La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó sus reclamos al Gobierno nacional, exigiendo medidas inmediatas para frenar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, que afecta el acceso a servicios médicos de más de 15 millones de argentinos. Este sistema, que representa el 33,6% de la población, atraviesa una crisis económica derivada de aportes insuficientes y el creciente costo de las prestaciones médicas.

La CGT señaló la problemática del sistema solidario de salud, que se agrava por la obligación de brindar las mismas prestaciones a sectores cuyos aportes mensuales son significativamente menores. Los monotributistas, desempleados y personal de servicio doméstico aportan menos de $14.000 mensuales, mientras que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $45.000 mensuales.

Propuestas para Aliviar la Crisis

En agosto, la CGT presentó un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, con propuestas concretas para aliviar la crisis del sistema. Entre las iniciativas destacadas se incluyen:

• Reemplazar el PMO actual por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE).
• Incrementar los aportes del personal de servicio doméstico y de los monotributistas.
• Ajustar los reintegros del PAMI para que estén en línea con el promedio per cápita que maneja el instituto.
• Transferir la atención de los monotributistas sociales a los efectores públicos de salud, destinando los recursos directamente a hospitales y centros de salud.
• Crear un fondo para cubrir tecnologías médicas de alto costo.
• Establecer que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las carteras correspondientes y no por el Fondo Solidario de Redistribución.

La CGT advirtió en numerosas ocasiones que, de no tomarse medidas inmediatas, el sistema de obras sociales podría enfrentar un colapso financiero que comprometería el derecho a la salud de millones de argentinos. Es fundamental que el Gobierno brinde respuestas concretas y urgentes para evitar esta crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza ante la inminente expiración de 50.000 contratos en la administración pública nacional. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que «el 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado» y reclamó por la renovación automática de los contratos y una recomposición salarial de emergencia.

En el marco de la política de ajuste del Gobierno, el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, implementó exámenes de idoneidad para los empleados públicos. Aunque el 95% de los que rindieron aprobaron en el primer intento, la aprobación no garantiza la renovación de los contratos. Según el Ejecutivo, la evaluación es solo un requisito obligatorio, y la renovación se definirá según «parámetros usuales».

La situación es crítica, ya que en los primeros 10 meses de 2024 se eliminaron 23.457 puestos laborales en la administración pública nacional. La dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre, lo que representa una reducción del 10,48% del total de la planta.

En este contexto, Aguiar lanzó una dura advertencia: «Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle». La ATE se moviliza para defender los puestos de trabajo y los derechos de los empleados públicos, mientras que el Gobierno busca avanzar con su plan de reducción de gastos.

La tensión es palpable, y el futuro de los 50.000 contratos en juego es incierto. La decisión del Gobierno de renovar o no los contratos será crucial para determinar el rumbo de la administración pública nacional.

La Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció que alcanzó un acuerdo para el pago en diciembre de un bono de 50 mil pesos para los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, pero la medida es insuficiente para resolver la crisis salarial que atraviesa el sector»

La entidad sindical logró un acuerdo para el pago en diciembre de un bono de 50 mil pesos para los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, pero la medida es insuficiente para resolver la crisis salarial que atraviesa el sector. El bono, que se suma al 1% de aumento decretado por el Gobierno nacional, no es suficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores nodocentes en los últimos años.

La FATUN ha venido denunciando la crisis salarial que atraviesa el sector, y ha solicitado un aumento salarial que permita a los trabajadores nodocentes recuperar el poder adquisitivo perdido. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional no resuelve esta crisis, y deja a los trabajadores nodocentes en una situación de incertidumbre y precariedad.