El Gobierno nacional se prepara para impulsar un nuevo proyecto de reforma laboral en 2025, que ya genera preocupación en la CGT. La iniciativa, que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, busca impulsar el crecimiento de las empresas y potenciar exportaciones, pero también genera temores sobre la pérdida de derechos laborales.

El proyecto, denominado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue presentado por la diputada Romina Diez y propone cambios significativos en la legislación laboral. Entre los puntos más relevantes, se destaca la posibilidad de que los trabajadores renuncien a beneficios acordados por encima de la ley o convenios colectivos, y la flexibilización de vacaciones y condiciones de trabajo.

El Gobierno asegura que el plan es beneficioso para todos, especialmente para los trabajadores y la generación de empleo. Sin embargo, la CGT ya manifestó su rechazo, señalando que podría significar una pérdida de derechos laborales históricos.

La reforma laboral se posiciona como uno de los temas más sensibles y polémicos de la agenda política y sindical de este año. El proyecto podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde la CGT teme que esta reforma diluya derechos laborales fundamentales.

En este sentido, es fundamental que se abra un debate amplio y transparente sobre los alcances y consecuencias de esta reforma, para asegurar que se protejan los derechos laborales y se promueva el crecimiento económico.

En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó un 30%, alcanzando niveles inferiores a los de 2001, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . Este deterioro se suma a la pérdida de 183.000 puestos de trabajo en el empleo asalariado formal desde noviembre de 2023.

El informe, elaborado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, detalla que la caída del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en términos reales fue del 2,4% en noviembre, superando el descenso de 1,3% registrado en octubre. Esto se debe al congelamiento del salario mínimo frente a una inflación creciente.

La situación es aún más crítica cuando se considera que el SMVM en términos reales está por debajo del nivel observado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y representa un 61% menos que su pico histórico en septiembre de 2011.

En cuanto al empleo asalariado formal, el informe señala que se perdieron 183.000 puestos de trabajo (-2%) desde noviembre de 2023, pese a leves incrementos registrados en agosto y septiembre de 2024. Esto refleja la combinación de un mercado laboral debilitado y una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El gobierno decidió incrementar el salario mínimo a $279.718 mediante la Resolución 17/2024, publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, este aumento del 5,5% respecto de octubre no fue suficiente para contrarrestar la inflación acumulada, lo que profundizó el deterioro del poder adquisitivo.

Iván Maya, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), compartió un análisis profundo sobre el panorama minero en el país. Resaltó la amplitud de este sector en la provincia de San Juan, dividiéndolo en dos realidades principales: la minería metalífera y la de segunda y tercera categoría, como la cementera, la molienda de minerales y la minería extractiva.

Maya señaló que este último segmento enfrenta una crisis debido a la paralización de la obra pública, la cual absorbe entre el 60% y 70% de su producción. Sin proyectos en marcha, el sector está en caída. Por otro lado, destacó las expectativas generadas en torno al desarrollo del cobre, que podrían materializarse en los próximos años.

El impacto del RIGI

Respecto al Régimen de Incentivo a las Inversiones Mineras (RIGI), Maya expresó su desacuerdo. Consideró que las condiciones otorgadas a las empresas extranjeras eran excesivas y podían desfavorecer a los proveedores locales en un contexto económico adverso. Argumentó que, aunque el régimen ya es un hecho, su implementación podría dificultar la competitividad de los servicios locales frente a los costos de la región.

Paritarias y retos laborales

En el ámbito económico, Maya explicó que, aunque las paritarias en la minería metalífera están cubiertas hasta enero, los sectores de segunda y tercera categoría enfrentan grandes dificultades. Empresas como las de Calipiedra no han podido acordar paritarias debido a la inestabilidad financiera. En años anteriores, los acuerdos salariales habían superado la inflación, pero la situación actual es menos favorable.

Desafíos hacia 2025

Maya enfatizó los retos venideros, especialmente con la posible consolidación de proyectos de cobre. El sector laboral deberá adaptarse rápidamente a nuevas realidades operativas, marcadas por tecnologías avanzadas y el uso creciente de la inteligencia artificial. Este ajuste será clave para mantenerse competitivo y relevante en el mercado global.