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Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.

El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.

El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.

En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.

Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.

La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.

Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.

La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.

Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.

A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.

Fuente: Data Clave

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El 30 de octubre habrá paro nacional de transporte

Este martes, tras un plenario de la Mesa Nacional de Transporte, integrada por siete gremios importantes del sector,  se anunció un paro de transporte de 24 horas para el miércoles 30 de octubre. La medida de fuerza, decidida por unanimidad, estaba prevista originalmente para el 17 de octubre. El objetivo es “la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los trenes, mares, ríos y cielos”.

La reunión se llevó adelante a partir de las 10 en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, donde se abordó la situación del sector. Como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, negocia un aumento salarial dentro del período de conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, y las partes no pueden tomar ninguna medida que complique las tratativas, el paro fue postergado para el 30 de octubre.

Días antes, los gremios del sector declararon “el estado de alerta y movilización” en repudio a distintas medidas del Gobierno nacional. Algunas de ellas son la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, la declaración del servicio aeronáutico como esencial (que en la práctica implica una limitación al derecho a huelga) y el conflicto salarial en Aerolíneas Argentinas.

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Luis Barrionuevo dejó la terapia intensiva y se encuentra “estable”

El líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, dejó la terapia intensiva del Sanatario Güemes tras sufrir la semana pasada un Accidente Cerebro Vascular (ACV). El sindicalista había sido internado de urgencia, cuando sufrió una descomposición y fue trasladado hasta el nosocomio.

“La evolución es excelente y ya dejó la terapia intensiva. Está estable totalmente y se mueve de manera libre por la habitación. Seguirá por ahora internado”, le dijo al diario La Nación Conrado Estol, director de la Unidad de Accidente Cerebrovascular del sanatorio Güemes. En un parte médico anterior se había precisado que se trató de “un sangrado cerebral de pequeño volumen”.

Barrionuevo, de 82 años, conduce la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en forma ininterrumpida desde hace 40 años. Desde allí logró articular un fuerte poder sindical, convirtiéndose en una figura clave en la interna de la CGT especialmente desde la llegada de Carlos Menem al poder en la década del 90.

A la par consolidó una carrera empresaria prominente y desplegó sus dotes de operador político siendo uno de los promotores del histórico Pacto de Olivos. Además, esa capacidad fue la que le permitió una relación privilegiada con todos los gobiernos de turno.

En la última campaña electoral se convirtió en el primer sindicalista en alinearse con la candidatura presidencial de Javier Milei, a quien acompañó con la promesa de recursos y fiscales hasta que el libertario cerró un acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para que el PRO apoye su postulación en el decisivo balotaje frente a Sergio Massa.

Tras esa fallida alianza con el hoy Presidente, la relación entre el sindicalista y el Gobierno tuvo varias idas y vueltas hasta que la semana pasada la Casa Rosada le aceptó la renuncia a Mario Russo al frente del Ministerio de Salud y designó en su lugar al médico Mario Lugones, quién tiempo atrás reconoció públicamente ser socio de Barrionuevo y Enrique Coti Nosiglia en el Sanatorio Güemes, justamente el nosocomio en el que está internado el sindicalista.

Fuente: INFOGREMIALES

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Estudiantes toman facultades para rechazar el veto a la ley de financiamiento

Alumnos de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria de la UBA decidieron en asamblea tomar las casas de altos estudias y realizar diferentes actividades abiertas al público para pedir que la Cámara de Diputados insista con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por Milei.

Los estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar los establecimientos educativos de cara a este miércoles, cuando la Cámara de Diputados tratará el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La toma de las tres facultades se decidió este lunes en asamblea, como una forma de exigir a los diputados que rechacen el veto de una ley que no solo incrementa las partidas para las universidades, sino que también estblece un aumento salarial mensual y atado a la inflación para los docentes y no docentes de las casas de altos estudios.

Para que la decisión de Milei quede sin efecto, la Cámara de Diputados y el Senado deberán ratificar la Ley de Financiamiento Universitario con al menos dos tercios de los votos. En las últimas horas, el PRO acordó que acompañará el veto, por lo que parece difícil que se alcance este número.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA anunció en sus redes sociales: “A raíz de la decisión de la asamblea estudiantil, la Facultad se encuentra tomada debido al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Según informó el centro de estudiantes, este martes se realizarán clases públicas. Las autoridades estaremos atentas al cuidado del patrimonio de la sede Puan 480 y el resguardo de estudiantes, docentes y no docentes”.

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