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El Gobierno avanza con el plan de recortes y ajuste en la administración pública nacional y ya se registraron nuevos despidos en ministerios.

Este viernes, más de 100 trabajadores del ministerio de Capital Humano fueron notificados por correo electrónico sobre la no renovación de sus contratos, los cuales expiran el próximo 30 de septiembre.

Esta medida es parte de la política estatal que busca reducir el personal en diversas dependencias, siguiendo lo que el presidente Javier Milei denominó su «plan motosierra».

Si bien las primeras notificaciones llegaron al ministerio de Capital Humano, donde varias áreas, incluidas las vinculadas a la secretaría de Cultura, están siendo reestructuradas o eliminadas, los gremios estatales anticipan que este recorte podría extenderse a otras dependencias.

La Superintendencia de Servicios de Salud y otros sectores de la administración centralizada también estarían en la mira para nuevas reducciones de personal.

En total, son 65 mil los trabajadores cuyos contratos vencen el 30 de septiembre y que están en riesgo de perder sus empleos. Esta cifra generó preocupación entre los gremios, que temen una nueva ola de despidos masivos en el sector público.

Durante una conferencia de prensa reciente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Gobierno revisa trimestralmente los contratos. “Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”, aseguró el funcionario. Sin embargo, no se brindaron detalles específicos sobre cuántos contratos no serán renovados.

Mientras tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declararon el estado de alerta y movilización. Según Ingrid Manfre, delegada de ATE, los despidos afectan gravemente áreas sensibles: “Se despidieron a trabajadores sociales, psicólogos y personas que hacen acompañamiento permanente en los territorios”.

Entre las más perjudicadas se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, donde 120 trabajadores quedaron sin empleo, y la Secretaría de Niñez, que sufrió 70 despidos.

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Se reune la Mesa Nacional de Transporte y podrían definir un paro en todo el país

Los gremios que integran la llamada Mesa Nacional del Transporte confirmaron que este martes realizarán el plenario en la sede del complejo deportivo de la Federación de Peones de Taxis, donde analizarán la situación del sector. Luego de anunciar un posible paro para el 17 de octubre, la idea perdió fuerza por las negociaciones abiertas entre el gobierno nacional y la conducción de la CGT.  Pese a esto, la dirigencia ratificó el plenario del día de mañana.

La Mesa Nacional de Transporte, tal como lo aseguró en su último plenario del jueves 26 de septiembre, se volverá a reunir en el día de mañana martes 8 de octubre, a las 10 horas, en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, ubicado en Quintino Bocayuva 1274 (la entrada será por calle Constitución), donde tratarán la realidad del sector y la coyuntura nacional.

Así, informaron, “se llevará a cabo el plenario de la Mesa Nacional del Transporte compuesto por comisiones directivas y cuerpos de delegados de los distintos gremios del transporte multimodal del país”. El mismo será cerrado a los medios de comunicación, pero, a las 12:00 está prevista una conferencia de prensa.

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En Argentina el 70% de los trabajadores gana menos de $550.000 pesos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el 70% de la población ocupada ganaba menos de $550.000 al término del primer semestre del año. Mientras tanto, una familia que reúne más de $1,2 millones pertenece al 20% “más rico” de la sociedad.

Siguiendo estos datos oficiales, si se toma los ingresos por hogares, el 70 por ciento reunía hasta $ 950.000, según la misma medición.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.632.592 personas con ingreso promedio de $501.825. Y el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $638.811. Mientras tanto, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el promedio equivale a $253.702.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 78,1% de los totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 21,9% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles del total familiar más bajos: 62,2% en el primero y 9,4% en el décimo.

Cabe señalar que en junio, la Canasta Básica Total, que mide el umbral por debajo del cual se cae por debajo de la línea de la pobreza, alcanzaba a $873.168 para una pareja con dos hijos de 6 y 8 años.

Al mismo tiempo, el precio de la Canasta Básica Alimentaria, que mide el umbral de la indigencia, costaba $393.319 para el mismo grupo familiar.

Como bien se informó, el Indec precisó que el Índice de Pobreza aumentó al 52,9% al término del primer semestre de este año. Una cifra que se ubica por encima del 41,7% con el que terminó el año pasado, y casi 13 puntos por arriba del 40,1% de enero-junio del 2023.

En el caso de la indigencia, entendida esta como la gente cuyos ingresos no alcanza para comparar la cantidad mínima de comida para subsistir aumentó al 18,1%, por sobre el 11,9% con que terminó el 2023, y casi el doble del 9,3% de enero-junio del año pasado.

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A pesar de la masiva marcha, Milei vetó la ley de financiamiento universitario

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Había sido anticipada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado. 

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que hará lo mismo con «cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal».

La determinación se conoció horas después de la masiva marcha llevada a cabo en el Congreso en apoyo a la universidad pública y contra el veto que anticipó Milei.

«La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal», arrancó el comunicado que difundió el Gobierno por medio de sus redes sociales.

Asimismo, añadió: «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025».

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