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Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.

El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.

El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.

En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.

Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.

La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.

Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.

La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.

Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.

A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.

Fuente: Data Clave

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Gremios docentes abren fuego contra el Gobierno por cambios en el sistema de formación

Los sindicatos docentes con representación nacional salieron al cruce del Gobierno nacional por los recientes cambios aplicados sobre la currícula de formación de la docencia, aprobados este jueves en la Asamblea de Consejo Federal de Educación.

La CTERA, los docentes privados de SADOP, los técnicos de AMET y la CEA emitieron un comunicado para alertar sobre la reforma curricular, que según aseguran el Ejecutivo «impone a espaldas de la docencia».

La asamblea 137 del Consejo Federal de Educación estuvo encabezada por el secretario de Educación de la Nación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, y contó con la participación de los ministros de las 24 jurisdicciones educativas, en ámbito donde se aprobaron los lineamientos para el calendario escolar 2025.

Sin aportar detalles sobre los cambios efectuados, los gremios docentes se refirieron al tratamiento que el Consejo de Educación que llevó adelante respecto a la Resolución del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (SiFIECA).

La nueva resolución, orientada a garantizar la calidad educativa, según el Gobierno, recibió aprobación unánime de los presentes «sin tener en consideración ninguno de los planteos críticos presentados en reiteradas oportunidades por nuestras organizaciones sindicales».

En ese sentido, alertaron sobre los efectos de la provincialización del sistema formador al que el Gobierno nacional. «Ratificamos nuestra posición y el planteo crítico que implica la reestructuración de los diseños curriculares de la formación docente inicial, sin generarse un debate profundo ni teniendo en cuenta las condiciones laborales, la cantidad necesaria y las características apropiadas de los puestos de trabajo docente ni la organización institucional», según destaca el sitio Mundo Gremial.

Los sindicatos denunciaron que el sistema de evaluación y acreditación que se aprobó en el Consejo de Educación «pretende ser implementado en un contexto de brutal ajuste y desfinanciamiento, en el que no se garantiza la estabilidad laboral ni la de las instituciones formadoras».

En ese marco, destaca el sitio Mundo Gremial, los gremios reiteraron la necesidad de una convocatoria urgente a la paritaria nacional y «la participación de la docencia organizada en los ámbitos formales de discusión para la mejora del sistema educativo argentino en clave nacional y federal».

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Bancarios suman un nuevo acuerdo paritario y el salario inicial superó los 1.5 millones de pesos

La Asociación Bancaria alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector para el mes de octubre del 2,7%, en línea con la inflación del mismo período y calculado sobre los sueldos de septiembre. Con este aumento el salario inicial (más el ROE) pasará a ser de $1.566.761,98.

El gremio que conduce Sergio Palazzo viene acordando aumentos mensuales en línea con la inflación, por lo que los aumentos están siendo establecidos mediante el diferencial salarial que surje de la inflación acumulada en lo que va del 2024 (107%), y tomando como referencia los haberes de diciembre de 2023 y los incrementos ya otorgados en el corriente año.

De esta manera, el aumento representa una suba del 2,7% a partir de octubre, que impactará sobre el adicional por el Día del Bancario, por lo que las empresas deberán abonar la diferencia del 2,7% sobre lo ya abonado. El sindicato informó además que el aumento será abonado con los salarios de noviembre.

Con el aumento establecido el salario inicial de los bancarios pasará a ser de $1.492.602,84 a lo que se le suman $74.159,14, en concepto de Participación de Ganancias (ROE), conformando un salario total de $1.566.761,98.

Por otra parte, el gremio y las entidades bancarias acordaron repetir este esquema de aumento automático para los meses de noviembre y diciembre de 2024, así como para enero y febrero del 2025, tomando siempre como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el INDEC.

Las partes se comprometieron a continuar con las negociaciones a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año próximo.

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Este martes se lleva a cabo la tercera marcha federal universitaria

La Asociación Gremial Docente (AGD) convocó a una nueva marcha nacional universitaria en defensa de la educación pública, que se llevará a cabo el martes 12 de noviembre. La manifestación en la Ciudad de Buenos Aires partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo a las 17:00, en el marco de un paro de actividades que comenzará a las 16:00.

La movilización busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades públicas y la necesidad urgente de mejorar el financiamiento y las condiciones salariales de los docentes universitarios, tras la confirmación por el Congreso del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

La marcha de este martes está consensuada entre todos los estudiantes de las universidades y facultades que se mantienen tomadas en el país, aunque desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por otro lado, han puesto en agenda el 22 de Noviembre, también como marcha nacional. Ellos de esta manera quieren coincidir con la celebración de los 75 años de la gratuidad de la universidad pública. Esta opción, aunque se concrete, no tiene el apoyo de la mayoría de los alumnos, quienes como adelantaron a La Unión, la consideran «contraproducente», dado que en esas fechas hay mesas de exámenes previstas y finales de cursadas. 

Además de la marcha en Buenos Aires, se difundió en redes una convocatoria a un «flashmob federal» a las 18:00 en distintas ciudades del país, como Posadas, Córdoba, Rosario, Paraná, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén y General Roca, entre otras.

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