En un giro significativo en las negociaciones salariales, los gremios docentes UDA, UDAP y AMET lograron ponerse de acuerdo con el Estado Provincial, poniendo fin a la incertidumbre que rodeaba la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Este entendimiento representa un avance sustancial en la búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales para los docentes de la provincia.

El convenio alcanzado implica un incremento de 10 puntos en el nomenclador docente a partir del salario de marzo 2025, que será liquidado junto con el salario de abril. Esta medida tendrá un impacto directo en la remuneración de los docentes, mejorando su poder adquisitivo y reconociendo su valiosa contribución a la educación.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, destacó que el acuerdo es un paso importante para salir de la coyuntura actual y mejorar las condiciones salariales de los docentes. «La docencia sanjuanina se expresó y dijo basta, y en el día de ayer hemos tenido un importante acatamiento al paro», expresó Quiroga, subrayando la unidad y determinación de los docentes en la lucha por sus derechos.

El representante de AMET, Daniel Quiroga, coincidió en que el acuerdo es beneficioso para los docentes y destacó que el incremento en el nomenclador docente tendrá un efecto positivo. «Estos diez puntos van a impactar mucho porque, más en el mes de marzo que lo vamos a cobrar con el mes de abril y con el incremento del mes de abril», detalló Quiroga.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios docentes es un paso en la dirección correcta, pero es importante tener en cuenta que la inflación de marzo conocida recientemente del 3,7% afectará al salario. Por lo tanto, será fundamental la próxima mesa de negociación paritaria a realizarse el martes 15 de abril a las 16:30 horas para discutir los sueldos del mes en curso y otros temas relevantes.

La inflación de marzo escaló a 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superando las expectativas de los consultores y generando preocupación en el Gobierno y la población en general. Este aumento significativo se produce en un contexto de especulación sobre una posible devaluación del peso argentino.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional registró una variación de 3,7% en marzo, más de un punto por encima del 2,4% registrado en febrero. Este dato llega en un momento clave, cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará el acuerdo con Argentina para enviar $20.000 millones, posiblemente atado a un nuevo régimen cambiario.

La inflación de marzo se disparó con fuerza, marcando su nivel más alto desde agosto pasado cuando había llegado al 4,2%. Según el Indec, el nivel general del IPC representativo del total de hogares del país registró una variación de 3,7% con relación al mes anterior. En los primeros tres meses del año, la inflación alcanzó 8,6%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses llegó al 55,9%.Este aumento significativo genera preocupación en el Gobierno, que esperaba una suba de los precios, pero no tan alta.

El acuerdo con el FMI y la posible devaluación del peso argentino agregan incertidumbre al panorama económico. La devaluación podría generar un nuevo incremento de la inflación, afectando negativamente el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

La inflación es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos. En este caso, la posible devaluación del peso podría generar el encarecimiento de los bienes y servicios importados, lo que a su vez podría impulsar la inflación.

Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener efectos negativos en la economía y la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno tome medidas efectivas para controlar aumentos desmedidos y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno nacional, que contempla aumentos acumulativos del 1,3% para marzo, abril y mayo, más un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar en junio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como «una vergüenza» y advirtió que «se sigue firmando el 1% mensual como si fuera digno, y no lo es».

El conflicto en el sector público se intensifica debido a la política salarial del Gobierno, que ha generado una fuerte crítica por parte de ATE. Según Aguiar, «este Gobierno ha destrozado los ingresos en el sector público» y «ha decidido compensar el costo fiscal que implica bajarle los impuestos a los ricos». La propuesta salarial ofrecida por el Gobierno implica un aumento acumulado de apenas el 20,8% en el período junio 2024 – mayo 2025, mientras que la inflación ya superó el 32,6% en ese lapso.

La situación es particularmente grave para los trabajadores estatales, cuyos ingresos ya no alcanzan para garantizar una vivienda digna, alimentación y vestimenta. Aguiar denunció que «terminan de aniquilar el derecho a una retribución justa» y que «desde la paritaria estatal se ejerce violencia».

La disputa entre ATE y el Gobierno se centra en la política salarial y la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones paritarias. Mientras que ATE reclama aumentos salariales que superen la inflación, el Gobierno insiste en mantener su política de ajuste fiscal.

La posición de UPCN, el otro gremio que participa de la paritaria, consiguió fuertes críticas por parte de ATE. Aguiar acusó a UPCN de «prestarle la motosierra a un gremialista para poder arruinarnos» y consideró que «debería estar prohibido por ley firmar aumentos por debajo de la inflación».

La pugna en el sector público se encuentra en un punto crítico, con ATE rechazando la propuesta salarial del Gobierno y UPCN aceptándola. La situación puede escalar aún más si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores estatales. La convocatoria del Secretariado Ampliado de ATE para analizar el plan de acción sugiere que el conflicto puede continuar en las próximas semanas.