El líder de Comercio, Armando Cavalieri, encendió las alarmas sobre la situación económica actual, destacando la preocupante tendencia de remarcaciones diarias en los precios de los productos de consumo masivo. Según el sindicalista, los delegados de la federación en los supermercados informan de aumentos constantes, lo que refleja una realidad económica cada vez más difícil para los consumidores.

En una entrevista con Clarín, Cavalieri expresó su profunda preocupación por la situación económica actual, enfatizando que los precios están dolarizados mientras que los salarios permanecen en pesos. Esta disparidad, según el líder sindical, genera una brecha insostenible que afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Cavalieri también criticó duramente el intervencionismo del Gobierno en las negociaciones paritarias, argumentando que esta intromisión limita la capacidad de negociación de los trabajadores y fija salarios que no reflejan la realidad económica.

Cavalieri destacó la necesidad de un diálogo constructivo entre el Gobierno y la CGT para abordar los desafíos económicos actuales. Sin embargo, lamentó la falta de voluntad del Gobierno nacional para entablar una conversación significativa con los sindicatos. En respuesta a esta situación, el líder de Comercio anunció planes para solicitar una reunión con el Presidente para discutir la crisis económica y las políticas laborales. Si esta solicitud no es atendida, la CGT podría organizar una movilización a Plaza de Mayo para demostrar su compromiso con la búsqueda de soluciones.

La situación económica descripta por Cavalieri refleja una realidad preocupante para la mayoría de los argentinos. La inflación y las remarcaciones diarias de precios están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores y generando incertidumbre sobre el futuro económico del país. La crítica de Armando Cavalieri al intervencionismo gubernamental en las negociaciones paritarias resalta la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas laborales actuales.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una nueva solicitud de aumento salarial ante la Corte Suprema, argumentando que la inflación del 3,7% en marzo agravó la situación de los trabajadores judiciales.

El sindicato exige un incremento del 10% para febrero, de los cuales el 2,4% corresponde a la inflación de dicho mes y el restante 7,6% sería para comenzar a recuperar lo perdido. Para marzo, el sindicato pidió un aumento del 5%, donde el 3,7% se ajusta a la inflación mensual y el 1,3% restante sería para recuperar poder adquisitivo.

El líder de la UEJN, Julio Piumato, destacó que la pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei alcanza el 34,24%, lo que refleja una realidad cada vez más difícil para los trabajadores del sector. El gremio enfatizó que «el momento de recuperar lo perdido es ahora» y que no pueden seguir perdiendo frente al aumento del costo de vida.

La solicitud de incremento salarial presentada por la UEJN refleja la creciente preocupación por la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales debido a la inflación. La pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei es significativa y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas actuales para proteger el salario de los trabajadores.

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige una reestructuración profunda del sistema previsional, privatizaciones y mayores exigencias para jubilarse. Un paquete que actualiza las recetas del ajuste y refuerza la lógica de subordinación económica.

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el vigésimo tercer acuerdo en la historia del organismo con la Argentina, un programa que contempla un desembolso inicial de USD 12.000 millones sobre un total de USD 20.000 millones. Pero más allá de la cifra, el pacto implica un compromiso con una serie de reformas estructurales que reeditan viejos esquemas de ajuste fiscal profundo.

Entre los puntos centrales del entendimiento se destacan el aumento de la edad jubilatoria, la extensión del período de aportes para acceder a una jubilación y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas estatales. Las reformas, presentadas como “fundamentales” por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, buscan garantizar la “sostenibilidad fiscal” y el cumplimiento del objetivo de déficit cero impulsado por la administración de Javier Milei.

Una reforma previsional con costo social

La transformación más polémica y de mayor impacto inmediato recae sobre el sistema previsional. En concreto, el FMI exige elevar la edad jubilatoria: las mujeres pasarían de jubilarse a los 60 años a hacerlo a los 65, mientras que los varones extenderían su actividad laboral hasta los 68 o incluso 70. Además, se elevaría de 30 a 35 años la cantidad de aportes requeridos para acceder a una jubilación plena.

El esquema propuesto incluye también la implementación de un sistema de capitalización individual —un eco de las AFJP desmanteladas en 2008— que conviviría con el actual régimen de reparto. De prosperar, esta reconfiguración implicaría una transferencia del riesgo previsional hacia el individuo, debilitando el principio de solidaridad intergeneracional que hoy rige el sistema.

Privatizaciones: vuelta al futuro

En línea con los postulados libertarios del oficialismo, el Fondo reclama la publicación de un informe sobre las empresas estatales y un cronograma concreto para su privatización. Aunque Milei ya ha manifestado su voluntad de avanzar en esa dirección, los avances han sido escasos, en parte por las resistencias sociales y parlamentarias. Esta nueva exigencia del organismo internacional pone presión sobre el gobierno para acelerar el desmantelamiento del aparato estatal.

La historia reciente de las privatizaciones en Argentina ofrece múltiples ejemplos de procesos que, lejos de mejorar servicios o reducir costos, provocaron concentración económica, pérdida de control estratégico y deterioro en la calidad de atención.

Un acuerdo que perpetúa la dependencia

Aunque el gobierno celebra el superávit fiscal como un logro de gestión, los efectos colaterales del ajuste comienzan a sentirse en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales. Lejos de ser una política de estabilización transitoria, el nuevo acuerdo con el Fondo blinda una orientación de largo plazo que prioriza la austeridad por sobre el desarrollo inclusivo.

Las palabras de Georgieva fueron claras: “El programa se centra en reforzar la calidad del ancla fiscal y garantizar el espacio necesario para asistencia social prioritaria e inversión en infraestructura”. Sin embargo, lo que se plantea como una estrategia técnica para ordenar las cuentas públicas conlleva consecuencias sociales de una magnitud difícil de cuantificar.

Un déjà vu con sello nuevo

La historia argentina con el FMI está marcada por promesas de estabilidad que muchas veces desembocaron en crisis. Este nuevo capítulo suma una paradoja: un gobierno que se jacta de su independencia ideológica se compromete con medidas dictadas por una institución que opera como árbitro global del dogma neoliberal.

En nombre del equilibrio fiscal, se avanza sobre derechos adquiridos, mientras se consolida un modelo económico que favorece a los sectores concentrados. El relato de la “libertad económica” parece convertirse, en los hechos, en una forma sofisticada de dependencia externa.