La Justicia pone un freno a la privatización camuflada del Banco Nación
Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.
El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.
El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.
El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.
En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.
Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.
La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.
Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.
La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.
Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.
A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.
Fuente: Data Clave
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Trump declara la guerra a los sindicatos: más de un millón de trabajadores en la mira
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los contratos colectivos y debilita a los sindicatos del sector público federal. Esta medida ha sido calificada por líderes laborales como el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la era Reagan.
La orden ejecutiva permite a más de 30 agencias gubernamentales terminar con las negociaciones sindicales bajo el argumento de «seguridad nacional». Sin embargo, los líderes sindicales y los diputados demócratas denunciaron que esta acción es en realidad un ataque a los derechos laborales y una entrega a los intereses de los multimillonarios.
Según datos oficiales, casi el 30% de los empleados federales están sindicalizados, lo que afectaría a más de un millón de trabajadores. La medida fue rechazada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y por otros sindicatos y organizaciones laborales.
La reacción de los líderes sindicales
Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), declaró que «esta orden es ilegal y un castigo contra los sindicatos que luchan contra los despidos masivos de este gobierno». Por su parte, Shawn Fain, líder del poderoso sindicato automotriz UAW, expresó que la decisión adoptada es «un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los trabajadores a decidir sobre sus empleos».
La iniciativa de Trump generó una gran movilización en el movimiento laboral y en la sociedad en general. Los sindicatos y las organizaciones laborales están preparando batallas legales y movilizaciones masivas para defender los derechos laborales y enfrentar el ataque de la administración Trump.
El precedente de Ronald Reagan
La política adoptada por Trump recuerda al precedente establecido por Ronald Reagan en 1981, cuando despidió a 12,000 controladores aéreos en huelga, debilitando por décadas al movimiento sindical. Hoy, la tasa de sindicalización en EE.UU. es de apenas 9.9%, la más baja en la historia moderna.
La reacción de los diputados demócratas
Diputados demócratas como Greg Casar y Jamie Raskin han denunciado que la orden busca «entregar los derechos laborales a los multimillonarios» y advirtieron que seguirán resistiendo en el Congreso y las calles.
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Sindicato del Seguro logra acuerdo salarial trimestral superior al 7%
El Sindicato del Seguro anunció un acuerdo salarial para los trabajadores del sector, tras negociaciones con los empresarios de la Cámara de Capitalización y Ahorro. El incremento final del 7,16% se aplicará en tres cuotas: 3% en marzo, 2% en abril y otro 2% en mayo de 2025.
Según el gremio, este aumento salarial «va en línea con las estimaciones de inflación proyectadas y defiende la pérdida de poder adquisitivo que el costo de vida genera en los ingresos de los trabajadores». Además, se destacó que durante las discusiones paritarias, se estableció un compromiso mutuo para continuar monitoreando las variaciones de precios y buscar un entendimiento en materia salarial para los periodos futuros.
La organización sindical afirmó que «continuará incansablemente defendiendo nuestras conquistas en cada oportunidad que se presente, dignificando las condiciones de trabajo y de vida de cada trabajador y trabajadora del Seguro». Este acuerdo representa un logro importante para los trabajadores del sector y refleja el compromiso del Sindicato del Seguro con la defensa de sus derechos.
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Gremios Telefónicos Acuerdan Nuevo Aumento Salarial para Empleados de Claro, Telecom y Movistar
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) anunció un nuevo aumento salarial para los trabajadores de las empresas Claro, Telecom y Movistar, que impactará sobre los salarios de marzo y abril.
La dirigencia sindical de la CONSITEL logró un acuerdo con las empresas del sector para una suba salarial que beneficiará a los trabajadores de las empresas Claro, Telecom y Movistar. El acuerdo establece un pago de una suma extraordinaria equivalente al 2,8% de las escalas conformadas en cada categoría de convenio vigentes a marzo de 2025.
Además, el pacto establece un incremento del 2,57% a partir de abril, sobre las escalas de marzo. Para el caso de los trabajadores de la actividad móvil, el aumento se aplicará en un 100% al salario básico, mientras que para los trabajadores de la actividad fija, se distribuirá en un 2,27% en un 60% al salario básico y el 40% restante al adicional especial.
La CONSITEL también informó que los incrementos sobre las escalas salariales también serán aplicables a los efectos del pago del día del trabajador telefónico del 2026. La dirigencia sindical continuará en los próximos días con las gestiones para lograr la recomposición salarial de los trabajadores de ARSAT.
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