marco, la ITF le exigió al gobierno “que cese de inmediato sus intentos de restringir el derecho de huelga y establezca un diálogo significativo con los sindicatos, respetando tanto las normas internacionales como las leyes argentinas”, y se solidarizó con los trabajadores del sector, “los sindicatos son defensores de nuestros derechos e instituciones democráticas. Cuando los gobiernos atacan los derechos laborales, están atacando a la democracia misma”, concluyó la entidad.
La ITF ostenta una importante representación gremial a nivel global, y cuenta con más de 16,5 millones de afiliados en 740 organizaciones sindicales del transporte que forman parte de la organización en 150 países.
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Gremios docentes abren fuego contra el Gobierno por cambios en el sistema de formación
Los sindicatos docentes con representación nacional salieron al cruce del Gobierno nacional por los recientes cambios aplicados sobre la currícula de formación de la docencia, aprobados este jueves en la Asamblea de Consejo Federal de Educación.
La CTERA, los docentes privados de SADOP, los técnicos de AMET y la CEA emitieron un comunicado para alertar sobre la reforma curricular, que según aseguran el Ejecutivo «impone a espaldas de la docencia».
La asamblea 137 del Consejo Federal de Educación estuvo encabezada por el secretario de Educación de la Nación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, y contó con la participación de los ministros de las 24 jurisdicciones educativas, en ámbito donde se aprobaron los lineamientos para el calendario escolar 2025.
Sin aportar detalles sobre los cambios efectuados, los gremios docentes se refirieron al tratamiento que el Consejo de Educación que llevó adelante respecto a la Resolución del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (SiFIECA).
La nueva resolución, orientada a garantizar la calidad educativa, según el Gobierno, recibió aprobación unánime de los presentes «sin tener en consideración ninguno de los planteos críticos presentados en reiteradas oportunidades por nuestras organizaciones sindicales».
En ese sentido, alertaron sobre los efectos de la provincialización del sistema formador al que el Gobierno nacional. «Ratificamos nuestra posición y el planteo crítico que implica la reestructuración de los diseños curriculares de la formación docente inicial, sin generarse un debate profundo ni teniendo en cuenta las condiciones laborales, la cantidad necesaria y las características apropiadas de los puestos de trabajo docente ni la organización institucional», según destaca el sitio Mundo Gremial.
Los sindicatos denunciaron que el sistema de evaluación y acreditación que se aprobó en el Consejo de Educación «pretende ser implementado en un contexto de brutal ajuste y desfinanciamiento, en el que no se garantiza la estabilidad laboral ni la de las instituciones formadoras».
En ese marco, destaca el sitio Mundo Gremial, los gremios reiteraron la necesidad de una convocatoria urgente a la paritaria nacional y «la participación de la docencia organizada en los ámbitos formales de discusión para la mejora del sistema educativo argentino en clave nacional y federal».
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Bancarios suman un nuevo acuerdo paritario y el salario inicial superó los 1.5 millones de pesos
La Asociación Bancaria alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector para el mes de octubre del 2,7%, en línea con la inflación del mismo período y calculado sobre los sueldos de septiembre. Con este aumento el salario inicial (más el ROE) pasará a ser de $1.566.761,98.
El gremio que conduce Sergio Palazzo viene acordando aumentos mensuales en línea con la inflación, por lo que los aumentos están siendo establecidos mediante el diferencial salarial que surje de la inflación acumulada en lo que va del 2024 (107%), y tomando como referencia los haberes de diciembre de 2023 y los incrementos ya otorgados en el corriente año.
De esta manera, el aumento representa una suba del 2,7% a partir de octubre, que impactará sobre el adicional por el Día del Bancario, por lo que las empresas deberán abonar la diferencia del 2,7% sobre lo ya abonado. El sindicato informó además que el aumento será abonado con los salarios de noviembre.
Con el aumento establecido el salario inicial de los bancarios pasará a ser de $1.492.602,84 a lo que se le suman $74.159,14, en concepto de Participación de Ganancias (ROE), conformando un salario total de $1.566.761,98.
Por otra parte, el gremio y las entidades bancarias acordaron repetir este esquema de aumento automático para los meses de noviembre y diciembre de 2024, así como para enero y febrero del 2025, tomando siempre como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el INDEC.
Las partes se comprometieron a continuar con las negociaciones a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año próximo.
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Este martes se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria
La Asociación Gremial Docente (AGD) convocó a una nueva marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública, que se llevará a cabo el martes 12 de noviembre. La manifestación en la Ciudad de Buenos Aires partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo a las 17:00, en el marco de un paro de actividades que comenzará a las 16:00.
La movilización busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas y la necesidad urgente de mejorar el financiamiento y las condiciones salariales de los docentes universitarios, tras la confirmación por el Congreso del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.
La marcha de este martes está consensuada entre todos los estudiantes de las universidades y facultades que se mantienen tomadas en el país, aunque desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por otro lado, han puesto en agenda el 22 de Noviembre, también como marcha nacional. Ellos de esta manera quieren coincidir con la celebración de los 75 años de la gratuidad de la universidad pública. Esta opción, aunque se concrete, no tiene el apoyo de la mayoría de los alumnos, quienes como adelantaron a La Unión, la consideran «contraproducente», dado que en esas fechas hay mesas de exámenes previstas y finales de cursadas.
Además de la marcha en Buenos Aires, se difundió en redes una convocatoria a un «flashmob federal» a las 18:00 en distintas ciudades del país, como Posadas, Córdoba, Rosario, Paraná, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén y General Roca, entre otras.
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