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La encuesta de Zuban Córdoba, que se realizó en todo el país a principio de octubre, reveló el deterioro de la imagen de Milei desde abril hasta el décimo mes del año, que pasó de 52,5% a 58,6% negativa; mientras que la positiva cayó de 47,2% a 40,3%.

El mandatario decidió enfrentarse a las universidades públicas, una de las instituciones más creíbles de la sociedad argentina, y esto impulsó su debilitamiento público, pese a la baja de la inflación y la estabilidad en los mercados cambiarios.

Según los expertos que realizaron la encuesta, «pocos temas han generado tanta sensibilidad en la opinión pública como las universidades en la era Milei». Además, remarcaron que «el consenso es mayoritario y contundente: el 99% cree que la educación es la herramienta para crecer como país».

El estudio reveló que el 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.

En este marco, remarcaron que los encuadres del discurso oficial son importantes: ‘la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas’, ‘el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos’, han mostrado que la reacción pública impacta en el tono del presidente, aunque no parece tener intención de dar marcha atrás en la cuestión del financiamiento.

En este sentido, plantearon: «¿Será este el talón de Aquiles de Milei? Los intentos por bajarle el tono a la protesta no dispersaron a la comunidad universitaria, que sigue en el reclamo por el déficit en el financiamiento” y “es difícil imaginar réditos concretos para el Gobierno en esta crisis», destacaron.

«Al contrario, los intentos prematuros para clausurar el proceso de crisis de estos días demuestran que hay una situación de incomodidad de la que los actores oficiales no saben muy bien cómo salir. Es difícil cambiar de dirección luego de hacer una apuesta política arriesgada», agregaron.

«La conclusión inevitable de nuestro estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso. Es un error que suele generar profundos procesos de desgaste y que dejan a las gestiones en posiciones de debilidad», cerró.

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La CGT se prepara para la lucha: No permitiremos que se acaben las paritarias libres

El flamante conductor de la CGT Octavio Arguello se quejó del techo salarial que intenta imponer la gestión libertaria, que traba la discusión de Camioneros y otras organizaciones y sectores. La idea del Ministerio de Economía es mantener los aumentos hasta el 1 por ciento. El reciente triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores Camioneros, Octavio Argüello, sostuvo que el conflicto salarial que atraviesa su sector muestra la intención del Gobierno nacional para terminar con las “paritarias libres”. Además, confirmó que seguirán acatando la conciliación.

Tras la salida de Pablo Moyano, que calificó de “tibios” a los integrantes de la mesa chica de la central obrera, el referente de Camioneros consideró que “es un lugar en el que hay que dialogar y ponerse de acuerdo”, como así también, reconoció que “hay muchas preguntas y pocas respuestas”. El gobierno redobló sus esfuerzos para tratar de que los aumentos salariales del primer bimestre de 2025 acompañen la baja inflacionaria prevista. “Nada por encima del 1 por ciento” es la consigna del Ministerio de Economía, con el fantasma de la no homologación de los acuerdos como telón de fondo. La pauta salarial de Luis Caputo mantiene trabadas las negociaciones del Sindicato de Camioneros para el trimestre diciembre-febrero y dejó sin homologar el incremento del 11,4 por ciento firmado por la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para el período octubre-diciembre, que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero ahora buscan reformular.

Sin paro a la vista

En una entrevista televisiva, el sindicalista ratificó sus dichos sobre que “no hay clima social para un paro general de la CGT” y apuntó que “hicimos varias medidas después del paro general que no han tenido las repercusiones que hubiéramos querido”. “Hemos tenido fines de año con manifestaciones en los supermercados y este diciembre no tuvo nada”, agregó. Sin embargo, Argüello advirtió que “si esto se profundiza va a terminar en un gran plan de lucha” ya que “terminar con las paritarias libres es uno objetivos de este gobierno”. “La CGT debería acompañar los diferentes reclamos de los gremios”, comentó, en referencia a la ausencia de la central en varias de las últimas protestas.

Dialoguistas

Por su parte, respondió a las críticas que se le han formulado a la central por reunirse con funcionarios del Gabinete de Javier Milei: “Sentarse en una mesa de dialogo no es claudicar en los derechos”. “Como movimiento obrero no tenemos espacio político para canalizar nuestras demandas”, manifestó.

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Desafíos y oportunidades en el comercio sanjuanino, según Mirna Moral

En diálogo con Mundo Laboral, la Secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia, Mirna Moral, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual del sector comercial en 2024. A lo largo de la entrevista, se abordaron temas diversos como la pérdida de empleos, la crisis salarial y los desafíos en torno a la implementación de bonos de fin de año para los trabajadores.

Moral destacó que este periodo fue un año especialmente complejo para el comercio en San Juan. Aunque la inflación ya había afectado al sector en 2023, durante este lapso se vivieron las consecuencias más severas, incluyendo despidos masivos. Aproximadamente 250 familias perdieron sus empleos en blanco, lo que representa un desafío importante, especialmente para aquellos mayores de 40 años, quienes afrontan mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

En cuanto a los salarios, Moral subrayó que pese a las paritarias gestionadas en Buenos Aires por la FAECYS, los incrementos obtenidos no alcanzaron a satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Aunque nominalmente los sueldos superan el millón de pesos, tras los descuentos legales (jubilación, obra social, aportes sindicales), los ingresos netos colocan a los empleados de comercio por debajo de la línea de pobreza. Según Moral, una familia tipo necesita superar esa cifra en el bolsillo para cubrir sus gastos mensuales.

Otro tema crítico fue el bono de fin de año, que no es obligatorio para los empleadores. Mirna Moral explicó que este bono busca compensar las horas adicionales trabajadas, especialmente durante horarios extendidos en la temporada navideña. Sin embargo, no todas las empresas lo otorgan, y aquellas que lo hacen presentan diferencias notorias.

Hipermercados nacionales como Carrefour y Makro ofrecen bonos entre $120,000 y $140,000, mayormente en forma de tarjetas de consumo. Supermercados locales entregaron canastas navideñas de alto valor, aunque con menor alcance. Pequeñas empresas y tercerizadas, como las de servicios de limpieza, enfrentan mayores dificultades para proporcionar beneficios adicionales.

Reconocimiento y Desafíos Pendientes

La titular del sindicato de comercio destacó el esfuerzo de los empleados del rubro que, pese a las adversidades, continúan sosteniendo al sector. En particular, valoró la actitud de algunas empresas que reconocen el esfuerzo de sus trabajadores mediante beneficios significativos. Sin embargo, señaló la necesidad de avanzar en la regulación del pago por horas extras y de establecer un bono obligatorio que reconozca el aporte constante de los empleados.

La dirigente sindical concluyó con una reflexión sobre el futuro del comercio en San Juan. Según Moral, es imperativo continuar luchando por condiciones laborales dignas y equitativas, ajustándose a las realidades económicas del país. La colaboración entre sindicatos, empleadores y el Estado será esencial para garantizar un sector comercial más justo y sostenible.

Este balance no solo expone los desafíos enfrentados, sino también las oportunidades para generar un cambio positivo que beneficie tanto a los trabajadores como al desarrollo económico de la provincia.

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La CGT presiona al Gobierno para que tome medidas urgentes y evite el colapso financiero de las obras sociales sindicales

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó sus reclamos al Gobierno nacional, exigiendo medidas inmediatas para frenar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, que afecta el acceso a servicios médicos de más de 15 millones de argentinos. Este sistema, que representa el 33,6% de la población, atraviesa una crisis económica derivada de aportes insuficientes y el creciente costo de las prestaciones médicas.

La CGT señaló la problemática del sistema solidario de salud, que se agrava por la obligación de brindar las mismas prestaciones a sectores cuyos aportes mensuales son significativamente menores. Los monotributistas, desempleados y personal de servicio doméstico aportan menos de $14.000 mensuales, mientras que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $45.000 mensuales.

Propuestas para Aliviar la Crisis

En agosto, la CGT presentó un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, con propuestas concretas para aliviar la crisis del sistema. Entre las iniciativas destacadas se incluyen:

  • Reemplazar el PMO actual por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE).
  • Incrementar los aportes del personal de servicio doméstico y de los monotributistas.
  • Ajustar los reintegros del PAMI para que estén en línea con el promedio per cápita que maneja el instituto.
  • Transferir la atención de los monotributistas sociales a los efectores públicos de salud, destinando los recursos directamente a hospitales y centros de salud.
  • Crear un fondo para cubrir tecnologías médicas de alto costo.
  • Establecer que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las carteras correspondientes y no por el Fondo Solidario de Redistribución.

La CGT advirtió en numerosas ocasiones que, de no tomarse medidas inmediatas, el sistema de obras sociales podría enfrentar un colapso financiero que comprometería el derecho a la salud de millones de argentinos. Es fundamental que el Gobierno brinde respuestas concretas y urgentes para evitar esta crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema.

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